El
borrador del decreto, por el que se regulan los procedimientos de
despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada
que ha sido conocido hace escasas fechas, desarrolla la última
Reforma Laboral en la que el gobierno del PP abrió la puerta al
despido de trabajadores en el sector público.
El
gobierno del PP, al igual que lo hiciera el del PSOE, viene
encontrando en los trabajadores del sector un chivo expiatorio de la
crisis, contra el que ha cargado una buena parte de los recortes
practicados hasta el momento. Así, unos días después de anunciar
la supresión de las convocatorias de empleo público para 2013 y
2014, con los graves efectos que esto tendrá en la prestación de
servicios a medio y largo plazo, se da a conocer este borrador, que
viene a facilitar y promover el despido de trabajadores en las
distintas administraciones.
El
decreto abre las posibilidades de despido en todos los entes con
participación pública, en los que a partir de ahora, se podrá
prescindir del personal laboral, tanto el fijo como temporal. Los
“motivos” que se establecen para permitir los despidos
colectivos, son tan amplios que cualquier administración esté en
situación de poder solicitarlos. Porque, no se exige que la entidad
pública en cuestión tenga pérdidas, sino tan solo que perciba un
10% menos de subvenciones que el año anterior o un 10% menos de
transferencias de capital, o un 10% menos de aportación
presupuestaria, en los casos de que dependan de un convenio o
contrato-programa. Y además, cuando “se haya adoptado un acuerdo
no disponibilidad” que afecte al organismo en cuestión. Es decir,
todas nuestras administraciones y empresas públicas.
Por
si fuera poco, también se podrá despedir colectivamente cuando se
den causas técnicas u organizativas, es decir, cuando tengan lugar
cambios en los instrumentos que se utilizan o en los sistemas y
métodos de trabajo. Esta amplitud de causas para despedir parece ser
la vía principal de la anunciada reforma del sector público, en la
que no se cuestiona en absoluto ni el mantenimiento de la prestación
de servicios ni la calidad y organización de los mismos, sino llevar
a cabo una simple reducción del número de trabajadores mientras se
mantienen altos cargos, estructuras inútiles y desfasadas,
abrumadoras e inservibles jerarquías. De hecho, es notorio que las
administraciones han comenzado a pedir las relaciones de puestos de
trabajo de sus órganos dependientes para iniciar este proceso cuanto
antes.
La
escasa justificación que tendrán que presentar para despedir se une
a un periodo de consultas que solo ha de servir para cubrir el
expediente, y nunca mejor dicho. Además, el decreto prevé una
extraña disposición por la que, los trabajadores fijos que han
obtenido su puesto a través de un proceso selectivo sólo tendrán
prioridad para permanecer en el puesto de trabajo si la
administración en cuestión lo solicita. Esta nueva prueba de
discrecionalidad, no obedece a otra cosa que a tener las manos libres
para escoger el colectivo de trabajadores que se echa a la calle, en
función de los intereses de la administración. De esta manera, es
posible que conserven su puestos de trabajo los que han accedido a
ellos mediante designación directa –es decir, que por tanto forman
parte del sistema clientelar- y sean despedidos los trabajadores que
han accedido a través de una prueba y del procedimiento establecido,
que además, son los de más edad.
La
apuesta de administración que hacen los gobiernos -tanto del PSOE
como del PP- por una administración hecha a la medida de los
intereses políticos de turno es evidente. La reducción de efectivos
que se producirá merced a la congelación de la tasa de reposición
(para sustituir a los que se jubilan), la supresión de nuevas
convocatorias, y estos nuevos despidos del personal fijo más
antiguo, se suplirá con trabajadores con contrato precario, afines a
los políticos de turno y por tanto con menos garantías de que
realicen su trabajo con independencia y objetividad.
Desde
CNT creemos que no es ninguna solución echar más trabajadores al
paro; al contrario, creemos que las administraciones tienen la
obligación de crear empleo público para paliar el grave problema
del paro, creando puestos de trabajo rotatorios
para los parados de larga duración. A pesar de los recortes, el
dinero público se sigue tirando en cosas tan inútiles como los
gastos militares, subvenciones a partidos, sindicatos o la iglesia
entre otros muchos, gastos de representación y protocolo, pago de la
vivienda a los altos cargos, cientos de instituciones inútiles y un
largo etcétera. Exigimos un verdadero cambio en el reparto del gasto
público y no las pantomimas que hacen nuestros gobiernos para que
todo siga igual. El adelgazamiento de las plantillas públicas hará
aflorar progresivamente necesidades sociales que quedarán sin cubrir
por la escasez de personal y de medios materiales y económicos
mientras se sigue derrochando en mantener el aparato del estado.
La
CNT considera que una auténtica reforma de la administración, al
contrario de la reducción de gasto y de puestos de trabajo que se
planea, tendría que pasar por la reafirmación de unos servicios
públicos de acceso universal y en igualdad de condiciones para
todos, basados en las necesidades de la sociedad y no en criterios
de rentabilidad económica, para lo que es imprescindible la sintonía
entre los movimientos y organizaciones sociales y el movimiento
sindical de los trabajadores de la administración. Todo ello con el
objetivo final de separar los servicios públicos de los intereses de
la casta política y del negocio privado para acercarlos a las
necesidades reales de las personas a las que se debe, a través de la
autogestión entre los trabajadores que los prestan y los usuarios
que los reciben.
Secretaría de Prensa
Secretariado Permanente del Comité Confederal
