Un funcionario de los Servicios
Jurídicos de la Universidad Carlos III difama al delegado de la
sección sindical de CNT durante el juicio, mientras que algunas
trabajadoras del departamento de Recursos Humanos se personan con la
intención de declarar en contra del trabajador despedido.
El pasado lunes 14 de enero se celebró
en el Juzgado de lo Social nº 6 de Madrid el juicio de nuestro
compañero Javier, delegado de la sección sindical de CNT, contra la
universidad Carlos III de Madrid. En él se pidió ante la jueza
Elena Bornaechea la consideración de su despido como nulo y por lo
tanto la readmisión inmediata del trabajador en su puesto. El
abogado laboralista de la CNT, Juan de la Lama, insistió en el
carácter fraudulento de los siete contratos que encadenó
consecutivamente el trabajador durante los casi cuatro años que
estuvo vinculado laboralmente a dicha insitución.
Una vez autorizado legalmente el
encadenamiento de por vida de los contratos temporales con el Real
Decreto-ley de Medidas Urgentes para la Promoción del Empleo de los
Jóvenes del PSOE, de 30 de agosto de 2011, y la subsiguiente Reforma
Laboral del PP, de 10 de febrero de 2012, uno de los pocos argumentos
jurídicos que quedan para poder reclamar la improcedencia de un
despido de este tipo es que la naturaleza de la obra y servicio para
la que el trabajador es contratado no se ajusta al verdadero trabajo
que el empleado desempeña. En otras palabras, que el trabajador no
está haciendo ninguna tarea puntual y finita en el tiempo, sino que
se le está utilizando como mano de obra obsolescente, igual que si
fuera un ordenador o cualquier cacharro sustituible por otro
semejante el día que ya no hace falta o consume más de lo indicado.
A pesar de los sucesivos hachazos a los
derechos de los trabajadores que hemos vivido en los últimos años,
todavía el contrato temporal o por obra y servicio es legalmente una
«irregularidad» cuya necesidad y objetividad el empleador
tiene la obligación de demostrar cuando hay una demanda por despido
improcedente o nulo. En el caso de nuestro compañero, y de tantos
otros trabajadores precarios que llenan las universidades públicas
de nuestro país, el hecho de que las tareas que desempeñó
trascendían las señaladas en el objeto de la obra descrita en sus
contratos es más que evidente. Durante más de tres años, nuestro
compañero realizó indistintamente las tareas de gestión de dos
proyectos de investigación, a las que a veces se sumaban labores de
traducción, preparación de clases y «recados» para los
profesores de mejor pedigrí del Departamento de Economía de la
Empresa. Sin embargo, en los contratos que fue encadenando
consecutivamente desde diciembre de 2008 hasta julio de 2012, lo que
aparecía en el objeto de la obra para la que había sido contratado
era, o bien «tareas de gestión para el proyecto INNOMARK»,
financiado por la Comunidad de Madrid, o «tareas de apoyo a la
investigación para el proyecto La gestión de la innovación»,
financiado por el Ministerio de Educación. Su relación laboral no
era por tanto puntual ni se ceñía a una obra y servicio
determinada. Esa es simplemente la excusa que utilizan estas
instituciones para tener una buena bolsa de trabajadores precarios,
baratos y fáciles de despedir, que sirvan para hacer el trabajo
sucio que el personal funcionario no da abasto para realizar. Y esto
mismo que ocurre con el personal vinculado a proyectos de
investigación sucede también con los becarios, con el PAS interino,
con los profesores asociados y en formación, y no digamos ya con los
trabajadores subcontratados para realizar tareas básicas para el
funcionamiento de la universidad (limpieza, mantenimiento,
restauración, reprografía, etc.), a los que la universidad puede
poner de patitas en la calle con una simple llamada al empresario
corrupto de turno.
En definitiva, lo que en el juicio
planteó el denunciante es que los proyectos de investigación son
una fuente de ingresos constante para las universidades públicas, no
«obras» concretas a las que se puede vincular personal de
quita y pon, al que se puede dar la patada en el trasero en cuanto se
termine su período de duración o se acaben esos fondos concretos.
Dado que los propios proyectos para los que trabajaba nuestro
compañero de CNT continuaron una vez que él fue despedido, las
tareas derivadas de su gestión obviamente se las acabaron «comiendo»
los administrativos del departamento para el que trabajaba
(funcionarios con plaza o interinos) o los sempiternos becarios de
turno. Y eso seguirá pasando con los nuevos proyectos que les sigan
concediendo, a no ser que los trabajadores precarios y los
funcionarios se organicen y digan «basta» a esta situación,
tal y como ha estado haciendo nuestro compañero Javier durante estos
meses de acciones de visibilización y lucha.
