El interventor municipal Fernando Urruticoechea saltó a la `fama´ durante su aparición en el programa Salvados de Jordi Évole. Durante un acto sobre el negocio del agua organizado por este sindicato, aprovechamos la ocasión para conversar largo y tendido sobre ese fenómeno extendido en las instituciones como es la corrupción. La entrevista fue publicada en sendas entregas en las ediciones de enero y febrero.
L. Martínez | Periódico CNT
Fotografía: Gelo
Fernando
Urruticoechea ha sido responsable de destapar varios casos de corrupción desde su
puesto de interventor municipal. El más importante de ellos, en Castro
Urdiales (Cantabria), supuso la apertura de más de treinta causas y el ingreso
en prisión de quince personas. A lo largo de la entrevista nos
desvela cómo se producen estos casos y los mecanismos que impiden el control de la corrupción.
Pregunta.- Gracias a tu labor como interventor
municipal se han imputado a 158 personas entre políticos, funcionarios,
técnicos y empresarios, y de ellas se
han condenado a 15 en las diversas causas que se han abierto. ¿Qué sucedió en
Castro Urdiales?
Respuesta.- El mérito personal principal
corresponde al magistrado Luis Sánchez Acayro, quien ha llevado desde el año
1998, casi en total soledad, la investigación judicial contra la trama de
corrupción de Castro Urdiales. Sin refuerzos judiciales, sin apenas peritos de
ayuda, lleva casi 6 años instruyendo expediente a expediente, sin colaboración
de la Fiscalía al principio y con la contra de algunas autoridades judiciales
“contaminadas”, como César Tolosa, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia o de José Luis López de Moral,
Presidente de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial. Enfrentándose a
potentes gabinetes de abogados, con grandes redes de influencia, que le han
intentado hacer la vida imposible mediante campañas personales difamatorias y
consiguiendo que se le hayan abierto por el CGPJ unos 36 expedientes
sancionadores en estos años. Cuando dejé Castro Urdiales como interventor, el
31 de marzo del 2006, pensé que mi trabajo y calvario personal no habían
servido para nada útil, sólo para sufrir y hacer sufrir a los míos y que los
corruptos seguían impunes. Había acudido a 4 jueces de Castro Urdiales y a la
Fiscal Superior de Cantabria a informarles y denunciar mi situación profesional
sin resultado alguno; no quisieron saber nada del estado delictivo generalizado
que existía en el ayuntamiento. Pero los corruptos de Castro Urdiales tuvieron
mala suerte. Se produjo una combinación de tres actuaciones que no suele darse normalmente:
interventor municipal honesto y cumplidor, actuación fiscalizadora del Tribunal
de Cuentas a finales del 2006, casi imposible, y un magistrado instructor
infatigable y sin miedo. Es una combinación que no se ha dado en otros
ayuntamientos, pero que de darse, hubiera producido similares descubrimientos
delictivos de saqueos del patrimonio público.
P.- ¿Por qué lo has hecho? ¿Cuál ha
sido tu motivación para no dedicarte simplemente a sobrevivir como hacen los
demás interventores?
R.- Por una cuestión vocacional e
ideológica, al tener siempre claro que un ayuntamiento es una empresa pública
donde los accionistas son los ciudadanos y que un interventor municipal es un
funcionario público cuya principal función es la defensa de los dineros de los
ciudadanos, controlando el buen uso legal que los políticos hagan de los
mismos. El alcalde es el Presidente del ayuntamiento, pero es precisamente la
institución a la que tenemos que controlar legalmente, no a servir sumisamente,
aunque desgraciadamente sea nuestro superior jerárquico y quien fija nuestro
sueldo y nuestros medios y, también, quien puede hacernos la vida imposible. Un
hecho obvio, pero que no se suele tener en cuenta, es que nadie entrega
voluntariamente su dinero a los ayuntamientos, sino de forma coactiva, a través
de impuestos y tasas, o contribuciones especiales o precios públicos o multas.
P.- ¿Por qué otros interventores no han denunciado lo que
veían?
R.- Denunciar no es nuestra labor como interventores,
sólo informar de la legalidad o ilegalidad de los actos municipales, sin mirar
hacia otro lado en los casos problemáticos del urbanismo o de las
contrataciones, y esto sí lo han hecho, y lo hacen, decenas de mis compañeros,
de los escasos centenares que somos en todo el Estado. Por esto, muchos de
ellos reciben presiones de sus alcaldes, especialmente ahora que saben de la
peligrosidad de nuestros informes como pruebas judiciales de sus fechorías. Y
el acoso es la respuesta habitual y terrible de estos alcaldes, para no tener
informantes molestos.
Pero no se puede pedir a
nadie que tenga vocación de mártir, ni que se inmole, cuando las condiciones de
trabajo no aseguran la independencia de criterio, ni existe jerarquía alguna en
casos de discrepancias técnicas o de mediación, para los casos de conflicto.
