Díaz Ferrán, condenado a 2 años de cárcel, firmó con UGT y CCOO Un acuerdo que ha afectado a más de 12 millones de trabajadores/as.
En 2010, Toxo y Méndez estrechaban lazos con Díaz Ferrán firmando un acuerdo que afectaba a 12 millones de trabajadores/as en el que los Agentes Sociales deberían lograr una mayor flexibilidad laboral y avanzar en temas como la reducción del absentismo o el trabajo a tiempo parcial.
En junio de ese mismo año, Díaz Ferrán afirmó que nunca se podían demostrar las causas económicas de los despidos objetivos por lo que el 80% eran improcedentes. Un mes más tarde Viajes Marsans presentaba un ERE contra mil trabajadores/as que el Comité de Empresa calificaría de “noticia anunciada”.
Mientras Díaz Ferran era aplaudido por los vicepresidentes de la patronal y cuando los/as trabajadores/as de Air Comet se manifestaban coreando lemas como “Trabajar sin cobrar es la reforma laboral”, el presidente de la CEOE habría afirmado “Yo no hubiera elegido Air
Comet para volar a ningún sitio” (23/12/2009).
En este contexto, CCOO/UGT pactaban con un socio de organización criminal (lo dice una Sentencia), quien fue condenado por apropiación indebida de casi cuatro millones y medio de euros, confesándose culpable para rebajar quince años de prisión por cinco y medio, a cambio de ofrecer su cabeza y el paradero de 20 millones de euros.
Repasando algunas de las más famosas frases del presidente de la CEOE, resulta difícil entender qué defensa obrera perseguía CCOO/UGT con el presidente de la Patronal, pues en 2010, según Toxo y Méndez, se abordaban materias “sumamente trascendentes” para acometer las transformaciones necesarias en flexibilidad laboral a fin de conservar los puestos de trabajo – afirmando que el consenso con la Patronal demostraba que podían trabajar unidos contra la crisis.
Entre 2010 y 2013 el engendro bipolar CCOO/UGT aplicó la reforma laboral en casi todas las regiones para despedir a más de mil trabajadores/as (En Galiza 45, en Cantrabria 35, en Navarra 39, en Canarias 40, en Extremadura 50, en Valencia 57, en Madrid 100, en Castilla y León 110, en Fundescan 160, en Aragón 168, en Andalucía 238 y en Catalunya 265) siendo en su mayor parte por razones objetivas, con indemnizaciones de 20 días por año trabajado y para un límite de 12 meses – todo ello sin siquiera recurrir a las medidas de flexibilidad interna que predicaron defender para evitar tan dràsticas acciones. Pero además, en el ERE madrileño de 2013 se prescindió de 35 trabajadores/as previa amenaza de abonar sólo 20 días por año trabajado si acudían a los tribunales – dando opción a indemnizar con 35 días por año y hasta 15 meses en caso de conformidad.
A finales de 2013 se destinaron 45,84 millones de euros para CCOO/UGT y unos 7,46 millones para la Patronal. En Enero de 2014 y tras la orden de registro contra UGT por el escándalo de los cursos de formación, la Comisión Europea anunciaba que investigaría a UGT por presunto fraude en la financiación de los cursos de formación, que no obstante e incluso en esta situación y en ese mismo mes, el Ministerio de Empleo de Fátima Báñez concedió unos 53 millones para los programas de formación. Además, en 2014, se aportaron nuevamente 8,05 millones para CCOO/UGT.
Medios Internacionales acusaron a estos Sindicatos de defender el ‘status quo’, de perjudicar la ocupación y de obstaculizar la creación de empleo. La aprobación de la reforma laboral y los escándalos de corrupción dañó la imagen del Sindicalismo causando la tercera mayor caída en afiliación de toda Europa.
La existencia de Sindicatos Subvencionados roza la incompatibilidad con el derecho de libre afiliación al sindicato que cualquier trabajador/a elija y los/as afiliados/as de los Sindicatos Subvencionados comienzan a ser conscientes de estar cotizando doblemente por su afiliación: primero con sus impuestos y además con sus cotizaciones mensuales.
Quienes rechazamos la Financiación de los Sindicatos Institucionalizados, radicalizamos posturas tras el constante daño causado al verdadero sindicalismo activo, más aún, cuando los sindicatos de concertación continúan siendo financiados con nuestros impuestos sin nuestro consentimiento, y todavía más, cuando ese Sindicalismo Pactista actúa contra los intereses de la clase obrera y obstaculiza la práctica efectiva de un verdadero y más que eficaz sindicalismo de ruptura.
Fuentes:
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Federación Local de Valencia
Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
