MANIFESTACION 12 de Marzo – 12h – Atocha a Mº de Educación
La asamblea general del sindicato y las asambleas de asociaciones de alumnos federadas al mismo han decidido sumarse a la huelga, unirse y participar en la convocatoria realizada por las asambleas de estudiantes de las facultades universitarias y por todo el movimiento estudiantil a nivel estatal.
Los objetivos de la implantación del Espacio Europeo de la Educación Superior chocan de forma frontal con las funciones que tradicionalmente ha cumplido la universidad. Estos objetivos suponen el sometimiento de la universidad a las necesidades productivas del capital internacional y de los grandes grupos de poder de la Unión Europea. “La Europa del conocimiento” que se quiere alcanzar desde 2010 preconiza que el objetivo fundamental de dicho proceso es “hacer de Europa la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento”, no una Europa mejor formada, ni una Europa más culta, ni mucho menos una Europa más reflexiva, crítica y solidaria.
Las empresas consiguen mano de obra cualificada a bajo precio
La mayor parte de los principios que inspiran la declaración de Bolonia están enfocados a hacer de la universidad un instrumento al servicio de la creación de mano de obra cualificada para un sistema productivo basado en la globalización de la economía. De ahí que el futuro papel de la universidad se fundamente en las premisas de los principios de competitividad, “estrecha colaboración con las empresas” y primacía de los intereses económicos sobre los formativos, científicos o culturales. Se obliga por tanto a las universidades al diseño de programas con estructuras circunscritas a muy pocas ramas, con un número reducido de títulos en los que los estudios sobre humanidades o tendencias más culturales quedan relegados a un destino marginal. La universidad se reduce a ser un mero centro de formación para las empresas, promoviendo casi exclusivamente aquellos contenidos directamente relacionados con sus necesidades productivas. Carreras como filosofía, diversas filologías o historia se verán condenadas al ostracismo o a su completa desaparición.
Pero quizá sean, dentro del nuevo diseño de la función de la universidad, las prácticas en empresas las de mayor impacto social. Se perfila la obligatoriedad de dichas prácticas para la obtención de un título universitario, cuyas condiciones son aún desconocidas. Sin embargo, es ya bien conocida la figura de la beca que se utiliza en algunas empresas para cubrir puestos de trabajo; figura que no está sujeta a regulación laboral y que no produce las cotizaciones a Seguridad Social, desempleo ni formación profesional de un contrato. Esto no sólo va a significar la precariedad laboral de los/las estudiantes, sino también la precarización en todo el mercado de estos puestos de trabajo que cubrirán , así como un posible aumento del desempleo en los mismos. Si me lo hace un /una becario/a, ¿para qué voy a hacer un contrato?
La universidad se vuelve cara y elitista
Las normas de acceso, permanencia y graduación serán más restrictivas, contemplándose nuevos modelos de selectividad, en los que las universidades y centros educativos podrán aplicar más filtros de acceso mediante pruebas monográficas de conocimientos y aptitud. Los ciclos educativos se fundamentan en presuntos intereses profesionales y demandas de la economía, su perfil será de tipo generalista con una obligada especialización a partir de un master posterior que tenderá a alcanzar un precio de mercado, introduciendo así un segundo condicionante económico en el acceso a la educación superior.
Se impone el seguimiento de un modelo único de referencia, cuyas bases se centran en la adopción de “sistemas de titulaciones comparables en orden al reconocimiento académico y profesional en la Unión Europea”. Con dicha justificación se pretende configurar un sistema educativo fundamentado en bases elitistas, en las que la capacidad económica va a determinar en mucho las posibilidades de acceso de la ciudadanía a la educación superior, limitando así el total de personas que puedan obtener un título universitario y condicionando incluso su futuro laboral. La “forma de estudiar”, estará basada en un modelo en el que el/la alumno/a precisará dedicar casi todo el día a su formación, imposibilitando en la práctica el desarrollo de otras actividades económicas, familiares o personales al mismo tiempo, discriminando a los grupos de más bajo nivel de renta. La alternativa propuesta es la de un sistema de becas-préstamo, que obligara al estudiante a su devolución en los primeros diez años posteriores a su inserción en el mercado de trabajo, marcando así una nueva forma de dependencia económica y personal.
Esta nueva «forma de estudiar» promueve también que el alumnado será el responsable de su formación, relegando al docente a ser un mero tutor. En otras palabras, el alumnado va a pagar por un servicio que la universidad ya no le va a dar.
Las condiciones de trabajo en la universidad, comprometidas
Existe un total oscurantismo sobre las repercusiones laborales y profesionales que afectarán a la comunidad universitaria. Los posibles impactos en los convenios y acuerdos laborales en vigor, así como las repercusiones en el sistema de selección de profesores y demás personal de la universidad, están siendo obviados con una evidente intencionalidad de no crear alarma. La nueva «forma de estudiar», en la que se supone al alumnado como principal responsable de su formación, pone entre la espada y la pared al personal docente, el cual ya no será una herramienta imprescindible en la formación. Es de sospechar entonces que se reducirá la oferta de plazas docentes, se practicarán jubilaciones anticipadas y no se renovarán los contratos más precarios.
