Los sucesivos gobiernos estatales del régimen post-franquista utilizan la Constitución Española como martillo de herejes. Y no sólo por la aplicación del 155. En cambio, cuando se les recuerda el artículo 47 de su sagrada C.E., que dice eso de «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», miran hacia otro lado.
Que una necesidad básica, como es la vivienda, sea un quebradero de cabeza para gran parte de la clase trabajadora, no es un pequeño fallo, una desviación o una incongruencia entre oferta-demanda. Es la misma esencia del sistema capitalista que solo entiende de beneficios.
Mientras la riqueza se concentra en manos de unos pocos, se rescatan Cajas de Ahorro, como Bankia, o se regala por 1 € el Banco Popular, a nosotr@s nos quedan salarios bajos, precariedad o desempleo, hipotecas a cuarenta años, miles de desahucios, cortes de suministros, alquileres altos…
Bueno, no pasa nada. La economía se está recuperando, el paro baja y el gobierno del PP va a sacar el «Plan Estatal de Vivienda 2018-2021», con el que jóvenes, pensionistas y familias podrán, por fin, acceder a esa vivienda digna que dice el Artículo 47.
Este Plan de Vivienda sigue en la estela y la filosofía de los planes anteriores, que tan «buenos» resultados han dado: utiliza los recursos públicos para transferirlos a intereses privados. No sólo las familias están a la expectativa para saber cuál es la cuantía que pueden recibir, sino también constructoras y, sobre todo, fondos buitre, que quieren sacar tajada del mercado inmobiliario.
Suponemos que no se habrán dado cuenta de que en el Estado español se ha construido más que en media Europa, mientras que los precios no hacían más que subir, porque se vuelve a insistir en el fomento de la construcción y, encima, se dan ayudas a las empresas para que la lleven a cabo. La diferencia reside en que ahora el requisito es que estas viviendas nuevas se destinen al alquiler (durante 25 años como mínimo) o que sean para mayores de 65 años. Sin olvidar, por supuesto, las ayudas a la rehabilitación de inmuebles. ¿Utilizarán los fondos buitre estas obras para subir los alquileres y expulsar a las vecinas de los barrios? ¿Cuántas personas se podrán permitir reformar esas viviendas en ruinas, cuando no pueden ni llegar a fin de mes? Que no falte la coletilla de la eficiencia energética, para construcciones posteriores a 1996, con la que subirse al carro ecologista.
Igualmente, se insiste en el timo de las hipotecas convenidas, a tipo fijo, como dicen ahora los voceros del capital, y las ayudas a la adquisición de vivienda.
¿Y para esa juventud precaria que sueña con irse de casa de sus padres? Se repite la misma historia: ayudas al alquiler, que ya produjeron alzas en el coste de esas viviendas.
Otro cambio, respecto a planes anteriores, es que en estos años se ha producido un fenómeno terrible, que ha afectado a cientos de miles de familias: los desahucios. Y la solución es que el banco malo (la SAREB) y otras entidades que se quieran sumar voluntariamente a un acuerdo, pongan precio al alquiler de las viviendas, entre 150 y 400 €, que serán ofrecidas a las familias desahuciadas. Éstas, a su vez, podrán recibir una subvención para pagar este alquiler social. Primero se rescatan bancos, luego éstos se quedan con los pisos y las familias con la deuda, y finalmente se paga a los primeros para que pongan a disposición de las familias unos pisos que llevan años vacíos.
Este mismo gobierno, que vende humo, se dedica a recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes autonómicas, como la catalana, que mejoran en algo -lo cual no es muy difícil- la legislación estatal en esta materia. Este mismo partido, junto a su marca blanca Ciudadanos, se ha negado a admitir a trámite una Iniciativa Legislativa Popular que buscaba crear una «ley urgente por el derecho a la vivienda», en la cual se introducían la cesión de uso de viviendas vacías de bancos y grandes tenedores, el alquiler en base a los ingresos, participación vecinal o el principio de prudencia, para que el monopolio energético no pueda dejar a las familias sin suministros básicos, algo que tantas muertes ha producido ya.
Mientras esto ocurre, el pasado 3 de marzo se realizaba en Madrid una gran manifestación para presionar al Partido Popular y exigirle que no vetase la tramitación de la Ley de Vivienda propuesta por la PAH, que es una reforma legislativa urgente y de mínimos: dación en pago retroactiva, parque de vivienda social, ni un desahucio más, alquileres asequibles y suministros garantizados…
Mientras tanto, el movimiento seguirá luchando día a día, en la calle, contra bancos, fondos buitres y poderes públicos. Defendiendo a nuestras vecinas y recuperando viviendas vacías.
Nos levantamos y les decimos: SI SE PUEDE.
Secretariado Permanente del Comité Confederal
