Sindicalistas de la FORA piden la absolución para los petroleros de Las Heras

Condenados en la localidad argentina de Santa
Cruz cuatro trabajadores petroleros a cadena perpetua y otros seis, a cinco años de prisión.

Nines R. y Aran R. | Periódico CNT

El 12 de diciembre del pasado
año el Poder Judicial de Santa Cruz, al sur de Argentina, condenaba a Ramón
Cortéz, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González  a cadena perpetua y a otros seis trabajadores, a cinco
años de prisión por supuesta coacción agravada, lesiones y el asesinato de
un oficial de policía. Los supuestos delitos de los que se les acusa se
remontan al año 2006, cuando los petroleros de Las Heras reclamaban la
derogación del impuesto al salario y su encuadramiento sindical en la rama a la
que realmente pertenecían. Hasta entonces, estuvieron incluidos en la UOCRA (Unión
Obrera de la Construcción de la República Argentina), con lo que sus
condiciones laborales y sus escalas salariales eran menores a las que de hecho
les pertenecían.

Fue
durante esas jornadas de lucha cuando, veinte días después de su comienzo, la
noche del 6 de febrero el poder
Judicial ordenó la captura del “cabecilla” Mario Navarro mientras se encontraba
en una radio local dando detalles del conflicto. El gobernador dijo horas
después que la orden judicial para detener a Navarro se dictó a pedido de
“particulares, el gremio y empresas”. Como reacción solidaria, los petroleros
marcharon hacia la alcaldía exigiendo la liberación del compañero detenido.
Marcharon 2.000 personas que se duplicaron al llegar a la alcaldía. A la
movilización popular la policía provincial respondió con una impresionante
represión con balas de goma y gases lacrimógenos. En medio de la confusión,
muere el policía Mario Sayago por un impacto de bala. Navarro denunció que «los
disparos fueron efectuados por infiltrados pagados por Repsol, que buscaba desactivar nuestros reclamos». Diecisiete trabajadores y varios vecinos fueron
detenidos y puestos a disposición judicial bajo cargos de desmanes y asesinato.

Proceso judicial

El
juicio que se celebró el pasado mes de diciembre y que finalizó tras tres días de
alegatos, estuvo plagado de irregularidades. La condena resultante de aquella farsa, tuvo
que recurrir para su fundamentación a testimonios vertidos en la instrucción,
que no fueron ni incorporados por lectura ni ratificados en el juicio. De
hecho, hubo un único testigo que en su declaración incriminase a uno de los
condenados, testigo que además expresó haber realizado esa declaración bajo
apremios ilegales. Ello torna a la condena sin sustento jurídico alguno, y sólo es explicable por su
sentido político. Lo único que quedó claramente probado a lo largo del
juicio, fueron las torturas sufridas por los condenados con el fin de conseguir
una declaración que les criminalizase, convirtiéndolos en culpables. Dichas
torturas fueron minimizadas por el fiscal que sostuvo que las mismas «no habían
sido importantes».  

La querella del Estado provincial
expresó su hostilidad a las reivindicaciones populares y el método del piquete.
Defendió a la Brigada de Investigaciones y agredió, hasta en términos
personales, a las defensas -en particular, a la abogada Claudia Ferrero,
posiblemente porque su acusación fue destruida con gran contundencia por ella. En sus alegatos, las defensas
probaron que hubo una decisión política de derrotar la lucha de los petroleros
y tercerizados en 2006, el cual puso en acción el aparato coercitivo del
Estado y se valió de varias ilegalidades para llevar esto adelante (espionaje
sobre los piquetes y trabajadores antes del crimen, torturas y apremios para
construir el relato y las acusaciones). Las defensas no sólo descalificaron la
prueba que se pretendía usar, sino el relato mismo de la acusación.

Aún así, la resolución del 12 de
Diciembre condenaba a los petroleros de Las Heras a cadena perpetua, incluso a
Franco Padilla, que en momento de los hechos era menor de edad. Varias de las
condenas no fueron por unanimidad: la presidente del tribunal voto por la
absolución de Cortez y de Padilla, quienes fueron condenados por el voto de la
mayoría, integrada entre otros por el juez Olivera, del grupo progubernamental
“Justicia legítima”

La
FORA, central anarcosindicalista adherida a la AIT, expresaba así su repulsa hacia estas
condenas y exigía la absolución de los petroleros a través de un comunicado: «… La Federación Obrera Regional Argentina (FORA) expresa su más enérgico repudio a
la condena recibida, hacia quienes por darle pelea a la injusticia, están
queriendo ser sepultados en vida por el poder de las petroleras y el Estado
Argentino. Es por ello que desde esta federación de trabajadores extendemos nuestro
más profundo sentimiento de solidaridad a los petroleros de Las Heras y
alentamos a que más trabajadores se sumen a la campaña por la absolución. Para
que la solidaridad no solo sea palabra escrita y las ideas no se pierdan tras
las rejas, los trabajadores debemos salir a la calle con todas nuestras fuerzas
y devolver a los compañeros condenados a sus hogares.»

La FORA tuvo además ocasión de
charlar con Ramón Cortez, uno de los petroleros condenados a cadena perpetua,
quien explicaba  la situación en el año
2006: «El conflicto comenzó en el año 2006, en enero, y tuvo más de un mes en donde hubo
paro y corte de ruta por los petroleros. Después del mes, al ver que el
gobierno y la patronal no daban importancia, se fue endureciendo cada vez más
el piquete. Después detuvieron al vocero, que era Mario Navarro en esa época;
lo detienen, lo llevan a la alcaldía y se hace una pueblada para sacarlo de la cárcel.
Cuando se saca a Mario Navarro, en ese trayecto, muere un policía. De eso nos
están haciendo cargo a nosotros.» También habla Ramón Cortez de la persecución
judicial y las torturas sufridas por él y sus compañeros, torturas que a pesar
de quedar patentes en el juicio, fueron justificadas y minimizadas por el
fiscal de la causa: «Por eso fuimos enjuiciados, encarcelados durante tres años
y torturados como en los peores tiempos militares. Nos ponían bolsas en la
cabeza, nos reventaron a patadas  y nos
amenazaban con que nos iban a matar a nuestras familias, nos iban a matar a
nuestros hijos».

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