Los
atentados en Barcelona a finales del siglo XIX permitieron a las autoridades
lanzar una oleada represiva contra organizaciones y personas que se oponían a
la floreciente sociedad burguesa. El teniente Narciso Portas fue el principal
responsable de la represión y por ello fue condecorado.
D. Font | Periódico CNT
En
base a la Ley de 1894, la primera ley anti-terrorista del Estado español, se
creó una unidad específica cuyo fin era la represión del movimiento anarquista
organizado con la excusa de los atentados. Narciso Portas Ascanio (La Habana, 1861 – Barcelona, 1934) fue nombrado Jefe de la Brigada
Especial de la Policía Judicial, empleada en la lucha contra el terrorismo.
Teniente de la Guardia Civil cuando, tras el atentado con bomba en el Liceo
(1893), le fue encomendado el esclarecimiento de su autoría. Tres años más
tarde, fue también responsable de la persecución y detención de los presuntos
autores del atentado de Cambios Nuevos. De hecho fue por esta investigación por
la que asumió el cargo de Jefe de la Brigada Especial. Los testimonios de
Tarrida del Mármol y de la Revista Blanca hacia la persona de Narciso Portas
son bien claros. Tras la bomba de Cambios Nuevos del 7 de junio de 1896, las
posteriores redadas policiales llevaron a Juan Montseny, fundador de la Revista
Blanca, a ser detenido como tantos anarquistas y federalistas de la época. En
la cúspide del cuerpo represivo estaba el Presidente del Gobierno en Madrid,
Cánovas del Castillo. Ahora bien el brazo ejecutor era Narciso Portas conocido
como el «Botxí de Montjuïc». Tarrida del Mármol lo denominó en sus conferencias
europeas «El nuevo Torquemada». Por aquellos años circulaban por España y
Europa panfletos como el testimonio de Francisco Gana y certificados de dos médicos, titulado: «Spanish Tortures! Oficial
Tortures!». Los nombres de los torturadores que aparecían eran: teniente
Narciso Portas, como el principal responsable, José Mayans, Manuel Carreras,
Tiburio Estorqui, Félix Corral, Rafael Mayans Botas, Cirilo Ruiz Osma y Leandro López Parralles.
La lista de los implicados es larga y
los jueces también jugaban su papel. En este sentido, otro de los símbolos de
la represión la encontramos en el juez instructor del caso de Cambios Nuevos,
el teniente coronel Enrique Marzo como cara visible de unos juicios
completamente fuera de lugar y cargados de irregulares. Fue Marzo el que puso a
sus órdenes al teniente de la Guardia Civil Narciso Portas. Como recoge el
expediente de Portas, contaba con una gran experiencia en la represión de las
protestas obreras y atentados de terrorismo por lo que había recibido la Cruz
de 1ª Clase del Mérito Militar con distintivo blanco y había sido propuesto
para Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III. Las detenciones
comenzaron al día siguiente con 38 detenidos, cifra que fue creciendo hasta los
400 tal y como explica Teresa Abelló en su artículo El proceso de Montjuïc:
La condena internacional al régimen de la restauración. A los pocos días,
la cárcel de Barcelona estaba completamente abarrotada y se fueron efectuando
trasvases de presos al castillo de Montjuich que da nombre al proceso judicial.
Las autoridades, una vez más, aprovecharon la indignación que el atentado
produjo en la población y el ambiente de venganza que la prensa conservadora
había promovido, para poner en marcha un escarmiento que alcanzó a todos
aquellos grupos que se oponían al sistema.
Represión piramidal
Portas por tanto no estaba solo. Por aquellos años el gobernador civil
de Barcelona era Ramón de Larroca y Pascual. Por su responsabilidad o
implicación en las torturas policiales aplicadas en el Gobirno Civil a los
detenidos por el atentado del Liceo, fue también objeto fallido de atentado.
Portas, Larroca, el policía local Tressols y otro teniente de la guardia civil
Alfredo Peñas lideraron las investigaciones contra el movimiento anarquista. A este respecto, años más tarde, concretamente en 1899, el
capitán general de Cataluña, Emilio Despujol, admitía las denuncias de torturas
contra los detenidos en los atentados contra el General Martínez
Campos o del Liceo, y reconocía: «la circunstancia agravante de que la causa
del Liceo fue instruida por la jurisdicción ordinaria, y que los supuestos
tormentos fueron entonces, según la voz pública, en los calabozos del Gobierno
Civil, actuando como inmediato ordenador de dichos tormentos el propio Sr.
Larroca, y no sólo se hizo alguna mención de tales violencias en el plenario y
en alguna defensa, sino que vino a prestarles aparentes visos de verdad, el
hecho de que habiendo acabado por confesarse el reo Codina autor del hecho de haber arrojado la bomba del Liceo, que más tarde
fue aprehendido el verdadero autor, Salvador, y se probó que Codina era
inocente de tal delito…». Junto a Codina se acusó a otros nueve anarquistas
de estar implicados ya no sólo en dicho suceso, sino también en el atentado
anterior contra el General Martínez Campos. Los imputados eran: Mauricio
Cerezuela, Manuel Archs, José Sabat, José Bernat, Jaime Sogas, Rafael Miralles,
A. Mir, Juan Carbonell y Villarrubias. En cuanto a las torturas sufridas, en
el caso del Liceo por ejemplo, Cerezuela, uno de los detenidos, denunció que
había sido sometido a través de una carta al diario El País, donde
señalaba que había sido víctima de fusilamientos simulados, retorcimiento de los
genitales, latigazos durante días o que por único alimento le entregaban «pan y
bacalao seco, sin una gota de agua».
En cuanto
al caso del Liceo, sufrió un vuelco importante con la detención de Salvador.
Todo parece indicar que, a pesar de haber encontrado al culpable del atentado,
ni la policía ni la justicia estaban dispuestas a liberar a aquellos a los que
ya habían señalado como culpables. Por lo que la causa del atentado contra el
General Martínez Campos se reabrió, y los encausados, hasta ese momento por el
caso del Liceo, pasaron a ser juzgados por la justicia militar como cómplices
de Paulino Pallás. El Consejo de Guerra sentenció a muerte a Codina, Cerezuela,
Archs, Sabat, Bernat y Sogas, mientras que los cuatro restantes, Miralles, Mir,
Carbonell y Villarrubias, fueron condenados a cadena perpetua. La ejecución
tuvo lugar el 21 de mayo de 1894, el mismo día en que el anarquista Emile Henry
era ajusticiado en París.
