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A cargo del abogado de CNT
Tarragona
Viernes 14 diciembre, 19H
C/ Cervantes, 18
La reforma del código penal: nueva arma para amordazar
El pasado
once de octubre el Gobierno aprobaba una reforma del Código Penal dirigida
fundamentalmente a criminalizar y reprimir acciones de movilización y protesta.
El Estado se prepara así para un posible estallido social en los próximos
meses.
La reforma
penal que ha aprobado el gobierno del PP está pensada básicamente para
criminalizar y reprimir todos los movimientos sociales de protesta que se están
llevando acabo a lo largo y ancho de la península ibérica. De hecho los
artículos reformados en especial hacen hincapié en penalizar, o sea convertir
en delito, actuaciones que hasta el momento no lo eran pero que están
intrínsecamente vinculadas a las acciones de protesta y lucha social por las
políticas neoliberales aplicadas por España.
De hecho con
esta reforma se puede decir que se ha transformado España en un cuartelillo,
por ello no es de extrañar que los elementos menos conservadores de la
judicatura española como la Asociación de Jueces para la Democracia hablen
claramente de que con esta reforma penal se transforma a España de un “Estado
social a un Estado penal”. Ello es así puesto que entre la reforma de los
delitos existentes en el Código Penal, así como la inclusión de nuevos delitos
en el capítulo de desórdenes públicos, atentados y resistencia a la autoridad,
a partir de que se apruebe dicho Código Penal tendremos la legislación más
dura, más restrictiva de las libertades individuales y colectivas de toda
Europa; ello nos ha de llevar a pensar que los recortes sociales que se
avecinan deben ser de tal magnitud que deben preparar un código penal a medida.
Tomemos por
ejemplo la inclusión en el Código penal de un nuevo artículo, el 557 ter. que
castiga con pena depresión de tres a seis mes o multa de seis a doce meses a
“los que, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su
titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho,
oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y
causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal”. Esto es
convertir en delito las ocupaciones de oficinas bancarias, dicho en palabras
llanas, quiénes entren a ocupar un banco podrán acabar en la cárcel.
En el mismo
sentido de penalizar las protestas sociales nos encontramos con que el nuevo
artículo 560 bis del CP sanciona a “quienes actuando individualmente, o
mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los
servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público y alteren
con ello de forma grave la prestación normal del servicio” con una pena de tres
meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses. O sea, que
todos los piquetes informativos en los servicios de transporte pueden acabar en
la cárcel.
Pero esto no
es todo, con la nueva redacción que se le da al delito de atentado contra la
autoridad pueden acabar con sus huesos en prisión incluso aquellas protestas
que sean pacificas, ya que el nuevo artículo 550 define como atentado contra la
autoridad: “los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren
resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los
acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o
con ocasión de ellas.”; su castigo “penas de presión de uno a cuatro años y
multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión
de seis meses a tres años en los demás casos”. Esto supone que cualquier
actuación en una protesta puede acabar conllevando la prisión.
Además de
todo lo anterior cabe señalar que también se criminaliza y se condena con pena
de prisión de tres mes a un año las difusiones por cualquier medio de consignas
o mensajes que inciten a las manifestaciones (ej. art. 559). Así pues,
compañeros hemos de apretarnos los machos porque la reforma del Código Penal
está pensada simple y llanamente para el estallido social que se avecina.
Miguel
Lucena, abogado y afiliado a CNT Cornellà
