El conjunto de reformas coordinadas que endurecen leyes como la de seguridad ciudadana, de seguridad privada, del aborto, y del código penal, junto a la anunciada nueva ley de servicios mínimos o la ley de procedimiento penal, se cierran como un puño frente a los trabajadores y la sociedad en general, amenazando con golpearnos con más fuerza que nunca.
La CNT afirma que no estamos ante una regresión sino que en esta ocasión el Estado muestra su verdadera faz y prioridades a la población.
El gobierno, su agente ejecutor, lejos de poner en marcha mecanismos para afrontar la pobreza, generar empleo, servicios sociales y aumentar los derechos civiles, elige la represión como la única vía para mantenerse en el poder tratando de ahogar la contestación social a sus políticas de explotación y expolio de derechos a través del miedo.
La elección de la represión mediante multas tiene además otros objetivos: la inmediatez de la sanción, ocultar la violencia policial, judicial y carcelaria, que desde luego no dejarán de usar, pero que la hará invisible para buena parte de la sociedad. Además, las multas gubernativas generan indefensión jurídica al tener menos garantías incluso que un procedimiento penal, ya que sólo cabe como defensa al recurso administrativo ahora mismo prohibitivo con las nuevas tasas judiciales.
Y para ello parecen no bastarle las diversas policías, con la nueva ley de seguridad privada otorgan nuevas competencias a esta parapolicía para interrogar, cachear y detener en espacios públicos además de permitirles acceder a ficheros policiales.
Las libertades esenciales están en peligro, la acción sindical y social está amenazada con la tentativa de una ley de servicios mínimos de huelga, la nueva ley de procedimiento penal coarta la libertad de información sobre casos de corrupción que estén judicializados, también está en juego la libertad sexual y reproductiva con la intromisión ideológica de la derecha más rancia y del nacional-catolicismo, además como telón de fondo; el endurecimiento general e inhumano del código penal.
Para ello, el Estado y el capital necesitan más material antidisturbios, macrocárceles y aquí, por supuesto, no hay recortes sino aumento del gasto, e insistimos, donde no llegue la seguridad “pública”, llegará la privada.
El gobierno intenta crear una ficticia sensación global de inseguridad en la población utilizando los medios de comunicación que controla, lanzando globos sonda con el avance del catálogo de sanciones para luego aparentar rebajarlo. Con estas leyes no sólo algunos partidos se quitan la careta sino que otros intentan ocultarse tras otra, haciendo el papel de oposición, pero nosotros recordamos la “Ley Corcuera” del PSOE y otras normas represivas que deberían bastar para que nadie sea engañado de nuevo y deposite su esperanza en el voto, confiando en una clase política corrupta al servicio del capitalismo.
Atacan las formas clásicas de resistencia y el apoyo social a las organizaciones combativas cultivando el miedo e intentan detener las protestas sociales, promoviendo el colaboracionismo ciudadano con el orwelliano “concepto integral de seguridad pública”, que de facto supone laminar los derechos de manifestación, libre expresión, huelga, informacion y libertad sexual.
Una parte de estas nuevas leyes están hechas para reprimir expresiones de rebeldía recientes como son el movimiento antidesahucios, ciertos sectores del 15M, las ocupaciones, acampadas en plazas…
Solo a través de la lucha y la solidaridad podremos enfrentar este grave ataque a las libertades y derechos de la clase trabajadora. Con esta estrategia coordinada de leyes represivas el capital, a través del estado, pretende asegurar sus privilegios gestionando su democracia en crisis y criminalizando las revueltas que genera la pobreza. La CNT estará en la calle oponiéndose a esta agresión social en todas sus formas.
Es necesaria un respuesta organizada, colectiva y contundente.
Si el miedo empobrece y la represión amordaza, la lucha es el único camino.
Secretariado Permanente
del Comité Confederal de la CNT
