Los condicionantes del desempleo masivo en el Estado español y las alternativas

Lluís
Rodríguez Algans. Economista

Gabinete
Técnico Confederal de CNT.

 

1.-
Introducción

El
desempleo es una característica esencial de la dinámica de
funcionamiento de las economías capitalistas. Mucho más en
contextos de crisis económica, también en el contexto actual, el
desempleo es una herramienta de disciplina contra la clase
trabajadora. En este artículo vamos a esbozar los orígenes del
desempleo masivo en España, asi como las políticas economicas y
laborales que se han ido implementado en los ultimos años para
incrementarlo. Veremos pues a quien está perjudicando seriamente la
política de los gobiernos del Estado, y quien se está beneficiando
de ellas. Para finalizar haremos un repaso con las conclusiones y
algunas vías alternativas de intervención anarcosindicalista
respecto al desempleo.

 

2.-
Crisis económica, desempleo y mercados de trabajo.

Para
entender la situación en la que nos encontramos, es conveniente
remontarse brevemente a los orígenes de la crisis en el Estado
español. De entrada cabría decir que,
si bien la crisis financiera tuvo un orígen internacional -aunque
también el sistema financiero español estaba lastrado por el
endeudamiento masivo-, la crisis estrictamente económica tenía y
tiene unas características particulares propias. Así pues, no es en
exclusiva la crisis financiera la responsable de la caída de la
actividad económica y el incremento del desempleo en el Estado
español. Muy resumidamente debemos apuntar que el sistema
capitalista y sus responsables, desarrollan por su propia dinámica
crisis frecuentes, materializadas éstas en base a un exceso de
producción que no es posible colocar en los mercados de productos y
servicios, o en una caída de la tasa de beneficios que supone
desviar la inversión a otros sectores -por ejemplo financiero- o
países, con la consecuente caída de la actividad económica y del
empleo. En el caso español debemos entender la crisis económica por
un efecto multicausal, con factores tanto de oferta como de demanda.

Por
el lado de la oferta, es evidente que el patrón de especialización
productiva de la economía española, basado en el peso crucial de la
construcción y el turismo, era y es insostenible. En este punto cabe
apuntar que los responsables de la política económica e industrial,
gobiernos tanto del PP como del PSOE, son cómplices de sostener esta
situación. Es obvio que mantener una evolución de crecimiento
económico sostenido, aunque fuera con bases endebles y con tendencia
a la inestabilidad, interesaba política y economicamente¹.
La inacción por parte de los gobiernos en cuanto a la política
agraria e industrial, y la losa de la Unión Europea que limita el
desarrollo de ciertos sectores productivos, supuso reforzar un
crecimiento en sectores inestables, de baja productividad y con la
característica de generar empleos precarios y con bajos salarios.
Por el lado de la demanda, la crisis estaba larvada por la dinámica
continuada de pérdida de poder adquisitivo de las clases
trabajadoras -la mayoría de la población-. El efecto del incremento
de precios en el sector de la construcción de vivienda provocó que
las familias se tuvieran que endeudar y contener el consumo en otros
aspectos, o mantenerlo también en base a crédito limitando el
ahorro. Este patrón de distribución de la renta, auspiciado por el
poder de la patronal y el apoyo de los gobiernos y el Estado, fue
legitimado por los sindicatos oficiales al ir pactando sucesivamente
contención salarial y reducción de derechos laborales en época de
bonanza. En definitiva, el tipo de crisis en el Estado español y sus
consecuencias tangibles solamente se puede entender por factores
estructurales característicos del capitalismo local, entre otros por
la fuerza de los capitalistas, para maximizar sus beneficios y el
fraude fiscal con el apoyo del Estado, imponiéndose a los
trabajadores y trabajadoras.

Así
pues, hablar de las causas del desempleo es hablar de capitalismo, de
su estructura de funcionamiento y de las políticas que lo regulan.
Sin embargo no todas las corrientes de análisis y política
económica coinciden en identificar las causas del desempleo masivo
tal y como se exponen en los párrafos anteriores.

