Aunque el BCE rescate o no a los bancos españoles, la economía seguirá en crisis, la solución no pasa por ayudar a los responsables de la situación actual.
Daniel Marty (ICEA) | Periódico CNT
Fotografía: Olmo Calvo
Probablemente la situación incluso empeore bajo el mandato del actual gobierno neo-liberal/conservador de Mariano Rajoy, quién parece incapaz de salirse del guión redactado según los principios neo-liberales de la fundación FAES2 , el “think-tank” del Partido Popular.
Uno de los titulares del New York Times del 15 de noviembre de 2012 decía: “España: Nuevos límites para los desahucios” en el cual su autor acertadamente decía que los jueces españoles habían pronunciado 350.000 desahucios desde que empezó la crisis. Esta cifra significa que entre 1,5 y 2 millones de personas han sido desahuciadas, es decir entre un 3% y un 4% del total de la población.
Veamos lo que significa exactamente esta crisis para la población y comparemos las distintas soluciones ofrecidas por el gobierno por un lado y por las organizaciones ciudadanas por el otro.
La situación actual. Estadísticas
Mientras escribo estas líneas, más del 26% de la población activa está actualmente desempleada, el 22% de los hogares españoles viven bajo el umbral de pobreza y el 25% de la población se ve amenazada de exclusión social. Ya ha habido 350.000 desahucios desde el comienzo de la crisis en 2007 y actualmente 532 ejecuciones hipotecarias se están lanzando diariamente. Lo que estas estadísticas no mencionan son los terribles efectos psicológicos que la falta de esperanza está causando sobre las españolas y españoles, muchos temen el futuro y no le ven una salida a la crisis.
La Ley Hipotecaria española de 1909
Parece que una antigua ley hipotecaria de 1909 les da a las financieras el derecho de echar a una familia de su casa y luego pedirle el resto de la deuda. Tal vez sea bastante difícil de entender cuando uno no está familiarizado con el sistema legal español, así que voy a intentar explicar cómo funciona.
Cuando resulta que ya no puedes hacer frente a los pagos de tu hipoteca, tu primera experiencia con el proceso de ejecución hipotecaria empieza cuando te contacta un empleado del banco (por teléfono si tienes suerte o simplemente por mensaje telefónico si no la tienes) que te regaña por ser un “deudor delincuente”. Tras unos meses o un año, cuando finalmente un juez dicta sentencia diciéndote cuanto le debes al banco, se subasta tu casa. Sin embargo, la única parte interesada en la adquisición de tu vivienda es el mismo banco que, de acuerdo con la Ley Hipotecaria de 1909, pagará tan sólo un 60 % de su valor de tasación.
¿Puedes entonces imaginar las consecuencias? Déjame darte un ejemplo.
Imagina que le debes 80.000€ a la compañía financiera. No puedes pagar y un juez ordena la venta de tu vivienda valorada en 100.000€ a través de una subasta. Podrías pensar “¡Bien! Por lo menos, puedo pagar lo que debo”. Error. La compañía financiera irá a la subasta y muy probablemente pagará sólo el 60% de su valor de tasación (el mínimo legal). Es decir 60.000€. Te quedas con una deuda de 20.000€ que tendrás que pagar cómo sea más gastos administrativos más intereses, por lo tanto podrías acabar con una deuda de 40 o 50.000€.
Esto es lo que ha ocurrido a 350.000 familias desde que comenzó la crisis, y esto es a lo que se enfrentan más de un millón de personas en este mismo momento en España.
¿Cómo nos ve el resto del mundo?
El 10 de agosto de 2012 las Naciones Unidas publicaron un informe llamado “Sobre una vivienda adecuada” por Mrs. Raquel Rolnik, Relatora Especial de las Naciones Unidas. En este informe, es interesante ver cómo cita a España, junto a otros como Estados Unidos e Irlanda, como ejemplo negativo por tener una política sobre la vivienda especialmente dura. Rolnik dice que los sucesivos gobiernos de España jamás han intentado realmente reformar su política de la vivienda para favorecer a la población, a pesar del artículo 47 de la Constitución Española que establece muy explícitamente que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.” En su lugar, los gobiernos españoles tanto de izquierda cómo de derecha siempre han promovido una política de la vivienda que favoreciese a las élites y a las corporaciones financieras e industriales.