En el juicio, el abogado de la CNT
aportó emails que el trabajador intercambió con sus jefes directos
y con administraciones, documentos oficiales en los que aparece su
firma como gestor de proyectos para los que no había sido
contratado, actas oficiales con su nombre, etc., en los que queda
suficientemente probado que el trabajador no se dedicaba solo a las
tareas que figuraban en su contrato. Por desgracia, no pudo aportar
testigos para demostrar que continuó trabajando una vez dado de baja
en la Seguridad Social, porque los compañeros de trabajo con los que
Javier contactó antes del juicio para que declarasen, al final se
vieron atemorizados en su condición de precarios y tuvieron miedo de
que, si testificaban a su favor, no les renovasen próximamente como
represalia desde la gerencia de la Universidad. En todo caso, sí se
presentaron pruebas que deberían ser más que suficientes, como
correos electrónicos en los que a nuestro compañero se le seguían
encomendando tareas después de haber finalizado su último contrato.
El hecho de que el trabajador siguiera en su puesto de trabajo y con
un buen puñado de cosas que hacer después de que su relación
laboral se hubiera oficialmente extinguido es otra prueba más de que
esa relación laboral no era eventual ni se ceñía a unas funciones
con una duración determinada en el tiempo. Al trabajador jamás se
le comunicó formalmente la extinción de su contrato y tuvo que ser
él mismo el que acudiera a buscar su certificado de empresa después
de recibir la notificación de baja en la Seguridad Social por medio
de un mensaje de móvil desde la Tesorería General.
Incluso unos días antes de su despido,
otro catedrático, investigador principal, le ofreció un trabajillo
de un mes de duración para redactar un informe relacionado con otro
proyecto de investigación diferente. Cuando el trabajador pidió que
se le hiciera un contrato, aunque solo fuera de treinta días, desde
Recursos Humanos de la universidad le dijeron que sí, que por
supuesto, pero que antes tenía que firmar su baja voluntaria del
contrato que todavía tenía en vigor. Algo que, de no haber estado
informado de sus derechos, le habría hecho perder para siempre su
prestación de desempleo, entre otras cosas.
Relatamos todos estos pormenores, no
porque desde la CNT nos preocupen especialmente las circunstancias
legales en las que nuestro compañero fue despedido o los argumentos
de los abogados de uno y otro lado el día de la pantomima del
juicio. Sabemos perfectamente que jueces y fiscales pertenecen a la
misma casta represiva y son igualmente culpables de la explotación
de la clase trabajadora que empresarios, banqueros o jerifaltes de
las instituciones públicas. Simplemente lo hacemos para que se sepa
un poco más sobre las prácticas ilegales de quienes gobiernan la
universidad Carlos III de Madrid y las razones por las que es
necesario ser solidarios con quienes alzan su voz contra ellos.
Pues bien, dentro de ese entramado
clientelista e inmoral que representa hoy en día la universidad
pública española, queremos destacar en esta entrada la figura del
abogado de los servicios jurídicos de la Universidad Carlos III que
se personó en el juicio en representación de la institución.
También podríamos hablar de las funcionarias del Departamento de
Recursos Humanos que anduvieron pululando por la sala de espera del
Juzgado, seguramente dispuestas a declarar en contra de nuestro
compañero en caso de que este hubiera presentado algún testigo. Sin
embargo, queremos centrarnos en la figura de este abogado, por el
carácter especialmente simbólico que creemos que le acompaña.
Se llama Pedro Manuel del Castillo
González, y en las más de tres horas que duró la espera hasta que
ambas partes fueron llamadas a la sala de vistas, en varias ocasiones
se le escuchó hablando con otros colegas de profesión sobre lo mal
que estaba la situación para los funcionarios, sobre lo injusto de
los recortes del actual gobierno y la necesidad de hacer algo para
defenderse. Todo ello en un espacio lleno de carteles reivindicativos
puesto que, como bien sabrán nuestros lectores, los funcionarios de
los juzgados madrileños también se encuentran «en lucha»
contra los recortes impuestos por la plutocracia del PP.
Durante todo el proceso, incluso
durante el infructuoso acto de conciliación, este abogado de la
Universidad insistió mucho en presentarse como «funcionario»,
algo que luego repitió en varias ocasiones durante la vista, tal vez
buscando la complicidad de la señora jueza. Sin embargo, su
condición de empleado público y antiguo compañero de trabajo de
Javier no le impidió despacharse a gusto contra él durante el
juicio. Dijo que sus contratos eran perfectamente legales, justificó
la multiplicidad de tareas del trabajador alegando la heterogeneidad
de los grupos de investigación, aportó correos personales para
desprestigiar su trabajo y los motivos de su denuncia, argumentó
jurisprudencia a su favor y dijo que si nadie había notificado a
nuestro compañero que estaba en la puñetera calle, eso fue porque
su último contrato (de tres meses y un día, después de tres años
y medio trabajando ininterrumpidamente) era inferior al año, y por
lo tanto no había obligación legal de hacerlo. Además, dijo que la
finalización del contrato de nuestro compañero se debía a la falta
de fondos que recibía la universidad por culpa de la crisis, y para
demostrarlo utilizó el hipócrita Comunicado contra los recortes del
rector de la Universidad, Daniel Peña, que, como su señoría debía
conocer, había sido publicado en los principales medios de
comunicación. Y lo que es mucho peor: el abogado de la defensa
aseguró que la constitución de la Sección de CNT y las actividades
sindicales desarrolladas por el trabajador y sus compañeros
afiliados a CNT antes de la fecha del despido eran todo un montaje
para luego poder denunciar a la universidad. Entre esas actividades,
estaba la denuncia al gerente de la universidad por haber coaccionado
a los trabajadores para que notificasen si iban a hacer huelga o no
el 22 de mayo de 2012.