Normalmente
el discurso oficial de los gobiernos y las patronales -masivo en los
medios de comunicación- se centran en identificar las causas del
desempleo masivo por un mal funcionamiento de los mercados de
trabajo. Obviamente, identificar culpables facilita legitimar
políticas y reformas contra esos supuestos culpables. En ese mismo
sentido se articulan las políticas sociales en la era neoliberal,
puesto que se pone el énfasis en el individuo como responsable de su
situación. Es el trabajador/a el responsable de encontrar empleo. Es
el trabajador/a que debe reciclarse, formarse y adaptarse a las
condiciones de los mercados de trabajo. Esto se materializa en el
impulso de las denominadas políticas activas de empleo. Por lo
tanto, este discurso de la activación solamente favorece la
estigmatización, el señalar como culpable quienes no somos más que
victimas del sistema socioeconómico y de sus gestores.

Cabe
decir también que para algunos empresarios son útiles
las
recesiones y crisis, ya que les permite
disminuir costes y restablecer las condiciones necesarias para llevar
a cabo una inversión rentable. Aunque es posible que de vez en
cuando los capitalistas necesiten de una recesión, eso no garantiza
que vaya a producirse: como hemos visto ya, las recesiones no se
deben a ninguna conspiración, sino que es el propio capitalismo como
sistema y su dinámica, los que generan recesiones y crisis de forma
periódica. Desde perspectiva estrictamente empresarial, es necesario
apuntar que las crisis económicas refuerzan a algunas empresas, las
que tienen mayor liquidez, absorbiendo a la vez, parte del mercado de
ventas de otras empresas e incluso a esas otras compañías. En
contextos de crisis económica como el actual, muchas empresas
aprovechan el impacto psicológico para imponer ajustes de plantilla
que les ayuden
a mejorar sus beneficios en un futuro inmediato.

3.-
El impacto de las reformas laborales. ¿Quien se beneficia de ellas?

Las
llamadas reformas laborales se están sucediendo en los últimos años
en el Estado español como fórmula para, supuestamente, atajar el
incremento del desempleo y facilitar la recuperación de la
contratación. Los discursos que articula el poder -económico y
político- van desde la bondad de las reformas para “generar
confianza” y “facilitar la contratación”, hasta la necesidad
de “reducir la dualidad” entre fijos y precarios, garantizar la
“flexibilidad” para los empresarios y la “seguridad” para los
trabajadores. Se habla también de reformas “equilibradas”. Todos
estos discursos son trampas dialécticas utilizadas para legitimar la
imposición de dichas medidas. Sin embargo, estos discursos nada
tienen que ver con la realidad ni con un análisis riguroso de la
situación. Por lo tanto nada tienen que ver con buscar una solución
real al drama del desempleo y la pobreza crecientes. Es asímismo
evidente que la aplicación de estas reformas suponen reforzar el
poder y la autoridad empresariales en los centros de trabajo.

Un
repaso de los preámbulos de las reformas laborales nos sirve como
indicador para constatar lo anteriormente apuntado. Es necesario
concebir la reforma laboral del PSOE de 2010²,
como la primera de toda una serie de modificaciones que ahondan en la
precarización laboral y el resquebrajamiento del derecho del
trabajo. A dicha reforma se deben incorporar las reformas de la
negociación colectiva de 2011³
y la reforma laboral del PP en 2012⁴

La
tendencia apuntada por todas ellas se puede resumir en los siguientes
aspectos:

• -Paulatina
  reducción de la indemnización por despido de los 45 dias por año
  con máximo de 42 mensualidades a 33 dias con máximo de 24
  mensualidades.
• -Facilidad
  para aplicar masiva y sistemáticamente una indemnización por
  despido menor que la referida a causas objetivas, fundamentalmente
  económicas y productivas, de 20 días por año trabajado con máximo
  de 12 mensualidades. Ampliación de este tipo de despido -individual
  y colectivo- también al sector público.
• -Indemnización
  por despido vinculada a contratos temporales en 8 días por año
  trabajado.
• -Facilidad
  para incrementar la contratación temporal con la creación de un
  contrato con periodo de prueba de un año.
• -Fomento
  de las Empresas de Trabajo Temporal para su intervención en
  cualquier sector, incluida la gestión de la contratación temporal
  del Sector Público.

