La nueva reforma de pensiones que nos llevan vendiendo desde hace mas de un año, parece que va a ser aprobada el 28 de enero próximo , se quiera o no. Entre lo anunciado, destaca el retraso a los 67 años de la edad de jubilación y la ampliación del período de cálculo de 15 a 20 años (o incluso a 25). Ambas medidas supondrán un recorte de las pensiones públicas.
Sin embargo, es muy difícil escuchar a un político, de cualquier partido, reconocer que habrá una rebaja en las prestaciones de jubilación. En las declaraciones públicas, los responsables de todos los partidos se esconden detrás de la palabrería habitual: «Es un sistema solidario», del que hay que garantizar su «sostenibilidad» y que hay que reformar para que sea «más justo». Tras cada frase hay un engaño a los/as trabajadores/as.
Escuchamos a menudo frases y expresiones en boca de l@s politic@s para justificar este ataque hacia l@s trabajadorxs. Frases como:
«La elevación del período de cálculo ha hecho más JUSTO el sistema» (Celestino Corbacho, 25 de agosto)
Con la normativa actual, alguien que trabaje de los 20 a los 50 y se quede en paro recibirá la pensión mínima; mientras que alguien que no haga nada hasta los 45 pero cotice desde entonces podría recibir la máxima. Nada que objetar a que esto cambie.., ¿o sí?
Mientras, en el sistema actual, la pensión depende de una decisión política. Lo de ampliar el período de cálculo es una excusa para evitar la quiebra de la Seguridad Social, pero es una decisión política igualmente. Si dentro de diez años es necesario, los partidos pedirán que cuenten sólo los primeros años para evitar fraudes (dirán que hay personas con contratos falsos para cobrar una pensión) o introducirán cualquier otra modificación que les parezca oportuna.
La Seguridad Social es la «COLUMNA DEL ESTADO DEL BIENESTAR» (José Luis Rodríguez Zapatero, 13 de septiembre)
Este tipo de metáforas les encantan a los políticos. La imagen es memorable: una columna (ellos) que sostiene algo muy pesado (los jubilados) que no se cae gracias a su esfuerzo (reforma de las pensiones). El problema es que es mentira.
Ni el sistema de pensiones es robusto ni los trabajadores lo necesitamos en su actual formato. De hecho, cuando los políticos hablan de «Estado del Bienestar» quieren que nos acordemos de los pobres, de los más expuestos a una dificultad. Pero, ¿es tan bueno el sistema actual con los más desfavorecidos?
Un universitario, que luego será directivo, pasa hasta los 18 años en el colegio, luego hace una carrera, después un master y quizás un curso de idiomas, etc… Puede que empiece a trabajar con 28 años y quizás consiga una prejubilación pagada por su empresa a los 60. Sin embargo, posiblemente pueda acceder a la pensión pública más elevada (sus cotizaciones son muy altas) y lo más seguro es que la complemente con una privada.
Mientras, su vecino, que deja la escuela con 16 años, trabajará hasta los 65. Sin embargo, como su base de cotización es baja cobrará una pensión bastante escuálida. Y si tiene la mala suerte de ser despedido con 55 años, cobrará el mínimo. No le servirá de nada haber empezado a trabajar 12 años antes que el universitario (y esto no cambiará mucho aunque se amplíe el período de cálculo, lo más importante seguirá siendo la base de cotización). Además, tampoco tiene plan de pensiones privado.
Eso sí, el Gobierno y la oposición se preocupan por él y le aseguran una paga mensual de unos 590 euros tras cinco décadas en la obra. Todo muy social y muy justo, sí señor.
«Debemos pensar en la SOSTENIBILIDAD del sistema» (María Teresa Fernández de la Vega, 30 de enero)
Esta metáfora es casi tan bonita como la de la columna e igual de falsa. El sistema es «sostenible» porque la paga la deciden los políticos. Si dentro de 60 años, hubiera 10 millones de trabajadores y 50 millones de pensionistas, el sistema también podría ser sostenible: sólo habría que fijar una prestación lo suficientemente baja. A 50 euros al mes de pensión media, también esa situación sería «sostenible» y habría pensiones públicas.
«En el caso de España, [la UE] reconoce la SOLIDEZ de nuestro actual sistema de pensiones» (Elena Salgado, 17 de noviembre)
Lo que reconocía la UE es que con el sistema actual la quiebra absoluta llegaría a partir de 2030 (los expertos de Fedea lo adelantan a 2026). El sistema no es «sólido» y por eso hay que reformarlo. Además, lo que esconde esta palabra es la mentira de que ésta será la última reforma. Los políticos hablan de «esfuerzo» y ocultan al ciudadano que el fin no son los 67 años, ni la ampliación de 15 a 20 del período de cálculo.