A la salida del juicio, el delegado de
nuestra sección quiso acercarse al abogado que lo había insultado
durante el juicio, antiguo compañero de trabajo suyo. Le preguntó
amablemente que quién pensaba que le defendería a él el día que
lo despidieran, le deseó sinceramente que a él y a su familia nunca
le ocurriese lo mismo y le ofreció con un poco de ironía la
solidaridad de la sección sindical de CNT en la UC3M en el
desgraciado caso de que aquello le ocurriera. El empleado de la
Universidad debió sentir algo de vergüenza y le dijo a nuestro
compañero que en verdad a él le hubiera gustado no haber llegado a
esta situación, que le habían informado de que nuestro compañero
era una persona muy competente y que en el fondo él simplemente se
había limitado a «hacer su trabajo».
Por desgracia, esa frase de «yo
hago mi trabajo» se la hemos escuchado ya demasiadas veces a los
funcionarios de las comisiones judiciales que ejecutan órdenes de
alzamiento y desahucian a familias de sus casas, a los sanitarios que
desatienden a inmigrantes enfermos sin permiso de residencia, a los
jueces y fiscales que encarcelan y torturan a personas inocentes y
solidarias, a los antidisturbios que rompen la crisma a quienes se
manifiestan por una sociedad más justa. Suponemos que también en la
Alemania nazi debió haber gente que les cuestionaba cosas a quienes
enviaban a seres humanos a los campos de concentración. Es muy
posible que ante la pregunta de por qué hacían lo que hacían, la
respuesta no fuera de ninguna complejidad ideológica. Seguramente
dirían, como el abogado de los Servicios Jurídicos de la
Universidad: «yo es que hago mi trabajo».
Aparte de la dolorosa frase «yo
hago mi trabajo», hay otra frase célebre que hemos escuchado
durante estos años a muchos funcionarios de la Universidad Carlos
III cuando alguien les critica su inacción o su falta de empatía
con el compañero que está más fastidiado que ellos. Es una frase
al mismo tiempo maternal y venenosa: «no te quejes, haber
estudiado una oposición.» ¡Como si pensaran que una fuerza
suprema e inmarcesible les tuviera asegurados sus puestos de trabajo
y que lo que les ha pasado a sus trescientos y pico compañeros de
trabajo despedidos en 2012 es fruto de su desidia o su falta de
tesón! ¿Será tan difícil sacudirse ese corporativismo y empezar a
pensar que solidarizarse y defender al compañero precario es la
mejor forma de asegurar el puesto de trabajo de uno mismo? ¿Es tan
complicado romper con los discursos torticeros de empresas de
servicios laborales como UGT y CCOO, que en lugares de trabajo como
la Universidad Carlos III de Madrid fomentan deliberadamente este
tipo de insolidaridad entre funcionarios de carrera y trabajadores
precarios? ¿Por qué llaman violentos, arribistas o amargados a los
compañeros «que no hicieron oposición» en vez de levantar
la voz junto a ellos y reivindicar unas condiciones laborales dignas
para todos? ¿Cuánto es el riesgo que un funcionario de carrera
asume por no «hacer su trabajo» un buen día de diario?
A nosotros, desde la CNT, no nos parece
que sea tanto, y sinceramente cada día nos estrujamos el cerebro
pensando cuál es el resorte mental que lleva a una persona a
desobedecer las órdenes, perder el miedo, solidarizarse con quien
está en una situación más precaria y romper la baraja de este
sistema absurdo en el que vivimos.
Nosotros, desde la CNT, como somos tan
radicales, tan violentos y estamos tan locos, seguiremos apoyando a
los funcionarios públicos de este país en la defensa de sus puestos
de trabajo y en la lucha contra los recortes laborales que les
imponga cualquier gobierno.
Y eso que el delegado de la sección de
CNT en la UC3M, después de lo que dijeron de él el otro día en el
juicio, últimamente viene a nuestras asambleas a pedirnos por favor
que dejemos de hacerlo.
http://cntuc3m.blogspot.com.es/2013/01/yo-hago-mi-trabajo-o-la-insolidaridad.html
