Es bien sabido que el personal que trabaja para la Xunta de Galicia a
través del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar carece
de convenio propio. La administración que gestiona entre otros
servicios, a la red de escuelas infantiles Galiña Azul, se niega a
escuchar nuestras demandas mientras no deja de exigir y reprimir. La
gerencia del consorcio atenta constantemente contra nuestra
inteligencia, haciéndonos creer al personal y a las familias que estamos
en una red pública de escuelas, donde todas las personas usuarias
tienen los mismos derechos.
Mas la realidad depende de lo que
entendamos por «público». Si entendemos que nuestros impuestos se
utilizan para cuestiones tan necesarias como la sanidad o la educación,
pensaremos entonces que eso es algo que ya tenemos de sobra pagado.
Volver a gastar dinero sólo puede llamarse RE-PAGO. Además está el tema
del control, pues quienes hacemos funcionar los servicios tenemos muy
poca margen para su gestión, y más aún si hablamos de un sector
educativo considerado meramente asistencial, al que se le niega la
posibilidad de negociar un convenio, con decretazos a base de
reglamentos internos que sólo responden a órdenes vertidas por quienes
están muy lejos de conocer de cerca la cotidianiedade escolar, y que
además tienen otros intereses. Luego, en la realidad, no nos encontramos
ante una red de escuelas pública. Sino más bien en pleno proceso de
privatización y control total por parte del organismo autónomo
(in)competente.
Mencionemos algunos puntos que describen esta situación:
La
escuela pública no es gratuita: las familias pueden llegar a pagar
bastante más de 100€ al mes para que sus hijos y hijas puedan asisitir
la una escuela de la red. Además de esta mensualidad segun la renta,
cada familia tiene que desenbolsar entre 15 o 20 euros en material al
inicio del curso. Pero el consorcio hace un ejercicio de presunción
contínua sobre el número de escuelas que aumentan la cifra de centros
pertenecientes a la red. Abre escuelas sin parar, ya ni precisa convocar
plazas públicas, tira de interinidad o privatiza sacando la gestión a
concurso; pero mientras tanto no dota de material a las ya existentes.
Desde que las antiguas Galescolas, ahora Galiña Azul, nacieron hace unos
años, las escuelas no sustituyeron el material con el que comenzaron. A
pesar de que existe un currículo educativo que hay que cumplir, el
personal de las escuelas que somos en la realidad quien trabaja día a
día con los niños y familias, tenemos el dilema de plantarnos por no
poder realizar nuestro trabajo sin el material necesario, o bien gastar
del bolsillo para que la escuela siga en marcha. Desde juguetes hasta
material de oficina, pasando por mobiliario, cámaras, batidora,
teléfono, plastificadora, fotocopias, cubiertos, e incluso afrontar
económicamente los desperfectos…. Las trabajadoras hacemos
aportaciones para que en la escuela falte lo menos posible. Entonces, si
nosotros hacemos funcionar el centro e incluso lo financiamos en parte,
deberíamos tener una margen en la gestión, en la organización y en la
toma de decisiones que nos afectan, muchísimo mayor de la que tenemos
actualmente. Luego las escuelas serían más públicas.
La falacia
creada por el «estado de bienestar» en torno a la visión de la escuela
como instrumento asistencial de conciliación de la vida familiar y
laboral, negando la importancia de la educación durante los primeros
años de la infancia; está desembocando en una ruptura casi total de las
relaciones familiares y de la vida personal : 1º porque los horarios de
los centros dificultan la propia calidad de vida de las personas que
trabajan en ellos (como todas las empresas que ofertan amplitud de
horarios en detrimento de la vida personal de los trabajadores); 2º
porque por conciliar no se entienden sólo los casos legítimos de
reducción de la jornada laboral en beneficio de la vida familiar; sino
que las escuelas son utilizadas como herramienta de «conciliación», o
sea, tener un lugar donde dejar a los hijos y hijas mientras se está en
el puesto de trabajo; obviando la relación educativa entre niño, familia
y escuela. El abusivo sistema de producción capitalista necesita que
las personas tengamos jornadas laborales cada vez más largas para que
sigan a enriquecerse los de arriba a nuestra costa. Al final, lo que
ocurre es que madres y padres pasan cada vez menos tiempo con sus hijos e
hijas, y no es exagerado decir que en algunos casos los crios pasan más
horas en las escuelas que en sus casas. Porque bañarse, cenar y
acostarse no son momentos suficientes para pasar con mamá y papá.