Es decir, que si sigue el actual patrón de envejecimiento, los trabajadores menores de 40 años lo tendrán muy crudo para cobrar una pensión pública mínimamente digna. Esto, según Salgado, es un sistema «sólido». Por lo tanto, a esta reforma le seguirán otras para ampliar la vida laboral al menos hasta los 70 años, ampliar el período de cálculo a toda la vida laboral y reducir aún más las pensiones públicas. No será el último cambio y lo saben, pero no lo dicen.
«…la necesidad de que se traslade, PROGRESIVAMENTE y en un marco más FLEXIBLE, la edad de jubilación más allá de los 65 años» (Valeriano Gómez, 6 de diciembre)
Lo de la «flexibilidad» es precioso porque parece esconder la posibilidad de que los trabajadores españoles puedan organizar su vida laboral, decidir si se jubilan antes o si trabajan más allá de los 65. En realidad, lo que esconde esta frase es que todos tendremos que trabajar hasta los 67 (y luego hasta los 70), y que los que quieran dejarlo antes se verán fuertemente penalizados. Esto nunca se admitirá: se hablará de «incentivos» para alargar la vida laboral… Claro, el incentivo será que el que no lo haga cobrará una pensión de miseria.
«Tiene que haber un control más estricto de las PREJUBILACIONES» (Elena Salgado, 30 de enero).
La satanización de las «prejubilaciones» es otra constante en los políticos españoles.Pero, ¿qué tiene de malo que una persona se ponga de acuerdo con su empresa para dejar de trabajar a los 55 años cobrando el 80% de su salario? Pues tiene de malo que alguien que sigue currando gana más que un prejubilado y, por lo tanto, también cotiza más. Por eso a los políticos no les gustan las prejubilaciones, porque así la poca solidez del sistema se hace más patente.
«Podemos afrontar la necesidad de los cambios, aunque nos cueste ESFUERZOS» (José Luis Rodriguez Zapatero, 14 de julio); la reforma «no perjudicará excesivamente A NADIE» (Isabel López i Chasmosa, 6 de octubre)
Estas frases no sólo son mentira sino que bordean el cinismo más descarnado. Cuando el presidente del Gobierno dice que hay que hacer reformas «aunque nos cueste esfuerzos», hay que preguntarse por qué habla en primera persona del plural. ¿»Nos»?
Los políticos españoles tienen un sistema de pensiones, muchísimo más favorable que el del común de los mortales, y que no cambiará en nada con esta reforma. Por eso, cuando López i Chamosa dice que los cambios no perjudicarán «excesivamente a nadie» tiene razón: a nadie de su entorno, ni a ninguno de sus compañeros de escaño, ni a los de la bancada popular. Sólo perderán los ciudadanos… vamos, casi nadie.
«Los criterios de SOLIDARIDAD están garantizados» (Tomás Burgos, PP, 15 de diciembre)
El sistema es tan «solidario» y está tan «garantizado» que los políticos no quieren que compartamos con ellos las reglas del juego. Las normas para diputados y senadores seguirán siendo diferentes a las de los demás.
El resumen de las diferencias más notables entre uno y otro sistema es el siguiente. En primer lugar, para cobrar una pensión los diputados sólo tienen que «trabajar» 7 años en la Cámara, mientras que el resto de españoles necesita al menos 15 años cotizados, que tras la reforma seguramente pasarán a ser 20 ó 25. No sólo eso, sino que esos 7 años en las Cortes les garantizan el 80% de pensión, mientras que 15 años cotizados (20 ó 25 tras la reforma) para un trabajador normal sólo sirven para cobrar un 50% de la pensión que corresponda a su base de cotización.
Además, diputados y senadores pueden jubilarse con 60 años sin que se les rebaje la prestación, algo que para el resto de los mortales está prohibido hasta los 65 y que pronto pasará a estar fijado en los 67 (y más adelante en los 70).
Y para cobrar esa pensión completa y máxima, los parlamentarios españoles sólo necesitan acreditar 12 años en las Cortes, mientras que al resto de los trabajadores le exigen al menos 35 años cotizados (y seguramente esta cifra pasará a ser de 40 años tras la reforma).
El sistema es «tan solidario» y está «tan garantizado» que los políticos españoles quieren que sólo lo disfruten sus ciudadanos. Ellos seguirán sacrificándose con su propia contabilidad… También cobrarán de los planes de pensiones privados que les paga el Congreso y de alguno más que se han buscado ellos mismos. Pero esta inversión la tienen casi sin saber porqué: no es necesaria, ya sabemos que la Seguridad Social es «sostenible», «sólida», «justa», «flexible»… ¿Verdad?
Mientras los sindicatos mayoritarios nos intentan vender como estar contrario a la medida de jubilarnos a los 67 , cuando deberian de oponerse a toda la reforma ya que resulta mas perjudicial aún a l@s trabajadores la ampliación de contabiliazación de los últimos 20 ó 25 años.
