El sábado 1 de septiembre los sindicatos de CNT-AIT de la Región de
Murcia, celebramos un día de lucha en solidaridad con dos compañeros,
Josemi y Paqui, que sufren represión sindical por su militancia
confederal. Por la mañana en Puerto de Mazarrón y por la tarde en Santiago de la
Ribera celebramos sendas manifestaciones, participando en cada una de
ellas algo más de medio centenar de compañeros.
Al finalizar la manifestación del Puerto de Mazarrón un compañero del
sindicato de Lorca, leyó un comunicado en el que se reivindicaba la
contratación del compañero Josemi por las empresas que gestionan el
servicio de aguas en Mazarrón, conforme a lo acordado por la empresa en
sede Judicial, asi como se denunciaba la actuación del equipo de
gobierno municipal, que pese a ser ellos los que pagan a las empresas y
el compromiso manifestado verbalmente de mediar en el conflicto, no hace
nada por la resolución del conflicto, no solo eso, sino que un hijo de
uno de sus concejales ha sido contratado obviando el derecho preferente
de reincorporación que tiene nuestro compañero. Constatando que la
nueva empresa que presta servicios municipales de agua, solo puede tener
un motivo para no contratar a Josemi, su pertenencia a CNT. Para finalizar proclamo nuestra intención de seguir en la lucha hasta
conseguir la reincorporación de Josemi, e hizo un llamamiento a
participar en la manifestación que tendría lugar esa tarde en Santiago
de la Ribera (San Javier).
A igual que en la manifestación de la mañana durante la celebrada en
Santiago de la Ribera, coreamos consignas denunciando las actuaciones
de los ayuntamientos de San Javier y Mazarrón, reclamando el derecho a
un trabajo digno, y a un sindicalismo sin liberados y sin
subvenciones. Al finalizar la manifestación un compañero del sindicato
de Pilar de la Horadada leyó un comunicado en el que se denunciaba que
el ayuntamiento de San Javier niega a Paqui el derecho a un trabajo
acorde con la fibromialgia que padece.
Una vez leído el comunicado se procedió a recoger firmas para
presentar un recurso colectivo de amparo al Defensor del Pueblo de la
Región de Murcia para que inste al equipo de gobierno del Ayuntamiento
de San Javier a destinar a Paqui a un puesto de trabajo que no agrave
los efectos de su enfermedad.
Para terminar la Jornada una compañera del sindicato del Altiplano dio lectura a unos versos de un compañero. Los equipos de gobierno de los ayuntamientos de Mazarrón y San Javier protagonizaron los únicos incidentes de la jornada, pretendiendo callarnos para que los ciudadanos no tengan conocimiento de sus actuaciones. El Ayuntamiento de Mazarrón intento impedir la manifestación,
alegando que debería ser prohibida por la celebración de un curso de
buceo próximo al itinerario de la misma.
El Alcalde de San Javier, con el mismo objetivo de acallarnos, días
antes de la manifestación celebró una reunión con Paqui a la que insto a
que desconvocar, pues estamos siguiendo un camino equivocado, que con
él las presiones no funcionan, que diéramos muestras de buena fe
desconvocando la manifestación, y ya se vería después. Es de suponer,
que el señor alcalde desee que con él la forma de relacionarse sea
inclinarse de rodillas, en espera de que tenga a bien concederte su
favor. Presuntamente pensará que los trabajadores de “su” Ayuntamiento
no tienen derechos, sino favores que él libremente otorga, cual
reyezuelo de taifas.
Una vez fracasado el intento de suspender la manifestación, el equipo
de gobierno del Ayuntamiento de San Javier, no cejo en su empeño de
silenciarnos. Cuando nos preparábamos para iniciar la manifestación los
agentes de la policía municipal, nos informaron que tenían orden de su
jefe para que en la manifestación no se usara megafonía, ni se
repartiera propaganda, que en caso de incumplimiento procedieran a
identificar y denunciar a los infractores. Después de un intercambio de
opiniones con los agentes municipales, en el que se negaron a darnos por
escrito las prohibiciones que nos querían imponer, iniciamos la
manifestación sin ningún incidente más, y en espera de las sanciones por
el incumplimiento de las ordenanzas municipales.