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Desvelando las negociaciones
secretas entre la UE y EEUU para el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), un nuevo acuerdo que profundiza en el ataque a nuestros derechos donde los servicios
públicos y los derechos laborales son algunos de los objetivos a liquidar.
@tomkucharz | Periódico CNT
Crece la oposición de
organizaciones campesinas, sociales y ecologistas así como sindicatos de varios
países europeos y de EEUU a un peligroso tratado que generaría más desempleo y
supondría un ataque sin precedentes a los derechos sociales y la democracia,
privatizando aún más los servicios públicos, como la salud y el agua. Además,
las negociaciones tienen como objetivo bajar los salarios y eliminar los
niveles de protección todavía existentes en amplias áreas, como en la salud
pública, el medioambiente, los derechos laborales y la seguridad de los
alimentos.
El Tratado Transatlántico de
Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) es un ambicioso ajuste legislativo que se
está negociando actualmente entre la Comisión Europea (en nombre de los Estados
miembros de la Unión Europea) y el Gobierno de los Estados Unidos. Las normas
que están preparando afectarían a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.
Modificarían y condicionarían negativamente un gran porcentaje de leyes
europeas, nacionales e –incluso- locales, avasallando los –ya de por sí muy
maltratados- derechos humanos universales. Dicho tratado no tendría un carácter
realmente comercial, dado que los aranceles entre la UE y los EEUU ya son
generalmente muy bajos (menos del 5%), sino que tiene que ver sobre todo con la
desregulación, la “protección” de la inversión y fortalecer la impunidad de las
empresas con la que violan los derechos de las personas. Los poderes políticos
y económicos hegemónicos pretenden eliminar “obstáculos burocráticos
innecesarios” para facilitar el acceso a los mercados a las grandes
corporaciones de ambas orillas del Atlántico y para ayudar al gran capital a
incrementar sus beneficios económicos. Se trataría de adaptar los
estándares laborales, ambientales y de salud para las personas a las
necesidades corporativas.
La evidencia que se desprende de las
posiciones de la industria, las patronales y el capital financiero en sus
documentos internos o en sus declaraciones a los medios de comunicación revela
que el énfasis puesto en las “barreras no
arancelarias” y la “convergencia de
las regulaciones” se está utilizando para promover la eliminación de
derechos sociales, laborales y ambientales, aumentar las garantías de la
inversión, aplicar unos derechos de propiedad intelectual que favorecen los
monopolios, y –en general- un feroz ataque a las clases bajas de la sociedad.
El análisis de los movimientos sociales sobre las negociaciones del tratado transatlántico
sugiere que el TTIP constituye una amenaza para muchos de los derechos
adquiridos mediante largas luchas sociales y democráticas, y que todavía no han
sido arrasados por el golpe de estado financiero, las políticas de recortes del
PP y PSOE y de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo
Monetario Internacional).
Las negociaciones están teniendo lugar a
puerta cerrada, a espaldas de las mayorías sociales de la población. Ni los
parlamentos nacionales o el Parlamento Europeo, ni siquiera los gobiernos de
los Estados miembros de la UE (como hemos sabido a raíz de las recientes quejas
de los gobiernos de Alemania y el Reino Unido) están informados de los detalles
de los textos de negociación de la Comisión Europea – pero los escasos datos
que se han publicado – o filtrado – nos generan una gran preocupación.
Un poco de historia
Aunque las negociaciones
comenzaron oficialmente en julio del 2013, el “sueño transatlántico” de las
élites es mucho más antiguo. El Consejo Atlántico, un grupo de lobby
constituido en 1961 por el ex secretario de Estado de EE.UU. Dean Acheson,
publicó en 1967 el libro titulado Hacia
un mercado americano-europeo: la planificación de la década de 1970. Entre
los miembro del Consejo Atlántico están ex responsables de la política exterior
de los EEUU, como Henry Kissinger, Madeleine Albright, Colin Powell y
Condoleezza Rice junto con ejecutivos de corporaciones y ultra conservadores
como José María Aznar.
Muchos años más tarde, en 1995
durante una conferencia en Sevilla, el Departamento de Comercio de EEUU y la
Comisión Europea impulsaron la creación del Diálogo Empresarial Transatlántico
(Transatlantic Business Dialogue -TABD) y que sirvió como “instrumento a los
responsables del mundo de los negocios, a ambos lados del Océano Atlántico,
para identificar las preocupaciones principales en las relaciones comerciales e
industriales entre los EEUU y la UE (…) e indicar las medidas que podrían
llevarse a cabo para reducir los costes a la hora de formalizar contratos e
incentivar las inversiones, tanto a ambos lados del Atlántico como con los
terceros países”.