A
este respecto, podemos decir que a menor indemnización y facilidad
para el despido, más facilmente las empresas destruirán empleo en
vez de buscar formulas alternativas. Esta cuestión, por ejemplo, se
apuntaba en un informe elaborado por el Banco Mundial en septiembre
de 2010⁵
donde se evidencia que en aquellos países con mayor empleo temporal
y consecuentemente con más contratos con bajas indemnizaciones por
despido, la destrucción de empleo en un contexto de crisis es mayor.
Por lo tanto una de las conclusiones contrastadas es que precisamente
a mayor contratación temporal (con indemnización por despido muy
baja) y a menor indemnización por despido en los contratos fijos, la
consecuencia será un incremento de los despidos y por lo tanto del
desempleo en momentos de crisis. A esto se le debe sumar la obvia
precarización de la calidad del empleo.

• –Por
  otra parte se pone énfasis en la reducción de jornada y suspensión
  de contratos con el pago del subsidio de desempleo como alternativa a
  la extinción de contratos, lo que supone cargar a los trabajadores y
  la seguridad social, no a los beneficios empresariales, el peso del
  ajuste.
• -Por
  último, se articulan los mecanismos para facilitar prácticamente
  sin causa la modificación de condiciones de trabajo y el descuelgue
  o inaplicación de los convenios colectivos. Todo ello afectando a la
  totalidad de las materias que los regulan, como són salarios,
  horario, descansos, etc. Se limita la ultraactividad de los convenios
  a un año por lo que una vez decaídos la unica norma de referencia
  será el Estatuto de los Trabajadores y el salario mínimo
  interprofesional.

¿Quién
se beneficia de estas reformas laborales?

La
pregunta lógica que debemos hacernos, si realmente las reformas no
sirven a los intereses de la población trabajadora -la mayoría-, es
¿cuál es el objetivo real de las mismas? o mejor aún ¿quién se
beneficia de la aplicación de estas reformas y a quienes perjudica?

Para
responder a estas preguntas es útil hacer un breve repaso de algunos
datos significativos.

Por
un lado, los indicadores del desempleo no han dejado de empeorar
desde el inicio de la crisis y las consiguientes reformas y ajustes
laborales, fiscales y presupuestarios. El empleo, medido en términos
de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, acentúa su
decrecimiento interanual lo que supone la reducción en
los últimos 12 meses del número de asalariados en 903.700
empleos netos (del IV trimestre de 2011 al mismo de 2012). La tasa de
paro se establece según la encuesta de población activa en el
26’02%, esto es 5.965.400
parados y paradas.
Tanto
el empleo público como el privado presentan variaciones anuales
negativas. El empleo público registra una tasa
del –6,98%, mientras que la ocupación baja a un ritmo del 4,30% en
el sector privado. El número de hogares que tienen a todos sus
miembros activos en paro se incrementa en 95.800 y se sitúa en
1.833.700. Estos datos superan todas las previsiones negativas
elaboradas hasta el momento. Los resultados de la política económica
y laboral implementada se encuentran desagregados por comunidades y
provincias, siendo algunas comunidades mucho más afectadas por el
desempleo, tales como Andalucía (36%), Extremadura (35%), Canarias
(33%), Castilla La Mancha (30%), Murcia (30%), Comunitat Valenciana
(29%), mientras el resto oscila entre el 19-23% con la excepción de
País Vasco (16%), Navarra (17%) y La Rioja (18%)⁶.
Las
vías para la destrucción de empleo desde el inicio de la crisis han
sido la finalización de contratos temporales, el despido
improcedente y objetivo por causas económicas, asi como los despidos
colectivos que suman de media alrededor de 6000 despidos mensuales
desde 2009 hasta finales de 2012.