Entonces, fomentar horarios desmesurados en las escuelas, poniendo unos
límites de entrada y salida que poco le falta para ser un 24h, y encima
llamarle a eso «a demanda», es querer quedar bien prestando un servicio
que nosotros deberíamos ser las primeras en desaconsejar. Todo esto para
generar un conformismo social ante la cada vez mayor imposición del
estado por sustituir a las familias en el campo educativo. Pues hoy en
día se ve con total normalidad el hecho de escolarizar a los hijos a una
edad cada vez más tempranera. A la presión sobre la mujer para que
«elija» entre trabajo y crianza, y a la ausencia de presión sobre el
hombre para que actúe con la corresponsabilidad que le corresponde, se
suma el incremento del nivel de vida, que de la como resultado una
ficticia necesidad de delegar en otras personas la educación de nuestros
hijos y hijas, mientras la clase trabajadora produce ilimitadamente.
Sobre como la escuela debe acompañar en el proceso educativo a las
familias, y no sustituirlas, pues educar y escolarizar no significan la
misma cosa, debemos hacer una profunda reflexión para cambiar nuestras
prioridades.
El control del consorcio sobre las vidas ajenas: los
horarios que establece el RRI de las escuelas infantiles para el tramo
central de la jornada (comer/siestas o recogida), están totalmente
desvinculados de la realidad familiar y escolar. Además, tienen una
consecuencia negativa sobre los ritmos naturales de los crios, que ven
relegadas sus necesidades más básicas a la estructura de la vida adulta,
entrando en una espiral que perpetúa eo arraigo de una sociedad
consumista que sólo sabe producir y no vivir.
Como se puede
observar en el documento del RRI se establecen unos horarios de comedor y
siesta por edades (ARTÍCULO 25. HORARIOS Y APERTURAS) : se establecen
los siguientes horarios de recogida:
a) Usuarios/las sin servicio de comedor
a. 0-1 años: 13.00 horas
b. 1-2 años: 13.00 horas
c. 2-3 años: 13.30 horas
Todo/a niño/a que permanezca en la escuela mas allá de las horas señaladas anteriormente, tendrá que almorzar en la escuela.
b) Usuarios/las con servicio de comedor
a. 0-2 años: 13.30 horas
b. 2-3 años: 14.00 horas
Todos
aquellos niños que permanezcan en la escuela más alla del horario
establecido tendrán que seguir con la organización educativa establecida
en la escuela y que se corresponde con el momento de descanso, por lo
que con carácter general, el horario de recogida de las mismas será a
partir 15.30 horas.
Este texto, que nunca fue consensuado con el
personal que vivimos el día a día en la escuela, ni con las familias, no
tiene sentido ninguno; pues aparte de negar la necesidad natural de
comer o dormir (sobre todo en los bebés), pone un límite en la libertad
de acceso al centro de las familias que en cualquier momento quieran
recoger a sus hijos e hijas para estar con ellas. Además de este intento
de control de las vidas familiares, estos horarios absurdos conllevaron
un impresionante aumento del números de niñ@s que ahora «tienen» que
comer/dormir en la escuela. El efecto dominó continúa, pues a mayor
número de niños, peor atención educativa; como si las ratios legales no
sean ya lo suficientemente imprudentes.