En la Cumbre UE-Estados Unidos,
el 30 de abril de 2007, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Barroso, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de EE.UU. George W.
Bush firmaron el «Marco para la integración económica transatlántica entre
EEUU y la UE”. Crearon así el Consejo Económico Transatlántico, un órgano
político para “supervisar y acelerar la cooperación de gobierno a gobierno” con
el objetivo de “eliminar barreras al comercio y la inversión y armonizar
legislaciones”.
En noviembre de 2011, durante la
cumbre UE-EEUU, el Consejo Económico Transatlántico creó el Grupo de Trabajo de
Alto Nivel sobre Empleos y Crecimiento, encabezado por el Representante
Comercial de EE.UU., Ron Kirk, y el comisario europeo de Comercio, Karel De
Gucht, quien –por cierto- está investigado por defraudar 900.000 euros a las
autoridades fiscales belgas antes de convertirse en comisario en 2009, con la
tarea de “identificar políticas y medidas para incrementar el comercio y la
inversión” entre ambas regiones y anunció su intención de “consultar” el sector
privado sobre el proceso de integración transatlántica. La Comisión Europea
trató de ocultar la lista de personas que integraban el grupo y qué insumos
recibía de asociaciones empresariales.
El Diálogo Empresarial
Transatlántico ha sido una de las primeras asociaciones empresariales que apoyó
la creación del Grupo de Trabajo de Alto Nivel. En enero de 2012, el TABD se
reunió con funcionarios de máximo nivel de la UE y EEUU en el Foro Económico
Mundial de Davos y lanzó su informe Visiones
sobre el futuro de las relaciones económicas UE-EEUU que pretendió
establecer el consenso para “presionar a favor de acciones urgentes de cara a
una agenda visionaria y ambiciosa” y la creación de una “fuerza especial”
compuesto por ejecutivos que provee “insumos directos y apoye al Grupo de
Trabajo de Alto Nivel”.
A principios de 2013, el Diálogo
Empresarial Transatlántico se fusionó con el Consejo Empresarial
Europeo-Américano (fundado en 1989) para convertirse en el Consejo Empresarial
Transatlántico, una estructura formada por ejecutivos de grandes corporaciones
que tienen «reuniones semestrales con los secretarios del Gabinete del
presidente de los Estados Unidos y miembros de la Comisión Europea (en Davos y
en otros lugares) y que interviene como asesor comercial del Consejo Económico
Transatlántico. Representa cerca de 70 grandes empresas, entre ellas: AIG,
AT&T, BASF, BP, Deutsche Bank, EADS, ENI, Ford, General Electric, IBM,
Intel, Merck, Pfizer, Siemens, Total, Verizon, y Xerox, entre otros. En la
página web del Consejo Empresarial Transatlántico se publicitan los estudios de
instituciones como el Consejo Altántico, Bertelsmann Foundation, Brookings
Institution, Center for Transatlantic Relations, Chatham House, the German
Marshall Fund y el Peterson Institute for International Relations. Demasiadas
coincidencias con los 18 centros de investigación en EEUU a los que en 2014 se
han concedido subvenciones por la Delegación de la Unión Europea en Washington para
“promover la cooperación transatlántica”.
En junio del 2013, el Consejo de
la UE (los 28 gobiernos) aprobaron el mandato –secreto- con el que la Comisión
Europea está negociando el TTIP. También el Parlamento Europea aprobó por
mayoría y con los votos del PSOE y el PP, una resolución a favor de las
negociaciones que comenzaron oficialmente en julio del mismo año. La quinta
ronda tendrá lugar en EEUU del 19 al 23 de mayo.
¿Quiénes impulsan las negociaciones?
El impulso para negociar la
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión fue proporcionada por una
gran cantidad de centros académicos, fundaciones controladas por las
corporaciones transnacionales y asociaciones empresariales, incluyendo el
Consejo Atlántico, el Instituto Brookings, el Fondo Alemán Marshall,
BusinessEurope, Business Roundtable, la Cámara de Comercio de EE.UU., y la Mesa
Redonda Europea de Industriales, entre otros. Estas instituciones forman un complejo
corporativo transatlántico, uniendo a las élites de las mayores empresas,
bancos, laboratorios de ideas, el sector académico, medios de comunicación y
círculos políticos con el fin de establecer un consenso sobre la agenda
política y económica dominante entre ambas regiones del mundo.
