La solidaridad y el apoyo mutuo de la clase trabajadora andaluza son el verdadero paliativo de la crisis pandémica que estamos viviendo. No pagaremos sus consecuencias.
Como era de esperar, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 las estamos sufriendo la clase trabajadora en general. En Andalucía, pagan los trabajadores de los sectores más tradicionalmente precarizados: el personal de la sanidad, la agricultura (y en especial las personas jornaleras), la hostelería y turismo, la limpieza y el cuidado, la construcción. Dependemos de estos sectores en un contexto andaluz de desindustrialización, paro estructural entre los más altos de Europa y del país, y fragilidad de un tejido empresarial constituido por PYMEs y autónomos en su gran mayoría.
El entramado socioeconómico neoliberal, si bien por un lado ahora mismo depende de nuestra unidad e iniciativa para sobrevivir a esta crisis, por otra parte hace recaer el peso de sus consecuencias en los trabajadores más expoliados. Son especialmente las personas trabajadoras precarias, y todas aquellas que están fuera del mercado laboral, que además sufren del parón de los mecanismos públicos de apoyo social: las desempleadas, las sin techo, las presas y las migrantes, las personas ancianas, las mujeres en condición de prostitución.
Mientras tanto las patronales no cumplen ni con las más elementales medidas de seguridad e higiene y la mayoría de los trabajadores se han visto obligados hasta hoy a trabajar expuestos al riesgo de contagio. Muchas de estas situaciones se están dando bajo la coacción del despido por parte de las empresas: están al orden del día despidos masivos ilegales y falsas terminaciones de contratos temporales, e irregularidades de todo tipo, como obligación de coger vacaciones (práctica esta totalmente ilegal, como una medida temporal que finalmente desembocará, cuando la situación se alargue, en el despido) y modificaciones de las condiciones de trabajo sin cumplir con los procedimientos legales. Lo peor, sin duda, está por llegar: se adivina ya que la oleada de despidos que se avecina puede ser inmensa, arrastrando unos sectores a los otros.
La primera respuesta del Estado es autoritaria: la incapacidad de proporcionar mecanismos efectivos si no mínimos de protección desemboca en el confinamiento, la pérdida de puestos de trabajo, la militarización de las calles y la delegación a los militares (cuando no a voluntarios) de tareas realizables por profesionales de la logística, de la limpieza, de los servicios sociales que acaban confinados. En este contexto, retrasar la suspensión de actividades no esenciales mientras no hay capacidad de coordinar las esenciales, es simplemente hipócrita.
La única verdadera acción efectiva se está realizando gracias al apoyo mutuo y solidaridad de la clase trabajadora. En este caso las políticas neoliberales han salido huyendo despavoridas, demostrando así que no son las más efectivas para combatir una época de crisis.
Por tanto, tenemos que incidir en estas ideas una vez finalizada esta crisis sanitaria, económica y del sistema. Debemos instar a todos los niveles de gobierno a recordar quién está combatiendo de verdad esta crisis, y no consentir que la paguemos los mismos de siempre: las premisas deben ser el blindaje de lo público, a partir del sistema público de salud y de las organizaciones espontáneas de solidaridad, protección y cooperación de nuestra sociedad.
Por supuesto que, en el futuro, pero también ahora, se hace necesario plantear un cambio radical de camino: reivindicamos potenciar la solidaridad social y una mayor participación de todas hacia una solución a esta crisis económica, social y política, y exigir al estado que todos los recursos existentes se pongan al servicio de la sociedad.
Por esto, exigimos a la Junta de Andalucía y a los municipios, en coordinación con el gobierno central, la
implantación ágil y desburocratización de las siguientes medidas:
Medidas económicas
- Creación de una Renta Básica de Emergencia, convertible tras el estado de alarma en una Renta Básica Universal, cuyo importe mínimo sea igual al SMI y que conlleve la actualización de las prestaciones no contributivas. Nos parece esencial garantizar en estos momentos la subsistencia de los miles de personas que trabajaban sin contrato y que han resultado despedidas por el cierre de las empresas, o que han visto reducidas sus jornadas de trabajo y sus salarios. En la misma situación se encuentran aquellas personas que realizan tareas de cuidados sin retribución y las personas trabajadoras migrantes en situación de irregularidad.
- Suspensión del pago de hipotecas, alquileres y recibos para todos los hogares con menos de dos SMIs de ingresos, no solo durante el tiempo que dure la emergencia actual, sino de cara a la situación social que se producirá tras la misma.
- Paralización de toda la actividad productiva no esencial, sin que la carga de esta paralización vuelva a recaer en el trabajador. Los trabajadores no pueden ver disminuido su salario, devolver las horas no trabajadas, o verse obligados a coger vacaciones en el tiempo que dure la emergencia actual. Solo hay que recordar que en este país se realizan 2,96 millones de horas extra a la semana sin cobrar por ello y éstas se comen 74.000 empleos, pedir ahora a los trabajadores que recuperen las horas es de una indecencia sin igual.
