AGRO | Extraído del cnt nº 439
El 6 de febrero comenzaron por toda la geografía española movilizaciones de agricultores y ganaderos con diversas reivindicaciones al calor de las que se vienen sucediendo al Norte de los Pirineos desde enero. Mientras que en Francia el principal caballo de batalla es el proteccionismo frente a los productores tanto extra (el 2 de febrero el gobierno claudica y da por muerto el tratado de libre comercio con Mercosur) como intracomunitarios (un recurrente los camiones de fruta española esparcida tras los pasos fronterizos); en Alemania el detonante fue el fin de un subsidio al diésel agrario, en Grecia el aumento de los costes de producción y en Suiza lo injustos márgenes de las cadenas de distribución; en España la autoproclamada plataforma 6F se despacha con una diatriba contra todo lo que huela a medio ambiente: «Y en General [derogación de] todas las Leyes, Directivas, Estrategias y Reglamentos que afecten a la ganadería, la pesca y la agricultura que tengan como origen las dos estrategias del Pacto Verde Europeo: Estrategia de la Granja a la Mesa y Estrategia por la Biodiversidad (sic)».
A río revuelto ganancia de pescadores
Detrás de esta plataforma de la que no se conoce membresía ni órganos de dirección emergen dos figuras con vinculación ultra: Xaime Da Pena, abogado gallego colaborador de Desokupa, y Lola Guzmán, enfermera valenciana exmilitante de VOX. Quizás algo tengan que ver con el sesgo anti-ambientalista del manifiesto y la guerra declarada al PSOE más que a la industria como se denota al culpabilizar al Ministro Planas incluso de la Ley de Cadena Alimentaria (promulgada originalmente por el primer gobierno Rajoy en 2013 y remozada por Sánchez en 2021); en la insistencia en llegar a Ferraz con las movilizaciones del sábado 10 de febrero; o la unión con la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte que protagonizó similares movilizaciones en marzo de 2022 también bajo el liderazgo de militantes de VOX. Tal era el clima de algunos piquetes y la abundancia de banderas rojigualdas (algunas preconstitucionales) que un compañero me reconocía que se movía entre el dilema de quedarse en casa con cargo de conciencia o movilizarse aún a cuenta de su úlcera de estómago. Y es que no es para menos tanto en uno como en otro caso. Vamos por partes:
Crisis del campo
Que el campo muere no es por causa de Sánchez y acólitos (que también) sino por un modelo políticoeconómico en su inicio y actualmente incluso sociocultural que prima los derechos a una alimentación inocua (atención que no digo saludable) y a precio asequible (sobre todo esto último) en las ciudades frente al derecho a la soberanía de los pueblos y quienes los habitan. Cualquier reduccionismo es maniqueo pero no está de más que tú urbanita lectora se sienta aludido por el conflicto y tome conciencia de que detrás de un modelo insostenible ambiental (poco que argumentar) y socialmente (la crisis psicosocial es pandémica antes que la COVID) están nuestras decisiones de hábitat y alimentación.
El campo viene pagando los platos rotos desde antes de la revolución industrial pero sobre todo a raíz de su aceleración. Que hace falta mano de obra barata en las ciudades para desmontar el sistema gremial y pasar al fabril pues desamortizaciones eclesiales y leyes de pobres (Inglaterra, 1601) o de vagos y maleantes (en su versión franquista) al canto. Que tenemos una estructura colonial ya insostenible por la rebelión de las élites ultramarinas pues desamortizamos los comunales y bienes de propios2 para financiar ejército y ferrocarril (para mejorar el colonialismo interno). Que tenemos que bajar los precios de los alimentos para la vida en las ciudades sea posible (encarecimiento de la vivienda mediante) pues subsidios al empresariado agrario para que soporte los precios a la baja. Y así suma y sigue.
Por sacar unos datos a colación. En los años 1960 cuando comienza el último acelerón urbano-industrial patrio (más de 3 millones de personas migraron de los pueblos a la ciudad en una década) el gasto medio de los hogares en alimentación rallaba el 50% y a la vivienda se le dedicaba un 7%. Actualmente la alimentación no llega al 15% y en alquileres se nos va más de un 20% del presupuesto familiar (Encuesta de Presupuesos Familiares, INE, 2024).
¿Cómo se ha obrado el milagro de los panes y los peces? Pues precios congelados en el campo que se han paliado primeramente con mejoras de productividad y finalmente gracias a los subsidios antes estatales y luego (años 1990) comunitarios. Estos últimos se concretan en la famosa Política Agraria Comunitaria, principal partida presupuestaria europea (única política industrial hasta hace poco) congelada desde hace 20 años mientras que la ampliación europea ha continuado. Este presupuesto ha pasado de más de un 70% del total durante finales del siglo pasado al 23,4% para el último periodo aprobado (2021-2027). En cualquier caso estamos hablando de la friolera de 264.024 millones de euros destinados en su mayor parte a pagos directos a los empresarios agrícolas y medidas de mercado (primer pilar: 77%) y el resto para desarrollo rural (sectores secundario y terciario rurales). Del total de esas transferencias del primer pilar de la PAC los denostados eco-regímenes suponen tan sólo un 15%.
A pesar de estas ingentes cantidades de dinero público no se ha logrado frenar la pérdida de poder adquisitivo de agricultores y ganaderos que sólo en 30 años acumula un 24% a pesar de los aumentos de renta agraria de la última anualidad (11%). Desde 1990 la renta agraria se ha incrementado un 132% mientras que el salario medio del mismo periodo lo ha hecho en un 534%. Si a la penosidad del trabajo agrario, mala imagen pública y estar fuera del «modern way of life» le sumamos este diferencial económico entendemos por qué los pueblos se desangran dando lugar a la «España vaciada».
La solución al campo
Hace más de dos décadas denunciábamos en estas mismas páginas5 que «El fin del proteccionismo agrario no tiene por qué suponer, ni mucho menos, que el campesinado empobrecido de los países del Sur encuentre la solución a sus problemas de mercado» ni por supuesto sea solución a la crisis del campo autóctono que únicamente se podrá agarrar cual naufrago al tablón de la PAC. Planteábamos entonces una unión de los trabajadores del campo en coordinación con los de la ciudad en redes transnacionales para enfrentar la guerra de clases. Se nos escapó de aquel análisis la alianza necesaria con agricultores y ganaderos (pequeños empresarios agrícolas) que conforman el tejido de población activa rural y por tanto pata imprescindible para abordar cambios sistémicos que pasan por una relocalización alimentaria.
Para el pequeño empresario agrícola hay múltiples frentes: los «mercados» materializados en almacenistas y entradores que controlan las lonjas; cooperativas agrarias con estructuras hipertrofiadas; rentistas que incrementan alquileres al calor de la PAC y especulación de la tierra; competencia desleal con el lobby energético; proveedores cada vez más integrados y que no solo aportan los recursos de producción sino también el conocimiento desposeyendo al campesinado de su mayor patrimonio: el conocimiento ancestral de la agricultura.
La solución pasa más que nunca no solo por una unión en la lucha contra enemigos comunes: gran distribución alimentaria; si no también por mejorar las alianzas para recuperar el saber hacer campesino, la vuelta al campo y la distribución directa de alimentos. En definitiva agroecología y soberanía alimentaria. Sazonada por la siempre necesaria lucha social.
