Desde El Salariado recogemos este artículo sobre la situación de los mineros Sudafricanos, un colectivo que sólo es noticia para las empresas de comunicación cuando son masacrados.
Desde el verano del año 2012, los mineros de Sudáfrica han protagonizado incontables huelgas por la mejora de sus salarios y sus condiciones de vida bajo tierra. Las minas de Sudáfrica, una de las reservas de metales preciosos (plata, oro, platino) más importante del mundo, operan casi todas en manos de potentes multinacionales. El sempiterno presidente de la ANC e hijo político de Nelson Mandela, Jacob Zuma, denunciaba en 2010 que las estructuras de propiedad en Sudáfrica habían cambiado muy poco desde la época del apartheid.
Por Proletario para sí.
Lentos y fuertes, incesantes; arrancando del macizo de roca el preciado metal por el que su salud y su vida cada día valen un poco menos. Con la misma cadencia con la que horadan la roca, así los mineros sudafricanos llevan más de tres años arrancando conquistas salariales y laborales a las empresas multinacionales para las que trabajan y el gobierno de coalición socialista-comunista que protege los intereses de éstas en cada uno de los pozos, en cada rincón de la veta. No obstante, estas victorias parciales (y muy limitadas, como ahora comprobaremos) no han sido arrancadas sin sudor, esfuerzo organizativo e incluso la vida de muchos obreros. Ni sin una buena experiencia aleccionadora, tanto para los propios mineros, como para el resto de los trabajadores a nivel internacional.
Sudáfrica es el segundo país más rico (mayor PIB) de toda África. Y también, uno de los países más desiguales del mundo, según la ONG Intermon Oxfan. Posee el 80% de las reservas de platino mundiales, y es el cuarto país en cuanto a volumen total de extracción de oro, cifra que sigue decayendo año tras año pese a los intentos de las multinacionales de mantener los niveles productivos extendiendo y pofundizando la búsqueda en los yacimientos (con el peligro para la salud de los trabajadores y el medioambiente que tal práctica entraña). Según datos del Banco Mundial, la economía sudafricana se encuentra en franco retroceso desde hace años. Mientras que la media de crecimiento del Producto Interior Bruto de los países por debajo del Sáhara se sitúa en el 4,5%, el gran motor económico de la vasta región subsahariana sólo ha crecido un 2%. El ritmo de acumulación (o agregación) de capital se ha estancado en el 19% del PIB, cifra que tenderá a caer dado que la economía se está desinflando. Es por ello que muchas multinacionales del sector minero afincadas en el país de Nelson Mandela comenzaron a amenazar ya por 2011 a reducir la inversión en el país, dadas las dificultades que encontrarían para vencer la tendencia decreciente de la Tasa de Ganancia. Y con ello abocaban a la economía sudafricana al desastre, pues ésta vive especialmente de la actividad extractiva. El mismo presidente del Congreso Nacional Africano (ANC), Jacob Zuma, señalaba al poco de entrar en el poder que la estructura económica de Sudáfrica seguía intacta desde la época del aparthead, esto es, la “minoría blanca” seguía al frente de la explotación económica del país, del capital nacional sudafricano, pese a haber sido desalojada del poder político por el propio Nelson Mandela, quien más pronto que tarde quedó congraciado con las democracias occidentales a su llegada al poder, con la promesa de que ninguna multinacional británica o norteamericana sería expropiada[1]. Burguesía nacional e internacional se coaligan para explotar conjuntamente al proletariado.
En este contexto, múltiples han sido las protestas que han sacudido el país desde comienzos del siglo XXI, aunque no todas necesariamente protagonizadas por la clase obrera en tanto que clase, planteando sus reivindicaciones y métodos de lucha. Sin embargo, las contradicciones sociales creadas y alimentadas por el sistema social capitalista terminaron por estallar en el verano de 2012 y situar, frente a frente, a los dos clases mundiales antagónicas: el proletariado, valiéndose sólo de sus propias fuerzas, y la burguesía nacional e internacional con todas sus hijuelas, cuyos intereses el Estado sudafricano personificó para garantizar la continuidad de la actividad en las minas, la cotización de las empresas multinacionales en las bolsas de Nueva York y Londres y la vida de los policías y representantes sindicales que osaron, en algún u otro momento del conflicto, hacer resistencia frente al arrollador despliegue de combatividad del proletariado minero sudafricano.