Por eso, la conducta habitual es la dedicación a los temas formales, la
tecnocracia, siendo complacientes en los temas problemáticos, especialmente del
urbanismo o de cumplimiento de las contrataciones. De existir irregularidades,
la denuncia debería ser labor propia de las fuerzas políticas y sociales
municipales, a partir del trabajo de los interventores honestos que, haberlos
haylos.
Existiendo casos
públicos de secretarios o interventores implicados con la corrupción, cuando
aparece en la prensa un interventor imputado o incluso condenado, no siempre se
trata de un interventor titular, habilitado por el Estado. Un gran número de
ayuntamientos españoles de más de 5.000 habitantes carecen de interventores
titulares. Por ejemplo, en la región de Murcia, 11 de los 14 ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes, carecen de interventor titular de forma crónica.
Existe un fraude enorme en las convocatorias de plazas vacantes y por ello
ocupan estas plazas usurpadores, complacientes con el poder local que los
nombra “a dedo”. Dicho esto, no puedo
olvidar y lo tengo muy cercano y presente, lo que me dijo una interventora de
que en muchas ocasiones nuestro principal enemigo es nuestro compañero
secretario, para asegurarse su tranquilidad personal y para evitar verse en un
espejo deforme. Fue mi caso en el ayuntamiento de Castro Urdiales con un
secretario delincuente y es mi situación actual con la secretaria y el tesorero
del ayuntamiento de Crevillent, ante el acoso de mi alcalde.
P.- A la luz de todos los casos de
corrupción que estamos viendo y que
implican a prácticamente todas las instituciones del Estado, ¿puede existir el
poder sin corrupción? ¿Es algo intrínseco al sistema o depende de los que
ocupan los cargos?
R.- No estamos viendo más que una
milésima parte de la corrupción política existente, los casos que han podido
descubrir unas decenas de jueces aislados o, los muy escasos, que han salido a
la luz por denuncias fratricidas entre los propios partidos políticos buscando
ventajas competitivas. La corrupción parece formar parte de la naturaleza
humana, al conectar con algunos de los instintos animales ligados a la lucha
por la supervivencia como el egoísmo, y con algunos de los vicios humanos más
comunes, como la avaricia, la soberbia,
y, en especial, el afán de poder. El querer ser como Dios es uno de los
mayores motivadores de algunas conductas, y es el que explica muchas de las
conductas corruptas, no siempre explicadas por el afán de enriquecimiento.
Consiste en tener la capacidad de poder premiar a los amigos y castigar a los
enemigos. Además, no es sólo un problema de las personas, sino que en España
existe un problema de las organizaciones políticas y sindicales, que es el de
su financiación, dado su raquitismo organizativo y la voracidad insaciable de
sus maquinarias electorales. Por lo tanto, la corrupción parece inherente al
poder político, pero lo que también resulta una evidencia es que el poder
absoluto corrompe absolutamente y ésta es una de las claves de la gravedad
diferencial de la corrupción española en el entorno europeo. Nuestra democracia
es muy endeble, los 40 años de franquismo no se liquidaron con los pactos de la
transición y el caciquismo tiene una fuerza tremenda en nuestro Estado, especialmente
en nuestras Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, donde los 100.000 concejales
y liberados políticos constituyen una poderosísima red del poder caciquil de
compraventa de favores y votos de todos los partidos políticos.
P.- En
general, ¿por qué crees que no han funcionado los mecanismos para evitar la
corrupción? ¿Cuál sería la solución?
R.- Tal como analiza el profesor
Alejandro Nieto, con varios libros sobre la corrupción española, el diseño
tanto del control interno municipal y autonómico, como el control externo de
los Tribunales de Cuentas, central y autonómicos, es perverso, perfectamente
organizado para que no funcione. Las autoridades políticas y los legisladores
no quieren que funcione el control sobre sus gestiones, sobre la gestión
pública, especialmente de las autonomías y los ayuntamientos, que es donde está
la “madre” de la corrupción política. También resulta evidente que nuestras
autoridades, nuestros partidos políticos no se van a hacer el harakiri, por
muchos llamamientos que les hagamos, por muchas razones que les demos de que
una democracia debe contar con controles independientes y eficaces. Por lo
tanto, la solución de raíz está en los ciudadanos que tendrán que liberar al
Estado del secuestro al que está sometido actualmente por los partidos
políticos españoles.
La
corrupción es a los organismos sociales como el cáncer a los organismos
físicos. No contamos con el remedio mágico contra el cáncer, pero conocemos de
la bondad de las medidas ambientales preventivas contra agentes cancerígenos
como el tabaco o la contaminación del tráfico urbano, y de la eficacia de
medidas curativas como la quimio y la radioterapia y de la cirugía para
extirpar algunos tumores. Lo mismo sucede con la corrupción. Resulta
fundamental y urgente la implementación de medidas “ambientales” mediante la
difusión y aprobación de principios éticos, algunos bien sencillos como la
eliminación de los regalos de todo tipo a los políticos y funcionarios, tanto
los privados en forma de bienes y servicios, como los públicos, en forma de
prebendas personales retributivas complementarias, que incluso aparecen en los
Convenios de Personal.