La escuela se convierte
en este tramo de la jornada en una cárcel de la que es imposible escapar
y a la que es imposible acceder. Tal masificación implica un desgaste
para lo personal al cargo, y una continua frustración para los niños,
que además de estar lejos de la casa y de la familia, se agrupan en
espacios inadecuados para semejante número de personas; viendo mermada
la satisfacción de sus necesidades educativas y afectivas.
El mes
de vacaciones: El RRI establece que los niños deben disfrutar
obligatoriamente de un mes de vacaciones, hasta ahora lo marcaba la
propia familia con sus propios criterios. En este curso 2011-2012,
después de finalizarse los trámites de solicitudes, matrículas y
horarios, el consorcio publica una modificación del RRI que anuncia el
cierre de las escuelas en agosto (pto nº 2 del artículo 25).
Consecuencias? Otra vez recaen en el personal, en los niños y en las
familias, que tras organizar sus vidas personales, tienen el deber de
adecuar sus horarios, vacaciones y en definitiva, sus vidas a las
órdenes del consorcio. Que va a ocurrir con este anunciado cierre? Pues
que niños y niñas que ya disfrutaron de sus vacaciones en otro mes junto
sus familias, que a su vez, organizaron su vida laboral y privada en
torno a ese mes de vacaciones programado o ya disfrutado, se encuentran
ahora con que la Xunta no les cubre el servicio durante un mes que
tienen que trabajar, buscar trabajo o que optan por compartir la
educación de su hijo o hija con la escuela, sin más. La solución que
ofrece el Consorcio ante la repercusión que este cierre conlleva no fue
negociar con la comunidad educativa con antelación, para evitar hacer
las cosas mal y a destiempo, no. Como solución se les ocorrió, que «en
algunos casos» se puede ofertar la apertura de una escuela que llaman
«de espera», sin establecer ningún tipo de criterio para su
organización. Todo un tinglao sin garantías de ningún tipo, que basan en
la supuesta demanda, y pasando por la obligatoriedad de justificar
ceremonialmente la necesidad que las familias tengan de dejar a sus
hijos e hijas en la escuela durante el mes de agosto, cosa que no
tuvieron que justificar en abril, por ejemplo. No hablemos de las
personas que gracias al maravilloso sistema económico que tenemos,
carecen de un contrato que satisfaga las ansias burocráticas de las
intitucións. Consecuencias para las niñas y niños? Pues que tendrán que
asistir a una escuela diferente a la que acuden el resto del curso.
Espacios, niños, niñas y profes diferentes a su alrededor; y luego el
consorcio se atreve a defender la importancia del período de adaptación.
Consecuencias para el personal? Pues aparte de tener que trasladarse a
otro centro de trabajo que no es a lo que accedieron mediante oposición o
interinidad, se acabó poder elegir o negociar el propio período
vacacional.
Estos son los puntos más polémicos del reglamento que
rige la red de escuelas, donde trabajamos cientos de personas, que
vemos negados nuestros derechos a negociar un convenio que regule este
ámbito concreto del sector educativo; pero que sin embargo somos
coaccionadas, mediante un documento que pretende regular nuestras
condiciones laborales de manera fraudulenta.
Ahora es noticia la
privatización de las escuelas infantiles, la salida a la concurso de la
gestión de los nuevos centros ya es una realidad; así como la
amortización de puestos de trabajo en otros centros ya existentes. Pero
el proceso privatizador comenzó hace tiempo: con la ausencia de convenio
propio, con las condiciones laborales marcadas a golpe de RRI o llamada
telefónica a las direcciones de las escuelas, con la falta de recursos
materiales , con el retraso o ausencia de relevos, etc… Si esto pasa
en la escuela pública dirigida por la administración de la Xunta, hasta
donde puede llegar el recorte de derechos que traerá consigo la
arbitrariedad implícita en los intereses de la gestión personal? No es
difícil imaginar por donde podrán ir los tiros…
Ante esta situación, la CNT tomará las medidas necesarias para ponerle fin la esta dictadura a la que somos sometidas.