Bruselas, sede de la Unión
Europea, y Washington con la Casa Blanca y el congreso de los EEUU, son de las
mayores concentraciones de poder político en el mundo. Muchas instituciones
clave se encuentran situadas en ambas ciudades, así como miles de oficinas que
albergan a complejos entramados de poder que influyen en la toma de decisiones
y legislaciones. No es ninguna novedad que los profesionales representantes de
sectores industriales, financieros y empresariales tienen un acceso
privilegiado a las instituciones públicas orientando su hacer diario, las
regulaciones y el destino de los recursos públicos en su beneficio. Pero no
sería exagerado decir que el capital transnacional nunca ha estado tan
involucrado en una negociación comercial como en el caso del Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversiones. Lo que supone una verdadera expansión
y consolidación del poder corporativo. También aumenta el poder de la Comisión
Europea que persigue privilegios para inversores y mecanismos legales – como el
arbitraje internacional – para hacer valer los derechos del capital privado por
encima de los derechos humanos.
En respuesta a una petición de
acceso a documentos públicos solicitado por la ONG Corporate Europe
Observatory, la Comisión Europea ha tenido que publicar una lista de 130
reuniones con las partes interesadas sobre las negociaciones comerciales
UE-EE.UU. Más del 93% de las reuniones de la Comisión durante los preparativos
de las negociaciones fueron con las grandes empresas. Asociaciones industriales
que van desde la Cámara de Comercio de EE.UU. a los fabricantes de automóviles,
compañías navieras, empresas químicas y farmacéuticas se les dio la oportunidad
de presentar sus listas de avaricias para este tratado comercial.
Al igual que con otros tratados
de «libre comercio», las corporaciones son consultadas durante todo
el proceso negociador para moldear la agenda y precisar políticas específicas,
asegurando que se satisfacen sus intereses. Fundaciones políticas y centros de
pensamiento emplean académicos y las élites de la política exterior para llevar
a cabo estudios y elaborar informes que abogan por – curiosamente – las mismas
políticas que los despachos gubernamentales de Bruselas y Washington. Una vez
que los centros de investigación comienzan a establecer un consenso sobre
agendas, académicos y otros funcionarios de las organizaciones escriben
artículos o son entrevistados con frecuencia en los medios de comunicación (que
es propiedad de las mismas corporaciones), para asegurarse de que todo está
dicho lo poco en público de tales acuerdos es, en efecto, positivo y alentador.
Al igual que con otros
tratados de «libre comercio», las corporaciones son consultadas
durante todo el proceso negociador para moldear la agenda y precisar políticas
específicas, asegurando que se satisfacen sus intereses.
Los
peligros infinitos
El TTIP es una
herramienta para cambiar profundamente las formas de legislar y concentraría aún
más el poder político de tal manera que se crearía un sistema legal superior
que permitiría al gran capital intervenir más que nunca en la redacción de
reglas, directivas y leyes, y se haría valer los “super-derechos” de las
grandes multinacionales, subordinando leyes nacionales y locales a los
beneficios privados. Por ejemplo las disposiciones del mecanismo de resolución
de diferencias entre inversor y Estado que recogen las negociaciones del TTIP
crearían una especie de sistema paralelo legal especial para las empresas,
esencialmente dándoles carta blanca y que quedaría fuera de las leyes
nacionales. Asimismo, iría en contra de la protección del interés y los bienes
comunes, así como pretende eliminar el principio de precaución –lo cual
arrasaría con una serie de normas ambientales como la Directiva sobre el
registro, la evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas
peligrosas (REACH) o aceleraría el proceso de aprobación en la UE de alimentos
modificados genéticamente.
Con una estrategia de comunicación muy
elaborada, las instituciones de la UE, la Casa Blanca y el gran capital venden
el TTIP como un acuerdo que «creará
millones de empleos y crecimiento».
Sin embargo según el estudio de la Fundación Austriaca de Investigación para el
Desarrollo (OFSE) para evaluar los supuestos beneficios económicos del TTIP,
considera que las ganancias económicas serán limitadas mientras, alberga
considerables riesgos sociales. Alrededor de un 80% de las ganancias previstas
se derivarían de la eliminación o alineamiento de las medidas no arancelarias,
es decir, de leyes, regulaciones y estándares. Se asume que entre el 25% y el
50% de todas las medidas no arancelarias pueden ser eliminadas o alineadas a un
estándar común.
Los estudios de impacto económico que
encargó la Comisión Europea no tienen en cuenta que la armonización a la baja
de las regulaciones y leyes conllevan, a corto y largo plazo, una serie de
costos sociales. Por un lado, la eliminación de las barreras no arancelarias
resultará en una pérdida potencial de bienestar para la sociedad, incluso, y va
en contra de los objetivos de las políticas públicas (ejemplo: la seguridad de
consumidoras, la salud pública, la seguridad medioambiental). Por otro lado,
los costes para la administración pública resultantes del mayor pago de
subsidios por desempleo, pueden ser substanciales. Podría producirse una
deslocalización de entre 430.000 y 1.100.000 empleos. Los sectores industriales
más afectados serían aquellos que se verían en desventaja frente a la
competición estadounidense como: ganaderos, productoras de fertilizantes,
bio-etanol y azúcar, por ejemplo. También habría un declive en los sectores de
equipos de transporte y el sector del metal, así como en los sectores
primarios, especialmente: la madera y productos de papel, los servicios a las
empresas y de comunicación.