Más temprano que tarde, la clase obrera sudafricana tenía que dar un paso al frente. El desempleo en el país se sitúa en niveles considerados como “intolerables” en los grandes centros imperialistas, es de un 25%. Además, uno de cada tres trabajadores sufre el desempleo a largo plazo. Con una economía que crece con mucha dificultad y teniendo que movilizar un capital proporcionalmente mayor, los salarios se encuentran en una situación muy complicada, en la que significativos aumentos previos (de hasta el 10% del salario real en el año 2010) amenazan con ser barridos si el país se asoma al abismo de la recesión económica. No obstante estos aumentos pretéritos, la mayoría de los salarios siguen siendo de chiste: 4.000 rands (450 euros) ganaban los mineros de la multinacional británica Lonmim antes de la oleada de huelgas que sacudió el sector, por lo que, y siendo este el sector servomotriz de la economía sudafricana, poco ha de extrañar que el 20% de la población se encuentre bajo el umbral de la pobreza, incluso teniendo trabajo. Y en la conjunción de promesas de desinversión ante el progresivo desinflamiento de la economía sudafricana, y salarios de miseria, estallaron las primeras huelgas del sector minero.
En julio de 2012, el sindicato gremialista ACMU, declaradamente “anticomunista” -en oposición al ANC y los partidos y sindicatos en él integrado- y con experiencia en labores de intedencia en protestas interclasistas, convocó una huelga en la mina de la multinacional británica Lomnim en el yacimiento minero de Marikana en favor de un incremento del sueldo, hasta llegar a los 12.500 rands (1.200 euros). La rama minera del COSATU, el mayor sindicato del país, miembro y pilar maestro del ANC, alegó que quedaba aún un año para que se firmase el nuevo convenio colectivo de la minería y se negó a secundar el paro. Parapetarse en el tecnicismo le supuso al gran sindicato perder importantes apoyos en uno de los enclaves mineros más importantes del país. 3.000 obreros de la mina secundaron la huelga, con piquetes permanentes en la boca de las minas y una intransigencia digna de señalarse para impedir las labores de esquirolaje que el COSATU había puesto en marcha.
La represión se descargó furiosamente contra los mineros huelguistas: el mismo secretario general del COSATU pidió al gobierno que mandara al ejército a detener a los insurgentes. Fuerzas de choque del sindicato también cargaron contra los compañeros en huelga, quienes enfrentaron con determinación las labores de esquirolaje y división que se sembraban contra el ACMU. Andado el tiempo, sin embargo, aquello no fue más que una escaramuza por la que miles de trabajadores acabaron siendo carne de cañón de las rencillas sindicales. El 16 de agosto, luego de diversas incursiones para romper piquetes, registrar barracas en busca de armas o efectuar detenciones arbitrarias, la represión del Estado contra la masa obrera movilizada descargó sin contemplaciones. 3.000 policías de élite contra 3.000 obreros. Palos y machetes contra ametralladoras. 34 trabajadores de la mina de Marikana asesinados a sangre fría por la policía, centenares de ellos arrestados y encarcelados agitando, con el espanto de la muerte, una vieja ley del periodo de apartheid[2]. Ahora no es una cuestión racial, ahora es una cuestión de clase. De un gobierno negro que mata a otros negros para defender los intereses de explotadores que no distinguen color de piel.
Con la vileza que al Estado capitalista y sus cuerpos represivos corresponde, la sangre de 34 mineros que corrió por las cuencas de Marikana fue la venganza de sangre por los dos policías asesinados en Rustenburg[3], en otros tumultos y huelgas en las minas. Y esa misma sangre hizo de alfombra roja a Cyril Ramaphosa[4], líder del NUM (rama minera del sindicato estatal ACMU), en su regreso a la mina de Lonmim para pedir el fin de la huelga ante una asamblea de trabajadores de la que tuvo que salir escoltado. El ACMU se sumó a ese llamamiento, haciendo ver que, más allá de la estética y las soluciones cosméticas, cualquier distancia con el NUM es impensable. La asamblea se negó a toda mediación de ninguno de estos dos sindicatos. Los trabajadores querían elegir a sus propios delegados para mediar con Lonmim, que les granjeó importantes subidas salariales. Y aquel ejemplo de lucha se extendió como la dinamita usada para la voladura de la roca por todas las cuencas mineras del país: empresas del oro, del platino, de la plata, del cobre,… hasta los obreros de las granjas se pusieron en huelga.
