La economía sumergida en la provincia de Alicante es una práctica generalizada que da empleo, según estadísticas oficiales, a unos 100.000 trabajadores. Denunciar esta situación es el objetivo de una campaña de CNT Elche y de ello hablamos en esta entrevista.
Redacción | Periódico CNT
Sin duda es el sector del calzado el que más se beneficia de esta situación, junto con hostelería y servicios. Para entender el fenómeno basta el dato de que Elche tiene registrados a más de 33.000 trabajadores en paro, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Pese a que en los últimos años el sector del calzado ha experimentado un crecimiento considerable gracias a la exportación y las ventas por Internet, ciudades de tradición «zapatera» como Elche y Elda (Alicante) están entre las cinco poblaciones que, proporcionalmente al número de habitantes, menos IRPF tributan de todo el Estado.
Pregunta.— ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo esta campaña de denuncia de la economía sumergida?
Respuesta.— En el sindicato ofrecemos asesoría laboral gratuita, y con el tiempo nos percatamos de que la mayoría de casos que nos traían los trabajadores estaban relacionados de alguna manera con la economía sumergida, ya fuera por ausencia de contrato, contratación fraudulenta, o por problemas a la hora de cobrar las «horas extras» (que por norma aquí se cobran en negro, si es que se cobran) o por horas fuera de contrato.
Al ser un problema que se ha agudizado desde la llegada de la crisis y que no se ataja, decidimos denunciarlo públicamente, tratar de hacerlo más visible y a la vez ofrecer asesoría a muchos trabajadores que por falta de soporte no solo no denuncian estos casos, sino que ni siquiera replican y lo aceptan, se resignan a lo que en esta zona se ha generalizado y normalizado. La sumisión y el silencio cómplice de los estamentos sociales es sangrante.
Llama la atención, por ejemplo, una noticia que recogieron en su día (5/11/2014) los medios locales e incluso nacionales. La noticia recoge solo que una mujer mayor de 50 años sufre quemaduras en el 40% de su cuerpo y que en la vivienda tenía botes de cola que también ardieron. Esta noticia aparece en el apartado de sucesos. No dice nada de que lo más probable es que esta mujer estuviera trabajando en su domicilio sin contrato. Ante una situación así no debemos dejar de preguntarnos qué ha sido de esta persona. ¿Tuvo derecho a percibir algún tipo de baja, indemnización en caso de daños irreversibles…? Evidentemente no. En las informaciones se obvia que el incendio no se produce en una nave industrial, sino en el propio bloque de viviendas que es el domicilio de la trabajadora. Este tipo de trabajo a domicilio es desgraciadamente habitual en la economía sumergida.
P.— ¿Qué valoración hacéis de la campaña?
R.— Sin duda la valoración es positiva. Llevamos un tiempo con ella y desde que empezamos hemos recibido a muchos trabajadores
que han dado el paso al sentirse identificados con la campaña. A pie de calle, cuando repartimos propaganda, son muchos los que se interesan y apoyan. A esto contribuye la imagen del resto de sindicatos, que echan la vista para otro lado. Han sido cómplices de esta fórmula y del silencio presente. La población en general es consciente del problema, aunque no hay una lucha canalizada ni organizada para protegernos de estas prácticas y a la vez tratar de acabar con ellas. Es ahí donde nosotros debemos actuar, dando al problema una perspectiva obrera y de clase, evidenciando en estas injusticias la existencia de clases y la necesidad de luchar. La
organización de los trabajadores será sin duda un paso imprescindible para ganar terreno a una patronal que abusa y se impone frente a un enemigo desarmado y pasivo. Desde un punto de vista anarcosindicalista es indispensable la denuncia y la práctica de la acción directa, solidaridad y apoyo mutuo entre los trabajadores para acabar con esta situación de una vez por todas.
P.— ¿Habéis recibido apoyo de los grupos sociales o de organizaciones de izquierda?
R.— Sí, sin ir más lejos en la mesa redonda que organizamos para presentar la campaña participaron personas vinculadas a los movimientos sociales locales. La respuesta de partidos y sindicatos integrados en el sistema y de las propias instituciones es el silencio y la resignación habitual lo que les convierte en cómplices.
P.— ¿Cómo ha reaccionado la sociedad?
R.— La moneda siempre tiene dos caras; por una parte está el trabajador que es plenamente consciente de su situación de precariedad y todo lo que acarrea (no tener derecho a baja por enfermedad, imposibilidad de cobrar el paro, inestabilidad,
imposibilidad de negociar las condiciones de trabajo, jubilación, etc.); por otra, los que asumen que aquí es la única forma de trabajar. Por ello, ante nuestra denuncia se sienten atacados y creen en peligro su trabajo y modo de vida por expresarlo de alguna manera. Son el eslabón más débil de la cadena.
P.— Toda denuncia tiene un claro destinatario. En este caso, ¿hacia quién o quiénes?
R.— En este caso, la denuncia va dirigida a la patronal, sobre todo a las grandes firmas de calzado, a los pequeños talleres a los que subcontratan y hacia los comerciantes del sector de la hostelería que hacen contratos de jornada parcial para que sus trabajadores trabajen jornada y media diaria. Estos empresarios tienen nombres y apellidos y hay que denunciarles y luchar contra ellos a través del sindicato. Sacar esta realidad a las calles y acabar con ella, porque a pesar de lo que algunos creen, nosotros los trabajadores somos los más perjudicados por estas prácticas. La patronal consigue mano de obra más barata, precios más bajos y extender una normalidad que impide cualquier reivindicación laboral, por simple que sea.
P.— ¿Qué se dice desde la administración pública alicantina?
R.— Pese a que en los últimos años han aumentado las inspecciones de trabajo, somos conscientes de que la administración pública no tiene la determinación de acabar con estas prácticas. Ahí está la queja del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) por falta de efectivos y su denuncia de inspecciones de trabajo totalmente inoperantes. El escaso interés parece más motivado por razones económicas que por la dimensión real del problema; la dimensión recaudatoria esconde su dimensión social.
P.— ¿Tenéis conocimiento de si alguna empresa ha sido sancionada?
R.— Las sanciones, en caso de darse, son mínimas, a pesar de que estas prácticas según la legislación pueden llevar aparejadas unas fuertes sanciones económicas o incluso penas de prisión. Pero esta dista mucho de ser real. En los casos que se dan, los talleres cierran y abren nuevamente sus puertas con la misma maquinaria.
Un ejemplo ilustrativo real puede ser la empresa sita en Elche María Jaén-Calmoda SL que fue denunciada públicamente por Aurora Sales por tenerla varios años trabajando sin contrato junto a 30 compañeras más.
Esta empresa fue visitada el 11 de junio del 2012 por J. M. Soria, actual ministro de Industria, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso (PP), junto con su corte de palmeros, como referente de la industria del calzado en Elche. Pues bien, esta es una de las empresas que según la denuncia de sus propios trabajadores, incumple sus obligaciones laborales y fiscales.