Desde
una perspectiva económica, los datos de la distribución de la renta
-entre salarios y beneficios empresariales- son clarificadores para
entender el impacto de la crisis y las reformas asociadas. Los
salarios y cotizaciones sociales, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), han pasado de representar el 53%
del PIB a principios de los 80, frente al 41% de los beneficios
empresariales, a solamente el 46% del PIB en 2011 frente al 46’2% de
los beneficios empresariales, superando ya los beneficios a los
salarios. Dicho
de otra forma, la renta generada en el Estado español por los
asalariados -la mayoría de la población- ni tan sólo supone una
parte mayoritaria de la renta del país. Los datos más recientes
publicados por el INE a mediados de noviembre de 2012 apuntan a que
la tendencia se va a agudizar, puesto que la remuneración de
asalariados ha caído un -5’5% en el tercer trimestre de 2012
respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que los
beneficios empresariales han incrementado un 2’7% en el mismo
período. Esta tendencia a la caída de los salarios se ha agudizado
en 2012 (caída interanual de los salarios del -2’8% en el primer
trimestre, -5’0% en el segundo y del -5’5% en el tercero) mientras
los beneficios han tenido una tendencia creciente en los últimos
trimestres 6’3% de incremento el II trimestre de 2011 respecto a
2010- aunque desacelerándose en 2012. Esto se explica tanto por la
caída en el numero de empleados como en la reducción media del
salario percibido. Por lo tanto las empresas se están viendo
beneficiadas tanto de la crisis como de las políticas a ella
asociadas que promueven desempleo y reducción salarial.

Incluso
el Banco Central Europeo reconocía a principios de agosto que las
reformas laborales provocarían una caída “acusada” de los
salarios en España. De hecho las propias estadísticas europeas⁷
señalan que la caída acumulada del salario real per cápita en
España entre 2010 y 2013 rondará el -7’2%. Esto se explica por las
caídas en los salarios reales per cápita desde la aplicación de
las políticas de ajuste con un -2’3% en 2010, -2’3% en 2011 y las
estimaciones de -1’6% en 2012 y -1% en 2013.

Tenemos
pues la evidencia de uno de los objetivos clave de las reformas:
bajar salarios para que los empresarios ganen más y se recupere la
tasa de beneficios. Los mecanismos de este proceso son precisamente
rebajar las indemnizaciones por despido y eliminar los salarios de
tramitación, facilitar el mismo para ahorrar salarios que a menudo
las empresas podrían pagar si mantuvieran el empleo, promover una
devaluación de los convenios, inutilizando de facto la negociación
sectorial para promover la de empresa, facilitando su descuelgue
-tanto los regulados en la empresa privada como la administración
pública-, dificultando su renovación -ultraactividad- y
dificultando también los mecanismos automáticos de subida salarial.
Precisamente la profundidad de dichas reformas -sobretodo la de 2012-
y el hecho de que tendrán un mayor impacto en los próximos
trimestres, supone que los resultados estimados puedan ser peores
para los intereseses de la clase trabajadora.

Por
otra parte y de forma indirecta, la reducción del peso de los
salarios está provocando una reducción de las cotizaciones a la
seguridad social para desempleo o pensiones, y de los impuestos que
financian servicios públicos como sanidad, servicios sociales o
educación, entre otros⁸.
A su vez las rentas empresariales y del capital financiero no sólo
contribuyen poco en las cuestiones citadas, sino que ademas se están
viendo beneficiadas de políticas fiscales que refuerzan su poder y
sus beneficios, tales como las amnistías fiscales o los procesos de
privatización en marcha.

Otro
de los objetivos, desde una perspectiva de las relaciones de poder en
el mundo del trabajo, es que las sucesivas reformas buscan debilitar
el poder del trabajador y trabajadora en el mercado de trabajo. Ya
sea al incrementar la precariedad de la contratación, rebajar la
indemnización por despido como al facilitar el mismo y sostener
-incrementar- el desempleo estructural, reduciendo los subsidios de
desempleo, endureciendo las condiciones de acceso a los mismos, como
presión añadida.

