Condenamos sin paliativos la represión puesta en marcha desde el Ministerio del Interior para criminalizar la lucha sindical y social, queriendo “hacer un problema de orden público” donde solo hay lucha contra la injusticia social y en defensa de los derechos y los servicios públicos.
Las órdenes dadas por la Fiscalía General del Estado para que se pidan penas de cárcel a todas las personas que pasen a disposición judicial, tras ser detenidas por haber participado en piquetes, concentraciones, escraches, manifestaciones, etc. están llevando a tener cientos de casos en la actualidad, donde se están pidiendo penas de prisión de 2, 3, 4, 5 y hasta 8 años de cárcel por hechos que no han causado daños de ningún tipo.
En cambio, por casos que han tenido graves consecuencias, como el caso Arena en el que perdieron la vida cinco jóvenes, el fiscal está pidiendo cuatro años de prisión para el único acusado por “cinco homicidios imprudentes graves”, por poner un ejemplo. La justicia distingue muy bien la lucha de clases, metiendo en prisión a las personas de la clase obrera y casos muy especiales de la clase dominante. En estos mínimos casos los indultos, recursos, prescripciones acaban por poner en libertad rápidamente a “sus” condenados.
Todo esto sucede antes de que haya entrado en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que eleva las penas que hasta ahora eran “faltas” al grado de “delito” y derivan otros hacia sanciones administrativas sometiendo a la completa indefensión a la población en general y a los activistas sociales y sindicales en particular.
Casos concretos como los siguientes son solo una muestra de la represión desatada por el gobierno:
– Urtzi y Telle, jóvenes vascos condenados a dos años y medio de prisión por hacer pintadas durante la manifestación de la huelga general del 29-M, que ya están cumpliendo prisión;
– Carlos y Carmen, condenados a tres años de prisión por participar en un piquete de la huelga general del 29-M en Granada;
– Alfon, joven antifascista detenido sin causa alguna en la huelga general del 14-N al que se le piden 5 años y medio de prisión;
– Pablo, Jorge e Iñaki, jóvenes de Logroño, a los que se les pide 22 años de cárcel por participar en el 14-N;
– Laura Gómez y Eva Sánchez a las que piden 2 años y seis meses por quemar unos billetes de juguete el 29-M ante la Bolsa de Barcelona;
– Las 14 personas del 15M identificadas en Madrid en la manifestación del 15.05.2011 para las que se piden 74 años de prisión;
– Miguel e Isma, detenidos tras el 22-M que pasaron 82 y 72 días en prisión preventiva;
– Eva y Rodrigo, el caso de “Cuatro Caminos Cuenca”, la fiscalía les pedía 7 años y medio, en el primer juicio Eva ha sido absuelta y Ricardo condenado a 8 meses por “resistencia a la autoridad”;
– David, Sergio, Hueso y Javi, detenidos el 14-N en Gijón para los que piden dos años y cuatro meses de prisión;
– Las miles y miles de multas y sanciones impuestas por convocar o participar en movilizaciones;
y un largo, muy largo etcétera.
La Reforma Laboral de febrero de 2012, es una ley no sólo desreguladora de los derechos laborales, sino a la vez, es una ley represiva sobre millones de personas trabajadoras: En estos tres años, más de un millón de trabajadores y trabajadoras, han visto cercenado su derecho fundamental por excelencia, el derecho a ganarse el pan; la negociación colectiva y la cobertura de los conveniosha bajado más de 25 puntos; la depreciación y la bajada de salarios, ha situado el salario más frecuente en menos de 700 €; la salud laboral se ha deteriorado seriamente ante el empeoramiento de las condiciones del trabajo y la libertad absoluta del empresario, ha conformado un control cuasi absoluto sobre el trabajador, conformando un modelo de relaciones laborales feudal.
A la vez, la Reforma Laboral ha dotado al empresariado de impunidad ante actos de violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores y, al igual que la futura ley Mordaza, constituye un estado continuo de excepción, donde la única seguridad es la de los negocios y el sacrosanto beneficio patronal.
Ante este situación, el Bloque Combativo y de Clase manifiesta que participará en la semana de lucha antirrepresiva que desarrollará movilizaciones descentralizadas en todas las ciudades en la semana del 9 al 15 de febrero de 2015 y llamará a la clase trabajadora a movilizarse contra esta represión de Estado que ningunea el llamado “estado social democrático y de derecho” del que hipócritamente afirman que disfrutamos.
3 de febrero de 2015
BLOQUE COMBATIVO Y DE CLASE
– ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES (AST)
– BALADRE
– CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)
– CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO (CNT)
– COMISIONES DE BASE (CO.BAS)
– COORDINADORA SINDICAL DE CLASE (CSC)
– ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
– INTERSINDICAL ARAGON (IA)
– SINDICATO ASAMBLEARIO DE SANIDAD (SAS)
– SOLIDARIDAD OBRERA (SO)
