La externalización evoca, poéticamente, una
tormenta torrencial sobre un suelo reseco y agrietado, empobreciendo el
sustrato, para así perpetuar la carestía y la sequia, dejando un oscuro
futuro de anchas grietas. Durante la última década hemos visto como se
han utilizado nuevas estrategias empresariales en las que las grandes
empresas y los organismos públicos, entregan ciertas actividades propias
de la empresa u organismo, a otra empresa especializada, por medio de
alguna fórmula reguladora, como un contrato, para obtener mayor
beneficio y un supuesto aumento de la productividad.
Esto ha generado un profundo cambio en la vida
laboral de millones de trabajadores traducido en una gran precarización
de las condiciones laborales y de sus puestos de trabajo, sin olvidar
el empobrecimiento de los servicios prestados a los usuarios. ¿Cómo
sale más barato y más rentable la producción si la hace otro?
Definitivamente, la gran empresa traslada el riesgo y los costes a la
pequeña empresa u organismo especializado y esta a su vez, se cobra sus
ganancias con la reducción de la calidad del servicio y empeorando las
condiciones laborales de sus trabajadores. Todo esto en nombre del
sagrado crecimiento económico (el de las elites). Ellos ganan más;
Nosotros pagamos los costes por medio de la bajada constante de
salarios, la precariedad y la deficiencia en los recursos y servicios.
En
el mundo de la intervención social se ha producido este fenómeno como
consecuencia de los ataques neocapitalistas al estado de bienestar y la
imposibilidad del estado para generar recursos suficientes que cubran
las necesidades y demandas. Necesidades, demandas no satisfechas y
problemas, originados en su mayoría, por una economía de mercado
desequilibrada, ineficiente e injusta. Los propios economistas reconocen
los fallos de mercado, al no cumplirse el principal postulado del
sistema (la búsqueda del interés individual genera buenos resultados
para la sociedad en su conjunto). Así el estado gestor de los Servicios
Sociales, Educación, Sanidad y Seguridad Social (los cuatro pilares del
estado de bienestar), ha externalizado sus servicios a una multitud de
entes con diferentes intereses, imitando a las grandes empresas para
conseguir un doble objetivo:
• Reducir el gasto social,
tal como le exigen desde la órbita neocapitalista e incrementar el
beneficio de terceros e interesados.• Salvar la responsabilidad ante
el incumplimiento de ciertas metas o en la protección y mantenimiento
de derechos y libertades. Así se protegen los políticos, elites
funcionariales y consejeros nombrados a dedo.
Lo público
pasa a manos privadas, generando en su transformación precariedad y
deficiencia en la atención a los destinatarios. La gestión que estaba en
manos de políticos, ahora es compartida también por empresarios e
interesados. El dinero público pasa a manos privadas en forma de
subvenciones o contratos, a la par que son otorgados aquellos agraciados
que los políticos consideran afines o que pueden cumplir sus objetivos.
Este proceso tiene dos puntas de lanza:
• El Sector
Privado: Serían aquellas organizaciones cuyas iniciativas están
reguladas por el libre mercado e interviniendo mediante la gestión de
servicios y programas de acción social, asistencia socio sanitaria, etc.
Su objetivo es el beneficio particular inmediato y por tanto no podemos
dejar de preguntarnos: ¿De dónde surge el beneficio económico
perseguido por las empresas, en una actividad cuya rentabilidad
económica directa y a corto plazo es nula? La pregunta nos lleva a la
respuesta antes expuesta: recortes que provocan la precariedad laboral y
la deficiencia en la atención de los usuarios o destinatarios. Aunque
también hay que mencionar la existencia de servicios especializados cuyo
coste hace que su aprovechamiento quede en manos de unos pocos (como
residencia privadas, guarderías, sanidad privada, etc), y cuyo elevado
precio queda justificado por la búsqueda del beneficio, dejando de lado
los objetivos sociales y la solidaridad.• El Tercer sector:
Abarcaría aquellas iniciativas sociales de organizaciones y entidades
sin ánimo de lucro, que a través de varios tipos de organización
actuarían para impulsar niveles de bienestar en cualquiera de los cuatro
grandes ámbitos. Se ha querido ver en la abundancia de estas
organizaciones un surgimiento de la sociedad civil, con ciertos grados
de flexibilización pero cuya independencia de gestión se ve muy sesgada
debido a que su principal fuente de ingresos son las subvenciones
públicas. Este Tercer Sector está compuesto por una miríada de
Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones y Fundaciones; esta
última figura jurídica merecería un artículo aparte debió a que su
concepción parece diseñada para el escamoteo de dinero por parte de
elites económicas y políticas, mediante la evasión fiscal, la colocación
de familiares o el aprovechamiento de subvenciones, etc. Muestra de la
escasa independencia, las administraciones han articulado una gran
variedad de fórmulas jurídico-administrativas de corresponsabilidad como
mecanismos reguladores (control y tutela, fomento, contratos,
conciertos, convenios y subvenciones).
Los trabajadores
de la intervención social quedan enfrentados a los retos y conflictos
provocados por el mundo de la subcontrata y la constante
externalización, como el resto de compañeros de otros ramos pero
sufriendo la precariedad laboral agravada por dos elementos:
1.
La extorsión emocional para detener las reivindicaciones de los
trabajadores, bajo la amenaza del empeoramiento del servicio y de la
atención de los destinatarios y usuarios de los servicios.
2.
Imposición de códigos deontológicos por parte de las instituciones y
organizaciones empleadoras, a través de reglamentos y procedimientos que
esperan generar un tipo de conducta en sus empleados y en su desempeño
laboral, atentando contra la libertad de conciencia. Códigos que en su
mayoría reproducen los problemas estructurales y sistémicos debido a una
visión individualista que no tiene en cuenta el contexto social, y
obviando, muchas veces interesadamente, un análisis crítico del sistema.
Así se perpetúa el falso mito del agente social que atenúa las
problemáticas sin propiciar el cambio que las solucione definitivamente.
Podemos
concluir que estas estrategias empresariales chocan de frente contra
los principios básicos de la filosofía anarquista (participación,
solidaridad, autogestión, etc.): Falsa Autogestión de entes no
gubernamentales debido a su dependencia con las instancias estatales que
buscan cierta flexibilidad para buscar otros objetivos que poco tienen
que ver con el cambio social. Negación de la Solidaridad al someter los
objetivos sociales a las necesidades de la economía de mercado.
Sustitución del apoyo mutuo por la búsqueda del interés individual de
modo exclusivo.
“El
estado no reconoce otra, todo lo que le sirve es bueno, todo lo que es
contrario a sus intereses es declarado criminal; tal es la moral de los
estados.
Es por eso que la moral política ha sido en todo tiempo no solo extraña, sino absolutamente contraria a la moral humana”
Dios y El Estado
Mijail Bakunin