Por
el contrario, se refuerza el poder de dirección empresarial para
ejecutar todo tipo de medidas con la excusa de las causas económicas
y productivas. También se busca debilitar el poder asociativo
-sindical- al dificultar en este contexto la presión sindical para
conseguir mejoras, a la vez que quitan poder institucional a los
sindicatos oficiales con las reformas de la negociación colectiva.

 

4.-
Conclusiones y vías alternativas

Los
objetivos de la política económica y las reformas laborales, más
concretamente la de 2012, es acelerar los procesos de redistribución
de la renta hacia el capital -para que incremente sus beneficios-
forzando la reducción de los salarios con el consiguiente incremento
de la pobreza de una mayoría de la población. Asimismo, se está
forzando deliberadamente el incremento de las tasas de desempleo
hasta limites insostenibles. Desde una perspectiva de las relaciones
de poder en el trabajo, las reformas pretenden debilitar tanto el
poder individual del trabajador o trabajodora (promoviendo la
contratación temporal precaria, reduciendo la indemnización por
despido y promoviendo el sostenimiento de altas tasas de paro) como
el poder colectivo de los sindicatos dificultando la acción sindical
en este contexto.

La
aplicación de las recientes reformas laborales se puede y debe
contrarrestar por medio de la acción sindical con negociación
colectiva de empresa y localidad a la que la CNT tiene acceso con la
presión sindical asociada. Las situaciones de conflictividad elevada
y de naturaleza colectiva no son reguladas por la ley sino por el
poder y la fuerza sindical. Las recientes reformas laborales obligan
a las Seccciones Sindicales en las empresas y administraciones a
tener un control más exhaustivo del funcionamiento económico,
productivo y laboral de las mismas para poder combatir las políticas
empresariales de empeoramiento de condiciones y despidos masivos.
Estas cuestiones para la CNT son una reafirmación de los pasos
previos necesarios para la consecución de un control total de las
empresas, las administraciones, y de la economía, promoviendo la
recuperación y cooperativización autogestionada de empresas, una
gestión social de las administraciones, asi como un cambio en el
sistema económico y social.

Por
otra parte, el alto nivel de desempleo exige la formulación de
propuestas alternativas. Obviamente estas propuestas se implementarán
en función de la correlación de fuerzas y de la capacidad de
presión para su aplicación, tanto en las empresas y localidades vía
negociación colectiva, como ante las diferentes estructuras de la
administración del Estado. Es
necesario repartir el empleo y la riqueza, por medio de la reducción
de la jornada laboral a 30 horas semanales sin reducción salarial,
eliminando pluriempleo, horas extra y subcontratas. Respecto al
reparto de la riqueza són necesarios los incrementos salariales
lineales que cubran también la pérdida de poder adquisitivo por la
inflación creciente, así como aumento de la cobertura de la
prestación por desempleo, tanto en período de cobertura como en la
cuantía de la prestación. A su vez es necesaria una cobertura
universal de los trabajadores y trabajadoras en paro, que agoten su
prestación o no tengan derecho a ella, mediante un ingreso que le
permita satisfacer sus necesidades básicas. Ello debe ser financiado
recuperando el expolio al que se está sometiendo a la clase
trabajadora con el
sistema de impuestos indirectos que convierten a la clase trabajadora
en el contribuyente fundamental beneficiando a los más poderosos
económicamente, proponiendo la aplicación de medidas destinadas a
la consecución de un reparto de la riqueza que penalice las
desproporcionadas rentas y beneficios del Capital.

La
elevada tasa de desempleo también aconseja el impulso de políticas
específicas por parte del anarcosindicalismo para tener un control
de la oferta de trabajo y una articulación de asambleas de parados y
paradas. Que se organicen los no organizados es un reto para poder
ejercer la presión social suficiente con el ánimo de conseguir los
objetivos marcados. Junto a ello se debe intervenir ante el desempleo
y la pobreza mediante el impulso de cooperativas de trabajo y consumo
que puedan realizar inversiones necesarias socialmente. Por último,
la coordinación entre sindicatos, parados y cooperativas puede
promover estrategias de desarrollo economico local que se opongan al
neoliberalismo y el capitalismo estatales.

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