- Implementación de una reforma fiscal altamente progresiva, con impuesto especiales ej. para las grandes superficies. Derogación de las reformas regresivas de la Junta de Andalucía. Uso de todas las plusvalías y de los últimos dividendos distribuidos no invertidos para la recapitalización de las empresas y el mantenimiento del empleo y de los salarios. Devolución por parte de los bancos de las ayudas públicas recibidas durante el rescate bancario.
- Instamos a la autoridad la vigilancia exhaustiva de la subida de precios por parte de los negocios con actividad permitida en el Real Decreto. Haciendo en ocasiones uso del miedo colectivo y por la alta demanda de ciertos productos para justificar dichos incrementos.
- Tutela del empleo público: exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que no se aumenten las horas por empleado (ej. docentes) como medida de recorte del gasto público, y la ejecución de las oposiciones programadas, aunque con efectividad futura.
Medidas laborales
- Prohibir el despido y declarar la nulidad de los despidos realizados desde la declaración del estado de alerta mientras dure la situación de emergencia, como única forma de evitar los abusos de las empresas, y derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Prórroga de todos los contratos temporales que se extingan durante la crisis. Del mismo modo, todos los planes de apoyo a empresas deberán estar vinculados al mantenimiento de los empleos.
- Creación de un plan de garantía laboral y de un plan de creación de empleo de calidad, privilegiando la industria, los cuidados y la economía social, con una estricta vigilancia sobre condiciones de abuso e irregularidad, incrementando los medios de las Inspecciones de Trabajo. Las empresas deben acogerse a las vías legales para finalizar su actividad temporalmente si están dentro de los sectores decretados para su cierre, de manera que sus plantillas tengan garantizadas su situación legal y puedan cobrar las prestaciones correspondientes.
- Exigir el cumplimiento de las condiciones sanitarias de seguridad en los trabajos esenciales, como en tajos e industrias envasadoras y transformadoras del campo, en la logística y en el comercio, distribuyendo los EPIS necesarios entre los trabajadores, guardando las distancias aconsejadas de seguridad, evitando concentraciones masivas de trabajadores en un mismo tajo o almacén y parando la actividad cuando así lo requiera la situación de peligrosidad en el trabajo.
- Exigimos que las personas jornaleras estén en viviendas dignas y con espacio suficiente de habitabilidad, acceso al agua potable, aseos y comunicación con tiendas de alimentación y supermercados. Y en caso de distancias considerables con las poblaciones cercanas, que se habiliten sistemas para suministros de alimentos y otros productos necesarios para estas personas que permitan evitar dichos desplazamientos considerados peligrosos.
- Mantener y reivindicar hasta después del estado de alarma las mejoras alcanzadas en el ámbito de la conciliación gracias al teletrabajo: mantenimiento de esta opción para todos los trabajadores de oficina para los que sea posible, y que así lo deseen, recibiendo de la empresa los medios de trabajo (conexión a internet, ordenadores, etc.).
Medidas socio-sanitarias
- En el ámbito estrictamente sanitario facilitar elementos de protección para el personal en contacto con pacientes declarados, potenciales o personas de alto riesgo, tanto a nivel hospitalario como en ambulatorios, residencias de mayores, ambulancias etc. Acabar con la precariedad del personal sanitario: estabilización y refuerzo de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud.
- Intervención sin indemnización de todos los medios y recursos de la sanidad privada, laboratorios y empresas que producen medicamentos y elementos de protección para combatir la pandemia, o que puedan ser reconvertidas para tal fin. Para blindar la sanidad pública debemos exigir la derogación de la Ley 15/97. Nuestro sistema sanitario es esencial.
- Intervención inmediata de las residencias privadas de ancianos y residencias de personas con diversidad funcional o discapacitadas, por parte de la Junta de Andalucía como forma de garantizar los cuidados sanitarios imprescindibles. Del mismo modo, ha de actuarse en relación con la situación de las personas presas, o internadas en otro tipo de instituciones, como los Centros de internamiento de extranjeros (CIEs). Asimismo, es necesario implementar un sistema de cobertura de todas las necesidades básicas de las personas sin hogar, personas refugiadas o migrantes.
- Implementación de las medidas necesarias para atender a las personas con enfermedades mentales y dependientes, cuyos trastornos y situaciones particulares pueden verse agravados con el confinamiento, lo que puede conllevar situaciones de alto riesgo tanto para pacientes como para los familiares. Reivindicamos que se tenga en cuenta la situación de estas personas y sus familias y se mantenga y refuerce la intervención de los Servicios Sociales, tomando todas las precauciones y medidas impuestas por Sanidad.
- Elaboración de un plan de atención ante las situaciones de tensión y agresiones que se pueden producir en estas condiciones de aislamiento, algo que puede ser especialmente peligroso en casos de violencia machista, para lo que se debe reforzar desde la Junta de Andalucía toda la red de apoyo y acogida a mujeres en situaciones de acoso y violencia de género.
Medidas sobre derechos colectivos
- Vigilar los métodos ejercidos por las fuerzas represivas del estado contra los viandantes sin autorizaciones certificadas para ello (como justificantes para ir al trabajo). Es el caso del vulnerable colectivo de personas sin hogar, contra las que se conocen episodios de abuso de poder/ brutalidad policial bajo el pretexto de circular sin permiso, pese a estar a escasos metros del lugar de distribución de alimentos.