Además, en la UE se corre el riesgo de
que regiones enteras carguen con los costes sociales del TTIP, dividiendo
todavía más a los países enriquecidos y más empobrecidos, incrementando la
brecha entre los países del centro y la periferia europea. Ya en su momento, la
adhesión a la UE y el Euro trajo consigo la desindustrialización de los países
mediterráneos como Grecia, Portugal y el Estado español.
Pérdida
de derechos laborales
Además, los derechos laborales podrían
deteriorarse aún más –si cabe- a través de la “armonización” de las normas, ya
que los EEUU no han ratificado algunos de los estándares y convenciones de la
OIT, lo que incluye el derecho a la libertad sindical.
Tras las ofensivas neoliberales
recientes sobre los sueldos en el contexto de la crisis del euro, los rescates
bancarios y los planes de ajuste estructural de la troika, el TTIP serviría al
propósito de dar otra vuelta más en la legislación laboral para sintonizarla
con la de EEUU y muy en línea, por ejemplo, de la industria automovilística que
perseguía en los años 80 “fábricas libres de sindicatos”.
Hace tiempo que en EEUU se halla una
carrera hacia abajo en relación a los sueldos y los estándares de seguridad y
salud laboral, ya que los Estados federales compiten los unos contra otros para
ofrecer las “mejores” condiciones a los inversores. Cuando la Comisión Europea
dice que «se debería
revisar las leyes laborales europeas para minimizar el riesgo de reducir la
inversión estadounidense en Europa y que se desvíe a otras partes del mundo», pretende que entre los países
europeos aumente todavía más la competición entre sí. Después de todo, las
leyes laborales europeas están listadas como “medidas no arancelarias” e
identificadas como un obstáculo en el camino al libre flujo comercial y de
inversión.
Otros
problemas
Según las filtraciones
de documentos «secretos», varias regulaciones previstas por el TTIP
serían contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC). Además, los posibles impactos del Tratado sobre las reglas
de seguridad alimentaria afectarían directamente a las y los consumidores
causando problemas de salud.
Un aspecto muy
controvertido es la intención de abrir la contratación pública de servicios de
salud a la competición extranjera. La norma sería abrir el acceso de las
corporaciones a todo el mercado y garantizar que se ofrece a las corporaciones
extranjeras el mismo trato que a las compañías nacionales. Esto podría constreñir
la capacidad de los Estados para controlar el número y el tamaño de los
proveedores privados extranjeros que entran en el mercado europeo y que dirigen
los sistemas de salud europeos. Las empresas de servicios hospitalarios podrían
impugnar legalmente las políticas públicas de salud. Y el intento de fortalecer
los derechos de propiedad intelectual dificultará el suministro de medicamentos
más baratos y efectivos a la gente más empobrecida. La crisis financiera y las
políticas de recortes sociales en la UE han puesto en riesgo el derecho a una
sanidad pública asequible y de calidad. Contamos ya con algunos ejemplos, como
los enfermos de cáncer en Grecia que no pueden acceder a las medicinas
necesarias para vivir tras los recortes llevados a cabo y exigidos por los
prestadores, mientras en España, se están cuestionando los tratamientos para el
SIDA de los inmigrantes.
Finalmente, en un
contexto de economía de casino financiero y responsable de la actual crisis,
que impacta gravemente en los derechos básicos de la población mediante los
recortes actuales, preocupa el objetivo del TTIP de liberalizar aún más los
servicios financieros que podría impedir a la administración regular el sector
financiero, restringir fusiones y adquisiciones, establecer impuestos y tasas a
bancos y transacciones financieras, así como establecer un control de los
capitales.
Las
resistencias se organizan
Varios sectores de la
sociedad -organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y feministas,
sindicatos y diferentes asociaciones de ámbitos tan dispares como los derechos
humanos, la cultura libre o el comercio justo llevan ya un año movilizándose
para confrontar lo que consideran una vuelta de tuerca en el aumento del poder
de las grandes empresas. Hay campañas en Alemania, donde por ejemplo 24.000
activistas colgaron el día de las elecciones europeas 6,5 millones de panfletos
contra el TTIP en las puertas de los hogares del Reino Unido, Francia, Bélgica,
Austria, Italia y en EEUU, entre otros.
También en el Estado
español diversas organizaciones han puesto en marcha la campaña “No al Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversiones” (#NoalTTIP) demandando la suspensión
inmediata de las negociaciones del TTIP.
