Avisábamos hace meses de lo que se avecinaba. El 15 de octubre salíamos a la calle para defender las pensiones y salarios y poníamos el foco en los planes privados de empresa, cuyos colaboradores necesarios son sindicatos firmantes de todo lo que les ponen delante o llevan décadas firmando planes de pensiones que escapan al control de sus teóricos beneficiarios y del sector público.
Anticipábamos que las corporaciones sindicales engrosarían su ejército de burócratas, mientras despojan a las personas a las que dicen representar de su derecho a la pensión.
Poníamos ejemplos en octubre de cómo habían empezado en la construcción. Cómo es de peligroso implementarlo en un sector cuyas subcontrataciones constituyen una muñeca rusa de empresas que aparecen y desaparecen y cómo será de imposible seguirle la pista al dinero de tu pensión. Si en banca ha sido un fraude, en el resto de los sectores el dinero de la pensión se va por un sumidero directo a patronal y negociadores corruptos que solo se representan a sí mismos y a sus intereses.
A cinco días de las movilizaciones anunciadas para el 19 de noviembre, con una inflación galopante, estos actores se han reunido para reactivar la negociación del V Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), en la sede de la patronal y “podrían aceptar que parte de las subidas de sueldo que se pacten para los próximos años sean sustituidas por aportaciones a los planes de pensiones, como se ha hecho en el convenio sectorial de la construcción”.
Poco les ha durado a estos supuestos representantes de las trabajadoras la promesa hecha en la primavera de que exigirían cláusulas puras de revisión de sueldos con el IPC, asegurando que nadie acogido a un convenio perdería poder adquisitivo ante la empinada inflación. ¿Por qué? Porque así se perpetúan a nuestra costa, mientras enlazan el AENC con el trampantojo del Pacto de Rentas. Y ya han dicho lo que sabíamos: que el convenio de la construcción es el ejemplo a seguir.
Del escaso 10% de subida que iban a repartir en tres años, se van a quedar con 3,75% para los planes de pensiones de empleo (PPE), una “mordida legal” para los ricos y burócratas sindicales. Ojo al dato: en 2022 el salario iba a subir un 4% y ahora sólo va a subir 2,5%, mientras te quitan un 1,5 para “aportaciones” a los PPE. De cada raquítica subida anual para 2023, 1/3 no la vas a ver siquiera en tu salario, pero en 2024 al salario va un 1,75% de subida y al plan, un 1,25%, casi la mitad. Es brutal.
Pero hay más: Nos venden que las aportaciones que hacen las empresas a los planes de pensiones de empleo son rentas de los trabajadores, salario de los trabajadores. Y no lo decimos nosotras, lo dice Fernando Luján, secretario confederal de UGT, que además afirma que “podemos transitar por este salario diferido a la hora de llegar a acuerdos con la CEOE y con CEPYME que den estabilidad al país con un Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva”. Si es salario, queremos elegir si lo queremos en nuestro bolsillo o en el bolsillo del patrón.
Y para completar nuestra indignación, Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, defiende que «con una inflación tan elevada, la promoción de los planes de pensiones de empleo es una oportunidad».¿Para quién?. Y lo borda aún un poquito más:»En la construcción se ha conseguido una cláusula de revisión salarial vinculada al plan de pensiones, que no es inflacionista y esto puede ayudar a que haya acuerdos». Este razonamiento para no subir salarios coincide con la patronal, qué casualidad.
Aún quedan más puñales por la espalda a la clase trabajadora de este gobierno tan progresista que saca nuestro dinero del bolsillo para ponerlo en el de la patronal, pues le sobra tiempo para tocar el código penal y llevar a la cima su doble vara de medir: Mientras suaviza consecuencias por las transgresiones de los políticos (sedición, suprime el Capítulo I del Título XXII, arts.544 al 549),también modifica el artículo 557, y, sobre todo, modifica el artículo 557 bis, para penalizar las protestas pacíficas, como sigue:
«Los que, sin hacer uso de violencia o intimidación y sin estar comprendidos en el artículo anterior, actuando en grupo invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código.»
Suavizar las penas de los políticos por sedición, mientras se endurece el código penal, criminalizando las protestas pacíficas. Esta reforma va más allá del intento de 2015 en que había que demostrar violencia e intimidación. Ahora, un paso más: se explicita que las protestas no-violentas pueden ser delito. ¡Y ellos iban a derogar la Ley Mordaza!
Esto se pone muy feo como no prestemos atención a la negociación colectiva y a las reformas que nos está metiendo este gobierno de “izquierdas”, que son a la clase trabajadora de este país, puñales por la espalda.
