Los diversos protocolos de seguridad que se llevan años gestando (con mayor celeridad tras el trágico accidente de Angrois) que han finalizado con la creación del nuevo reglamento de circulación asumido por el administrador estatal de la infraestructura ferroviaria (ADIF), no han servido para regular un ramo que ha sido utilizado “en el mejor de los casos” por el estado y sobre todo por las empresas constructoras como colchón ante la crisis.
Las numerosas denuncias realizadas por sindicatos o trabajadores se encuentran con la negativa de considerar las diversas funciones que realizamos dentro del sector del ferrocarril. En cambio no tienen el menor problema los juzgados y las empresas en englobar a la mayoría de los trabajadores de nuestro colectivo en el convenio de la construcción (mucho más bajo que otros aplicables), que no regula ningún concepto social y laboral del trabajo que realizamos.
A esto hay que unir la negativa total de las empresas a negociar con la representación sindical ningún concepto para equiparar a los trabajadores de la empresa privada con los de la pública, la total negativa a negociar unos horarios que concilien la vida laboral y familiar, la total negativa de que los trabajadores tengan promoción interna, la total negativa a introducir mejoras económicas. Sin olvidar la distinta remuneración entre trabajadores con la misma categoría que supone una discriminación evidente de unos trabajadores sobre otros. Todo esto ocurre mientras cambian continuamente las condiciones laborales de los trabajadores.
No solo eso, sino que se empuja a realizar jornadas ilegales que en muchos lugares no son ni remuneradas (ya que nuestros servicios se prestan las 24h del día los 365 días del año), se empuja con esto a poner en riesgo la integridad de los trabajadores y usuarios del tren al no dar la posibilidad de los descansos que señalan la leyes laborales.
Vemos a diario también como los órganos de control de la seguridad de la empresa pública (Puesto de mando, Centro de Seguridad…) no prohíben la entrada a trabajadores que ya han cumplido la jornada o se han pasado de horas extras anuales, no entendemos como dejan entrar en las vías a personas que doblan jornadas, no entendemos como el estado no vigila los cuadrantes reales de estos mantenimientos que impiden la contratación de más personal y que ponen en riesgo a los que allí trabajan. Toda la parafernalia de seguridad se hace de cara a la galería.
La privatización de la alta velocidad no solo ha traído precariedad a las plantillas de las subcontratas que realizan las labores de mantenimiento, no solo ha sido utilizada como enganche para dar trabajo a familiares y amigos sin necesidad de oposición publica, sino que sienta las bases para la destrucción del ferrocarril convencional, mucho más vertebrador del territorio, rentable y social que la panacea de progreso y modernidad que nos vende el estado con su nuevo modelo de transporte férreo.
Llamamos a todos los trabajadores del ámbito del ferrocarril a que se organicen para defender sus derechos, que pasan por la negociación de un convenio global aplicable a todos los mantenimientos. Un convenio que sea comparable al de la empresa raíz y que asegure laboral y económicamente la vida de los trabajadores y de sus familias. CNT tiene abiertas las puertas de sus sindicatos para este fin y animamos a todos los compañeros a que (como hicimos hace dos años en el mantenimiento Madrid-Valladolid) pasen a la acción y apliquen la solidaridad de clase, pues es la única forma de conseguir de una manera horizontal los derechos que todos los días nos están vulnerando.
Secretaria de acción sindical en la UTE base de mantenimiento Olmedo, Febrero 2017.
utebaseolmedo@valladolid.cnt.es
