El gobierno español, continuando con las políticas neoliberales emanadas de la patronal y los sistemas financieros, ha perpetrado una nueva propuesta de reforma del mercado laboral. La intención, como de costumbre, es hacer creer a los trabajadores que las medidas anticrisis pasan ineludiblemente por flexibilizar aun más las ya hiperflexibilizadas relaciones laborales existentes. Poco importa que la principal causa de la crisis que padecemos los trabajadores haya arrancado de la acción especulativa en la que se sustenta el modelo económico actual; el gobierno, lejos de poner freno a los movimientos especulativos, ha decidido, -y en ello cuenta una vez más con el respaldo de de los principales agentes económicos-, profundizar en dicho sistema y hacer que el peso de la crisis recaiga una vez más en los hombros de la clase trabajadora.
Ahora se aduce que la crisis viene condicionada por la rigidez del sistema de contratación, y como no podía ser de otra manera, hay que meterle mano a los salarios de los trabajadores. La palabra flexibilidad se convierte, por arte de reiteración, en sinónimo de competencia. De nada vale que la falta de competitividad estatal venga dada por la inexistencia de sistema productivo estable y que su economía se haya basado en los últimos tiempos en una desaforada especulación de capitales asociados fundamentalmente al sector inmobiliario. Otra vez nos tocará pagar la crisis a los mismos de siempre.
Por el contrario, el gobierno sigue siendo incapaz de proponer un incentivo a la contratación indefinida y sigue centrándose en conceder exenciones fiscales y ayudas indirectas a la práctica totalidad de los contratos eventuales que ya existen. Así, no es de extrañar que España sea de los estados de Europa con mayor flexibilidad contractual, muy por encima de la media de la UE.
Las propuestas continúan siendo tan ambiguas como peligrosas y profundizan en la línea de anteriores reformas:
1. Ajustar el contrato a tiempo parcial a voluntad del empresario, o lo que es lo mismo, convertir uno de jornada completa en eventual sólo con criterio “objetivo” empresarial. Pues bien, a la vista de la cantidad de contratos en fraude de ley, hay que ser muy ingenuo para pensar que la patronal posee criterio “objetivo”.
2. Una mayor utilización de los contratos de formación que redundará en empleo precario y mal pagado.
3.Abre la puerta para que las Empresas de Trabajo temporal puedan transformarse en empresas con ánimo de lucro (uno de los objetivos más claros de la patronal). Paradójicamente el gobierno afirma su intención de que dicho coste no sea asumido por los trabajadores, cuando ya hoy en día es una práctica que comienza a extenderse, tanto por las ETT’s como por las empresas de colocación. Además las ETT’s podrán actuar en los sectores hasta ahora vedados para ellas como la construcción o las administraciones públicas.
4. Control del absentismo laboral, porque en un juego de tergiversación sonrojante, la incapacidad temporal por motivo de enfermedad se ha convertido para ellos en “absentismo laboral”. El control de incapacidad temporal por pequeña que sea recaerá en las mutuas en conjunción con el Instituto Nacional de la Seguridad Social que suministrará datos privados del trabajador a un ente empresarial y privado para hacer desaparecer así sus derechos sociales. No deja de ser curioso que se preocupen tanto por el control de las bajas por enfermedad pero no por las enfermedades profesionales, los accidentes laborales o la mala praxis de las mutuas.
En fin, una reforma que nos retrae a tiempos pretéritos de especial dureza para la clase obrera. Por tanto, a CNT no le queda otra opción que articular la movilización contra una serie de medidas que, nuevamente y con la excusa de la crisis, recae en los mismos de siempre.
