DOSIER: Acción social y solidaridad | Ilustración de Lolomotion | Extraído del cnt nº 428
El Estado español acaba de ratificar la actualización del acuerdo, 25 años después de su revisión. ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Qué cambia para la clase obrera?
La alargada sombra de la pandemia ha resucitado viejos (y actuales) fantasmas de la crisis económica de 2008. Imágenes de personas sin sus más mínimos derechos defendidos, sin techo, sin trabajo, pidiendo una ayuda social que no llega, sin alternativa ni red. Hemos visto cómo la luz (esa que tanto se ha encarecido mes a mes) se cortaba a personas en situación de riesgo social; cómo se desahuciaba a familias con personas enfermas, dependientes o menores; cómo se extorsionaba y explotaba a trabajadoras y trabajadores en ERTE, en ERE encubiertos o con contratos temporales. Ante esta realidad, pensar en poner en marcha una ‘Constitución social Europea’ podría sonar de maravilla. O no.
Una Constitución social europea, tarde y mal
Para empezar la Carta Social Europea se trata de un acuerdo o un compromiso que llega tarde y mal. Se trata de un documento que empieza sus andaduras en los años 50, pero no es hasta 1961 cuando se aprueba el primer texto. De entonces son algunas de las propuestas sobre derechos sociales de las personas europeas, más pensado en unificar criterios de los países sobre las condiciones de sus ciudadanos que en una unidad real europea. De entonces, de hace 60 años, son los compromisos que España tiene actualmente. Decimos esto porque no fue hasta 1996 cuando se revisan esos derechos, se actualizan al marco jurídico actual de la UE y se amoldan a las exigencias de las ciudadanía. Punto importante este, ya que la visión sobre las libertades o derechos de las personas han ido creciendo y también la responsabilidad que los Estados deben adoptar para hacer que se respeten. Pero ni los derechos de hace más de 60 años se cumplen en el Estado Español.
Un estado que aunque firmó la actualización de la Carta en 2000, no ha sido hasta este año cuando la ha ratificado. Esto significa que hasta el 21 de julio de 2021, no entra en vigor los compromisos, las voluntades y la garantía de derechos que ya llevan más de 25 años sobre el papel escritos. Una espera que fue duramente criticada, porque ya eran 33 países del Consejo de Europea quienes lo habían ratificado y España no lo hacía pese a no haber impedimento legal o legislativo alguno. Para empezar, el Estado español ya ha sido más de una vez amonestado al no cumplir ni los compromisos del documento de 1961 (que España no ratificó hasta 1980). Si en esta revisión las exigencias son mayores, ¿cómo se cumplirán?
España, país que incumple los acuerdos pero ratifica su ampliación
«El Comité considera que la ausencia de la información solicitada asciende a un incumplimiento de la obligación de informar suscrita por España en virtud de la Carta de 1961. El Comité pide al Gobierno que para remediar esta situación proporcione la información en el próximo informe». Así se cierra un análisis que hicieron en 2016 tras el análisis de 15 expertos independientes del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre cómo España aborda estos compromisos. Un estudio que hicieron no solo con información del Estado sino también de organismos y agentes de la sociedad civil. Que la principal queja sea la falta de información, de transparencia y el silencio administrativo, ya dice mucho de cómo de serio se toma un Estado los derechos sociales de la ciudadanía.
En el informe se detalla que son hasta seis los acuerdos que España incumple sobre todo en el apartado de protección a la infancia y a la familia. El primero tiene que ver con la actual figura del becario o becaria. Una trabajadora en formación pero que en fraude de ley sustituye a otra trabajadora, realiza funciones de manera autónoma en muchos casos e incluso llega a tener responsabilidades. Eso sí, sin el sueldo ni la cotización debida. A veces hay una remuneración, otras veces una ‘ayuda al transporte’ y en otros nada. Incluso costosos masters que son obligados a pagar para poder trabajar gratis en la empresa. El reporte dice que España no cumple con el artículo 7.5 de la Carta Social Europea, que detalla la obligación de los firmantes de «reconocer el derecho de los jóvenes trabajadores y aprendices a un salario justo u otras remuneraciones apropiadas».
El segundo señalamiento es más amplio. Se trata del artículo 16 sobre «el derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica» en el que se establece que para «garantizar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de la familia», los firmantes se comprometen a «promover la protección económica, jurídica y social de la vida familiar por medios tales como prestaciones sociales y familiares, beneficios fiscales, provisión de vivienda, ayudas para recién casados, y otras medidas». ¿Alguien en la Cañada Real cree que estos derechos se han defendido? ¿Que el Estado ha ejercido su responsabilidad para que volviera la luz a centenares de casas en medio de una ola de frío? ¿Alguien que ha sido desalojado de su casa sin alternativa habitacional cree que España ha cumplido el compromiso?
Las personas migrantes, las más desprotegidas
El artículo 19, sobre «el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia», sería el que más incumplimientos tiene. Hasta cuatro preceptos señalaron los expertos que son urgentes que España empiece a cumplir, destacando que el Estado no debe poner impedimentos para que se produzca la reunificación familiar de los trabajadores extranjeros. Otro punto, el 19.10, también se incumpliría: el que compromete a «extender la protección» de los trabajadores inmigrantes por cuenta ajena a los que se emplean como autónomos, y el 19.3, por el que debería «promover la cooperación entre los servicios sociales, públicos y privados entre los países de emigración e inmigración».
Otros puntos que señalan como incumplidos es la obligación de garantizar los “servicios gratuitos adecuados para ayudar a este tipo de trabajadores, sobre todo para la obtención de información precisa, y tomar todas las medidas convenientes, en la medida en que las leyes y los reglamentos nacionales lo permitan, contra la propaganda engañosa sobre la emigración y la inmigración». Sanidad universal gratuita, acceso a los Servicios Sociales, información veraz para regular sus documentación, promoción propia de estos servicios (y dejar de externizarlos o dejarlos solo en manos de las ONG), además de actuar de forma contundente contra los ataques que la población migrante recibe, su discriminación o la apología de la xenofobia. Algo que la extrema derecha se ha empeñado en hacerlo justo al revés.
Silencio administrativo culpable
Por último se acusa a España de no dar información sobre temas como la garantía de que los menores tengan acceso a la educación incluso si trabajan en alguna de las actividades permitidas; tampoco quiere mostrar información sobre el despido por maternidad (obligación de «considerar ilegal que un empleador dé aviso de despido a una trabajadora durante su baja por maternidad o lo haga en tal plazo que el aviso vaya a expirar durante este permiso»; o sobre expulsiones en caliente, CIEs y demás atropellos contra las personas migrantes («asegurar que los trabajadores inmigrantes que residan legalmente en su territorio no son expulsados a menos que pongan en peligro la seguridad nacional u ofendan el interés público o la moralidad»).
¿Y qué pasó con este informe? Prácticamente nada. Entonces, si se puede prometer una cosa y no tener prácticamente consecuencias incumplirlo, ¿de qué sirve la Carta Social Europea? Para los legalistas dirán que es una puerta para poder pelear los derechos reconocidos en los tribunales europeos, pero para la inmensa mayoría de las ciudadanas y ciudadanos es papel mojado. Hasta que los compromisos supongan algo más que una foto, no sean apartados a algo secundario ante el primer signo de crisis económica, las posibles sanciones lleguen tarde y los beneficios de muchas empresas no estén por encima de las promesas que aquí se hacen, la Carta Social Europea seguirá siendo humo como los últimos 60 años.
