La crisis financiera provocada en 2008, que empezó por la amenaza de quiebra de los bancos (entidades privadas) y que luego se convirtió en crisis económica cuando los estados tuvieron que sufragar las deudas de esos bancos (con dinero público) ha producido numerosos “daños colaterales” en los derechos sociales y colectivos de la mayoría de los países europeos.
Uno de esos múltiples efectos ha sido volver a poner en cuestión los servicios públicos –si es que alguna vez desaparecieron del debate-, la naturaleza de la administración y sus recursos económicos y humanos. Una buena parte de las medidas exigidas por el FMI (Fondo Monetario Internacional) y los bancos franco-alemanes para “auxiliar” a los países del euro al borde de la quiebra (hasta el momento, Grecia, Portugal e Irlanda) ha sido, entre otras muchas, recortar el “tamaño” de sus administraciones, privatizando empresas públicas, reduciendo plantillas y servicios y recortando las prestaciones sociales. Estas medidas, ya promovidas por el FMI en Sudamérica y otros países en “desarrollo” a lo largo de la década de los 90 del siglo pasado, supusieron tal recesión económica, aumento de la pobreza y la desigualdad, que habían sido puestas en entredicho incluso por los economistas liberales.
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