Se propone un sistema de evaluación de calidad de la enseñanaza universitaria, pero no se especifican ni los criterios que se van a seguir en esa evaluación ni los organismos que van a ser competentes para realizarla. Siguiendo las ideas de competitividad y relaciones con las empresas que revisten todo el proceso, muy probablemente los criterios de evaluación de calidad seguirán las directrices empresariales, lo que supone una disminución en la calidad de la educación antes que un aumento; el personal docente se verá obligado a aparcar la formación del espíritu crítico necesario para el avance del conocimiento humano, y a prestar atención a los requisitos de los departamentos de recursos humanos para adaptar sus contenidos a los mismos y conseguir un alto número de alumnado colocado en las empresas. Esto sólo significa una cosa: la eliminación de la función más importante de la universidad, la creación y difusión de conocimiento.
Tampoco se tiene noticia a fecha de hoy de las connotaciones económicas generales que tendrá su aplicación, ni mucho menos los presupuestos previstos al efecto, aunque todo lleva a pensar que la filosofía del “coste cero” o “coste barato” sea la que prevalezca, sin contar con las notorias dificultades económicas que conlleva su puesta en marcha para los países y territorios europeos menos desarrollados.
Las universidades quedarán obligadas a realizar una parte significativa de la investigación que demandan los procesos productivos, en régimen de competencia a ultranza, con unas perspectivas muy alejadas de los principios de cooperación y solidaridad, con lo cual se abrirán nuevas diferencias sociales entre las personas, centros educativos y territorios en los que estén situados, generando diferentes juegos de desequilibrio social y espacial. Así mismo, la investigación se verá aún más precarizada de lo que está en la actualidad. Las empresas decidirán qué se financia y qué no en la investigación, relegando a un segundo plano la investigación básica y apostando únicamente por la investigación aplicada. Esto supone vender nuestro futuro, porque sin investigación básica, los conocimientos necesarios para avanzar en tecnología y aplicaciones serán insuficientes, pudiendo llegar a ser inexistentes.
La situación descrita va a afectar en breve plazo a una comunidad estimada en torno a los 45 millones de ciudadanos, incluyendo a estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, sin contar con los efectos indirectos que supondrá para los niveles educativos de la enseñanza media, que sin duda deberán modificar parte de sus estructuras para atender a los dictados de Bolonia.
La alternativa: nuestras propuestas
Como anarcosindicalistas, aspiramos a un modelo social bien distinto al que ahora existe, en el que las universidades sean autogestionadas. Sin embargo, ante el retroceso de lo que ahora tenemos, proponemos y exigimos:
1. Rechazo a una universidad en manos del capital, las corporaciones tecnológicas y mediáticas. Universidad de calidad y con recursos suficientes, vinculada a las necesidades educativas de la sociedad y no a los intereses empresariales.
2. Principios de cooperación y solidaridad dentro de la comunidad universitaria frente a los propuestos de competitividad excluyente.
3. Nueva estructuración de los ciclos educativos previstos. Rechazo al primer ciclo meramente generalista, que obliga a cursar la especialización en un master a precio de mercado: ciclo general y ciclo de especialización en el propio grado, con master optativo.
4. Rechazo de las “becas-préstamo” y refuerzo de las becas a fondo perdido en tanto que la universidad no sea enteramente gratuita.
5. Prácticas optativas en empresas, con tutoría social-sindical (sindicatos presentes en el sector, no sólo los representados en los comités de empresa o juntas de personal) y remuneración de las mismas mediante contrato.
6. Investigación en la universidad independiente de las directrices de las corporaciones
empresariales. Rechazo de los resultados de la investigación para usos militares.
7. Transformación de la figura del becario como una figura laboral con posterior integración profesional en los centros de investigación.
8. Sistema transparente de promoción en la carrera profesional docente.
9. Rechazo rotundo a cualquier intento de recorte de plantillas y funcionarización de todo el personal de administración y servicios con contrato temporal y/o precario.
10. Rechazo de las revisiones a la baja de las categorías y grupos profesionales recogidas en convenios colectivos y legislación referida a la función pública, según las futuras nuevas titulaciones. Reducción de categorías y grupos, con valoración al alza en el nivel más alto de cada uno.
11. Freno a la externalización y privatización de servicios, con reversión de las ya realizadas.
12. Sistema transparente y objetivo para facilitar la compatibilidad de los sistemas de titulaciones en la Unión Europea, evitando la discriminación por procedencias.
13. Desaparición de las agencias evaluadoras. Autonomía de las universidades en la adopción de sistemas participativos y cooperativos de autoevaluación, con carácter cualitativo y continuo.
NO AL PLAN BOLONIA, NO A LA LOU
LA EDUCACION NO ES UN NEGOCIO
NO A LA MERCANTILIZACION DE LA UNIVERSIDAD
ORGANIZATE Y LUCHA EN CNT-AIT
Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNT de Madrid
