A mediados de junio del 2006 tenía lugar la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley 5/2006 que aprobaba la última reforma laboral de este país. Por primera vez, se jactaba el Ministro de Trabajo Jesús Caldera, que los agentes sociales y la patronal de mutuo acuerdo suscribían un pacto que iba a poner fin a la precariedad laboral y al abuso de los contratos de duración determinada. Para ello, en dicho acuerdo se recogía una batería de medidas de “fomento de empleo”, o sea, rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social para los empresarios.
Dicho Real Decreto-Ley sería convalidado en diciembre de dicho año por la Ley 43/2006 para la mejora y el crecimiento del empleo. Así le llamaron.
Esta semana, el nuevo Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, hacía público que el índice de precariedad en este país (número de contratos de duración determinada), había alcanzado un mínimo histórico: 31,4% (y ello, sin contar con el empleo sumergido, algo de lo que este país puede presumir en Europa).
Este es el resultado de la reforma laboral: del 33% pasamos al 31,4%. Si tenemos en cuenta que en el entorno de la UE la cifra está por debajo del 15%, entonces:¿qué han negociado los burócratas de la UGT y CCOO?
Cuando en el año 2005 se inicia el diálogo social que llevaría a cabo la negociación de la última reforma laboral, Jesús Caldera respondía en la prensa que España nunca se colocaría en las cifras de la UE en precariedad, debido a que los sectores económicos de este país necesitan trabajadores temporales. Debe ser que en los demás países no hay hostelería, ni construcción, ni transportes, etc.
Para ello sindicalistas de salón y políticos están de acuerdo en que para aminorar los índices de precariedad, hay que subvencionar a los empresarios para que transformen los contratos temporales en indefinidos.
En CNT lo tenemos muy claro: la precariedad laboral no se combate con medidas de fomento de empleo, sino eliminando la contratación a la carta que hay en este país, es decir: el fraude de ley legalizado.
Si el origen de la relación laboral es el contrato de trabajo, y este contrato es suscrito por dos partes desiguales, puesto que una es más débil (trabajador) que la otra (patrón), si la legislación laboral no cumple con su función de proteger a la parte más débil, impidiendo que la patronal pueda contratar y rescindir ese contrato cuando y como quiera, nos encontraremos con que la patronal va a abusar de ese privilegio para chantajear al trabajador a la hora de realizar su prestación laboral, pues si no aceptas las condiciones que se te imponen, se te rescinde el contrato sin que ello suponga un problema para el patrón.
Este chantaje va a operar en todos los institutos laborales: salarios, jornada laboral, seguridad e higiene, ritmo de trabajo, participación colectiva, etc.
El índice de siniestralidad laboral es la consecuencia más evidente de esta precariedad. Sucede más en los sectores y empresas piratas. No se trata de un hecho fortuito, sino de un hecho derivado de la explotación.
Por muchos fiscales o inspectores de trabajo que se nombren para velar por la normativa de seguridad laboral, mientras no se elimine el poder que tiene la patronal en la contratación: todo seguirá igual. Por eso nuestros compañeros en el pasado controlaban desde el sindicato la contratación con bolsas de trabajo y difundiendo la contraseña: niégate a trabajar sin la contraseña sindical.
Quien controla la contratación, controla toda la relación laboral, tanto en un plano individual como colectivo. Eso la patronal de este país (aves de rapiña) lo sabe muy bien, y no está dispuesta a cambiar aunque le subvencionen enteramente el contrato.
Que ¿qué han hecho UGT y CCOO otra vez? Lo único que saben hacer: Ni mejorar ni hacer crecer el empleo, sino darle de ganar al patrón, para que mejore su competitividad… a cambio de prebendas y canonjías.