Luego
están las medidas preventivas, entre las que estimo fundamentales las de
fomento de la participación ciudadana en los asuntos públicos y de
transparencia del funcionamiento de las instituciones públicas. Hoy se incumple
la Constitución española y especialmente la Ley de Bases del Régimen Local que
establece en su artículo primero que los municipios son cauces inmediatos de
participación ciudadana en los asuntos públicos. Pero para poder verificar la
utilidad de todo lo anterior, para desalentar las tentaciones personales u
orgánicas, resulta esencial articular controles públicos internos y externos
eficaces y para ello, independientes de los poderes políticos. También, la
implantación de limitaciones cuantitativas a los gastos electorales. Y,
finalmente, medidas terapéuticas de expulsión del servicio público de todos los
que resulten imputados en casos de corrupción y de cirugía eficaz mediante una
justicia rápida y efectiva. Basta ya de que los casos de corrupción se hagan
eternos en España, por falta de medios y de ganas de la justicia española,
cuando en EEUU recientemente hemos tenido los ejemplos de que temas complejos
de corrupción recientes han contado con sentencia en el plazo de un año.
P.- El problema de la corrupción se
suele enfocar en los cargos públicos, pero ¿qué sucede con la empresa privada?
¿Las tramas de corrupción no necesitan también de empresarios que corrompan?
R.- La premisa de que la corrupción
política es un problema endógeno de las Administraciones públicas, que se
corrige limitando el tamaño y función del Estado, es una manipulación
ideológica neoliberal, que se repite como un mantra por sus medios de creación
de opinión, incluida la enseñanza de la teoría económica en las facultades de
Ciencias Económicas españolas. La realidad refuta tal premisa ideológica, que
resulta desvergonzada en momentos como los presentes, cuando contamos con
ejemplos privados recientes y llamativos de corrupción en sector financiero y
en el eléctrico en el mismo corazón del sistema, en los EEUU, que están entre
las causas de la actual crisis económica, por no citar a las malas prácticas de
la banca europea y española. El origen de nuestra corrupción política no es más
que la compra de las voluntades políticas por parte de las empresas privadas
para colocar sus bienes y servicios en el sector público al margen de los
principios de la contratación pública, entre los que el principal es el de
libre concurrencia.
Las
consecuencias económicas y morales de la corrupción en nuestro país son
tremendas. Me parece una manipulación ideológica la falta de estudios sobre el
tema, y una insensibilidad de la comunidad universitaria el que no se evalúe la
distorsión que produce la corrupción sobre la asignación de recursos públicos y
privados y sobre la redistribución de la riqueza. Resulta una frivolidad
algunas de las estimaciones que se hacen, como las de Transparencia
Internacional en España, proyectando las estimaciones de su organización matriz
para los países europeos, resultando sólo unos 10.000 millones de euros
anuales, es decir un 1% de nuestro PIB.
No se investigan algunos rasgos diferenciales de nuestra corrupción,
como la casi total desaparición de nuestro Patrimonio Municipal del Suelo
–protegido constitucionalmente por el art. 47 CE- y la gigantesca acumulación
de capital de las empresas contructoras españolas derivado de su preeminencia
en la desmesurada política de infraestructuras públicas seguida en España en
los últimos 30 años. En mi opinión, sólo estos dos fenómenos nacionales han
ocasionado el mayor saqueo patrimonial público y su patrimonialización privada,
así como la mayor y más injusta redistribución de la renta en la historia de
España.
P.- ¿A qué problemas te has tenido
que enfrentar por denunciar lo que estaba pasando?
R.- He pasado por un calvario
personal insufrible en varias ocasiones, y un calvario judicial incomprensible
e injusto para un funcionario que sólo ha intentado cumplir con su profesión de
fiscalizador interno. Es una experiencia similar a la de todos los funcionarios
públicos que nos hemos enfrentado con la corrupción política, como se puede
comprobar con las situaciones de los jueces singulares conocidos a través de
los medios de comunicación y de las decenas de ellos que se largan de los
juzgados y de las causas de la corrupción.
Además
en España tenemos el hecho grave de que no existe una normativa de amparo de
los denunciantes de la corrupción. Ni siquiera se ha traspuesto la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción, al no haberse
desarrollado la recomendación de sus arts. 32 y 33 de protección de
testigos, peritos, víctimas y denunciantes, tal como lo ha denunciado
Transparencia Internacional y como vengo pidiendo, que también lo denuncie, a
nuestro Colegio nacional de Secretarios e Interventores.