El 8 de noviembre de 2012, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE Juliane Kolkott declaró que “la normativa española es “incompatible” con la directiva europea 93/13 sobre términos de contrato injustos”. A fecha de hoy, algunos jueces han anunciado que no seguirán con los actuales casos de ejecución hipotecaria hasta que se reforme el sistema legal español y sea compatible con la directiva europea 93/13 sobre los derechos del consumidor.
Moralidad y legitimidad
Cabe preguntarse qué clase de legitimidad moral tiene un gobierno cuando es responsable de administrar un sistema en el cual familias enteras incluyendo mayores, niñas y niños, personas minusválidas son expulsadas de sus casas y metidas en deudas inasumibles. ¿No debería un gobierno mantener estas personas? ¿No debería proteger a sus ciudadanas y ciudadanos?
El artículo 47 de la Constitución española de 1978 se creó para dar a los españoles el derecho de gozar de una vivienda decente y adecuada. Recoge las palabras del artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
Por mucho que digan los ministros y políticos, el gobierno español tiene claramente el poder y la capacidad de cambiar las leyes actuales sobre alojamiento. ¿Quién en definitiva es responsable de la aplicación de la Constitución? O, podría preguntarse uno ¿Está el gobierno español actual orgulloso de deliberadamente ir en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de su misma constitución?
¿Qué más se necesita a nivel institucional para parar este desastre?
Gobierno contra ciudadanos
El 9 de marzo de 2012, el actual ministro de economía (también consejero de Lehman Brothers Europa entre 2006 y 2008 y director de su filial en España y Portugal), Luis De Guindos lanzó el conocido “Código de buenas prácticas” llamando a la buena voluntad de las compañías financieras para que detuviesen los desahucios en los casos extremos.
A pesar de presumiblemente profundo conocimiento de la naturaleza de las corporaciones financieras, De Guindos parece haber sobrestimado su “buena voluntad” con la gente de carne y hueso. Sin lugar a dudas ya dice mucho que, a pesar del “código de buenas prácticas” los desahucios han seguido au-mentando de 517 a 532 al día entre marzo y noviembre.
En noviembre de 2012, con las protestas y quejas de las organizaciones ciudadanas, sindicatos de policía, asociaciones de jueces y juristas y la publicación por los medios de varios casos de suicidio, el gobierno lanzó un segundo decreto para detener los lanzamientos de las personas (una vez más) en las situaciones más precarias. Sin embargo, lo que el gobierno de Mariano Rajoy no tiene en cuenta en este decreto es la amplia mayoría de personas afectadas. Se puede decir que casi todas las personas que ha sufrido un desahucio están en una “situación precaria”, pero no se considera que su situación sea lo bastante precaria para beneficiarse de la protección del decreto. Por ejemplo, ninguna de las personas investigadas por los medios que se quitaron la vida estaba en una situación lo bastante “precaria” cómo para acogerse a este real decreto.
¿Qué soluciones necesitamos?
En 2007, un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Barcelona iniciaron la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En 2012, esta organización se extendió por todo el país. El propósito de esta plataforma es ayudar a las personas proporcionándoles información, conocimientos, confianza y apoyo para que la situación sea visible en España y por el mundo entero. En el corto plazo, el objetivo es pedir al gobierno que modifique la ley hipotecaria para paralizar los desahucios, eliminar cualquier deuda una vez trasladada la propiedad de la vivienda al banco y establecer un parque de viviendas con un alquiler social según ingresos.
La existencia de esta plataforma ha demostrado la importancia de la presión pública y lo eficaz que puede llegar a ser cuando la gente se organiza. Todos aquellos pequeños cambios introducidos por el gobierno se han producido gracias a la presión pública. El gobierno de Mariano Rajoy parece incapaz de reaccionar de manera constructiva a la crisis y las soluciones factibles que se han propuesto han venido de organizaciones de la base como la PAH. La esperanza sólo existe cuando hay alternativas viables que sabes que se pueden alcanzar. Y esto es precisamente lo que la PAH está ofreciendo a los españoles: ALTERNATIVAS reales a corto plazo.
No existe otra manera de encontrar una solución socialmente justa a la crisis de la vivienda: la gente debe reaccionar a la crisis unida y organizarse con el objetivo de influir sobre el proceso político. Y estas son sólo algunas de las maneras que ha iniciado para llegar al éxito.