La ardua lucha en Marikana -con 34 obreros asesinados, centenares de represaliados y una subida salarial que no alcanzaba ni lo exigido al principio, no se puede hablar de “victoria”- espoleó la lucha en cada tajo, en cada mina. Hasta tal punto se aprendió de la trampa sindical que NUM y ACMU habían tendido en Marikana, que las asambleas obreras tomaron el control de la lucha. Por centenares de miles se contaban los obreros en liza. Por millones de dólares, las pérdidas que Lonmim, Amplats o AngloAmerican Platinum se dejaban en los parqués de medio mundo. Ni los despidos masivos detienen la combatividad de los trabajadores. Hasta se llegó a formar un Comité Coordinador de la Huelga Nacional que llegó a movilizar bajo su dirección a más de 100.000 trabajadores mineros de todo el país y que se hizo principal valedor de una reivindicación que iba mucho más allá de la cuestión meramente salarial: readmisión de los 12.000 mineros en huelga despedidos por la compañía del platino Amplats. Con tal logro, sumado a incrementos salariales desiguales en función de la compañía (del aumento de 1.000 rands en el sector aurífico hasta el incremento del 22% del salario arrancado por los mineros de Marikana a Lonmim), esta primera oleada huelguística encontró su fin.
Con el costo de la vida de muchos compañeros de tajo e importantes jornales sin cobrar, los obreros sudafricanos lograron aprender una serie de lecciones cuya irrefutable validez para el conjunto del movimiento proletario internacional se extiende por los cinco continentes: en primer lugar, la condición de clase social está por encima del color de la piel, la identidad o la nacionalidad. La cantidad de melanina en la epidermis no resultó óbice para que el Ejecutivo “negro” de Petroria y sus huestes armadas “negras” cargaran contra los proletarios en huelga. Y en segundo lugar, la irremisible tendencia a la unificación de las luchas sólo puede efectivizarse en virtud de organismos verdaderamente autónomos, en los que los trabajadores elijan y revoquen libremente a sus representantes. Conforme el conflicto se extienda y radicalice, hasta estas mismas dinámicas organizativas terminarán chocando con los intereses de cualesquiera de los sindicatos intervenientes en el conflicto[5].
Más recientemente, en el verano de 2014, el sindicato ACMU ha comandado una de las huelgas más largas de la historia de la minería sudafricana: cinco meses de paro en las cuencas del platino con el que apenas si han arrancado aquellos 12.500 rands prometidos dos años antes. Sin desmerecer la importancia de esta conquista para más de 50.000 obreros del sector, el corporativismo sindical ha desarticulado cualquier intento de extender la huelga a otros sectores, a diferencia de lo ocurrido años atrás cuando los trabajadores articularon su lucha en base a las asambleas obreras. Tanto es así, que inmediatamente terminado el conflicto en el platino, la rama aurífera del COSATU convocó una huelga en las minas del oro, ámbito del sector extractivo con similares salarios y condiciones de trabajo que el del platino y en el que sólo cambia una cosa: el sindicato con mayor implantación.
[1] El propio Nelson Mandela reconocía, en el diario francés Libération, que la famosa Carta de la Libertad del Congreso Nacional Africano (ANC), elaborada en 1955 y declaración de principios de este conglomerado político nacionalista, respetaba la empresa privada y “permitía al capitalismo florecer entre los africanos”. De hecho, la Freedom Chapter reza así en uno de sus puntos: “Todas las personas tienen el mismo derecho a comerciar donde ellos elijan, para producir y desarrollar todo tipo de negocios y profesiones”.
[2] El ministro de Justicia del gobierno de Zuma, Jeff Radebe, consideró desproporcionado e innecesario el empleo de la fuerza armada contra los mineros de Marikana, avalado por la “Ley del Sentido Común” instaurada en el apartheid y que permitía a la policía disparar a matar si existía riesgo para su seguridad o la de otras personas.
[3] Región sudafricana en la que se encuentra el pueblo de Marikana y su consabida cuenca minera.
[4] Antiguo sindicalista y fundador del sindicato National Union of Mineworkers (NUM), Ramaphosa era, en aquellos días, director no ejecutivo de Lonmim, empresa que explotaba los pozos de Marikana y a los obreros en ellos empleados.
[5] Una reportera de Al Jazeera informaba de que ACMU, en una maniobra descaradamente oportunista, corporativista y subsidiaria de su propósito de implantarse en las cuencas mineras a toda costa (incluso, por encima de los trabajadores), acusaba a los delegados de la asamblea de Marikana de estar siendo manipulados por los negociadores más experimentados de la compañía.
