La negociación abierta por el gobierno para la renovación del concierto sanitario de MUFACE con las aseguradoras privadas y el sensible incremento en la asignación presupuestario que finalmente, según publican los medios, será de más de un treinta por ciento, nos lleva, como organización sindical, siguiendo acuerdos congresuales, en especial el que se refiere a la defensa de una sanidad pública, a manifestar nuestra tajante oposición a la perpetuación de un régimen sanitario que quiebra la necesaria unidad de nuestro sistema público.
Así, por describir el itinerario seguido hasta el momento presente, hay que recordar que la Mutualidad de Funcionarios de la Administración civil del Estado (Muface) fue creada durante el franquismo para, entre otros objetivos, lograr el apoyo de los empleados públicos, otorgándoles algunos privilegios, entre ellos, el poder acudir a la sanidad privada, todo ello pagado naturalmente con dinero público.
Tras el fallecimiento del dictador, a pesar del objetivo marcado de integrar los diferentes regímenes especiales, entre ellos MUFACE, ISFAS, MUGEJU, lo cierto es que ningún gobierno, del signo que fuese, se ha atrevido a abordar la normalización e integración en el régimen general.
En la actualidad en MUFACE existen casi un millón y medio de mutualistas (entre titulares y beneficiarios) de los cuales poco más de un millón son atendidos por aseguradoras privadas (ASISA, ADESLAS, DKV) y alrededor de medio millón ha elegido ser atendidos en la Seguridad social.
Esta era la situación hasta el año pasado en el que vencía el convenio vigente, momento elegido por las aseguradoras privadas para amenazar, sino se incrementaba significativamente la asignación económica destinada a la prestación del servicio, de no concurrir a la licitación, dejándola desierta. Y el gobierno, pese a las discrepancias internas y a existir un informe del propio Ministerio de Sanidad que defendía la viabilidad de integrar en el régimen general a los mutualistas, ha terminado cediendo, aumentando el precio de la licitación en un 33%, cuatro mil ochocientos millones de euros (4.800.000 €) para el próximo cuatrienio, que servirán para mantener y perpetuar el actual sistema obsoleto e injusto.
Se trata, otra vez, de una cesión ante intereses privados que cuestionan nuestra sanidad pública en un momento en el que se hace necesario que nunca defenderla con uñas y dientes: desde la CNT exigimos al gobierno que no ceda ante lo que no deja de ser un chantaje, y defienda nuestra sanidad pública, permitiendo la integración de la asistencia sanitaria de los funcionarios en el régimen general.
