Vagos y maleantes

COLUMNISTAS | MONCHO ALPUENTE

Este gobierno de vagos y maleantes, de peligrosos sociales y
bárbaros aniquiladores de derechos y libertades, acosado en calles y plazas por
amplios sectores de la sociedad, no ha tenido más remedio que recurrir a métodos
de dudosa ortodoxia democrática para defenderse y defender a esa mayoría
silenciosa de los que no tienen nada que decir, callan y otorgan, acatan y
asumen, para apoyar a esos ciudadanos que se resignan, o se benefician de la
situación, sus valedores, su sostén.

Esa mayoría sumisa está encabezada por los
beneficiarios, políticos, empresarios, banqueros, financieros, policías y
ladrones de guante blanco y corazón negro que siempre prefirieron la injusticia
al desorden. Para ellos y contra nosotros ese gobierno prepara una nueva ley
para reprimir a los desordenados y a los revoltosos que se atrevan a profanar
la letárgica calma en la que vivimos anestesiados. Con este nuevo reglamento,
nuestros gobernantes nos están diciendo que, no solo seguirán haciendo lo que
les viene en gana sino que además no quieren ni oírnos, ni vernos, que hartos
de escuchar nuestras quejas y protestas quieren acallarlas con  multas, sanciones y prisiones para los que
levanten la voz y rompan el silencio mayoritario. Vivimos al parecer un momento
excepcional y esto requiere medidas excepcionales, un estado de excepción
permanente al peor estilo franquista, un paréntesis sin fecha de caducidad que
durará hasta que se rompan todas las mareas y las aguas vuelvan a su cauce.

Multas de hasta 600.000 euros por convocar
manifestaciones, multas para los que “menoscaban” a nuestros policías o acosan
a nuestros políticos a la puerta de sus domicilios, sus sedes, sus despachos o
sus parlamentos e instituciones. Con una pequeña aportación involuntaria de
cada manifestante o discrepante, la economía nacional experimentaría un empuje
hacia arriba equivalente a la masa disidente desalojada. Las viejas leyes de vagos y maleantes o de peligrosidad
social, incluso la ley Corcuera, solo han sido precedentes de la que se
avecina. Una mirada de odio o de desprecio a un policía en acto de servicio
podría costarle al mirón 500 euros, llevar una capucha en una manifestación sin
ser un policía camuflado y aunque caigan chuzos de punta también será
sancionado. A manifestarse a la Casa de Campo y cuidado con causar destrozos
medioambientales. No seamos bárbaros respetemos la paz de los cementerios donde
reposan nuestros muertos vivientes.