Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) constituyen un atentado a la libertad y la dignidad humana. Ninguna persona de las que son internadas ahí ha cometido delito alguno y sin embargo, es privada de su libertad por una decisión gubernativa. Su suerte y su futuro son abandonados a la arbitrariedad de las políticas represoras contra la inmigración, brutalmente practicadas tanto por los supuestos gobiernos de derechas como de izquierdas. Los continuos atropellos y vejaciones que se vienen denunciando a lo largo de toda Europa, sobre la realidad vivida dentro de estos Centros son una demostración de su verdadero uso y finalidad.
Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) constituyen un atentado a la libertad y la dignidad humana. Ninguna persona de las que son internadas ahí ha cometido delito alguno y sin embargo, es privada de su libertad por una decisión gubernativa. Su suerte y su futuro son abandonados a la arbitrariedad de las políticas represoras contra la inmigración, brutalmente practicadas tanto por los supuestos gobiernos de derechas como de izquierdas. Los continuos atropellos y vejaciones que se vienen denunciando a lo largo de toda Europa, sobre la realidad vivida dentro de estos Centros son una demostración de su verdadero uso y finalidad.
También en Canarias se repite la misma situación. El Centro de Internamiento de Hoya Fría, en Tenerife, uno de los tantos que hay, es un ejemplo más. Allí son encarceladas, en unas antiguas instalaciones militares, centenares de personas, miles si las contamos a través del tiempo. A pesar de que el encabezado de su Normativa Interna (Boletín de Información de Derechos y Obligaciones) reza que: “Ha entrado usted en un Centro de Internamiento de Extranjeros de carácter no penitenciario…” , encontramos que en dicho Centro las personas que allí viven hasta 40 días, ampliado ahora hasta 60 días, 2 meses, lo que nos va acercando a la aplicación total de la denominada como Normativa de la Vergüenza aprobada por el Parlamento Europeo, permanecen encerradas en celdas colectivas 18 horas al día. Según su propia regulación interna, tienen 2 horas por la mañana, 2 por la tarde y 2 por la noche, para hacer uso de los espacios comunes, mientras el resto del tiempo, quitando los turnos de comida y limpieza, tienen que permanecer en su habitación sin otra actividad que la de estar en la cama pues el silencio es de riguroso cumplimiento. 11 horas de absoluta inactividad cada día, verdadera tortura inhumana en un centro que se pretende que no es penitenciario.
El régimen de comunicaciones, igualmente viene marcado por una total represión frente a la libre comunicación de los internos, quienes no tienen teléfonos móviles y que sólo cuentan con unas horas concretas a la semana para hacer sus llamadas en cabinas de pago; ni que decir tiene, que los internos no pueden recibir ningún tipo de llamada del exterior, lo que supone en la práctica la total incomunicación para la mayoría de las personas. En el caso de las visitas, sólo son posibles durante una hora, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes, de 17:15 a 18:15); sin embargo, por la manera en que están organizadas las visitas, de uno en uno, y sólo 15 minutos teóricos que, en la realidad se convierten en menos de 10 minutos, lleva a que cada día, sólo 4 internos puedan recibir visitas, en una lógica demencial que deja bien a las claras cuál es el fin con que se ha concebido este régimen interno: reprimir cualquier contacto del interno, eufemismo de presos pues así es como se les trata, con el exterior. Ni en pasados régimen dictatoriales se restringía la libertad de comunicaciones de los presos hasta este grado en este supuesto régimen democrático.
En cuanto a los derechos de asistencia jurídica, sanitaria y de traductores, no son cumplidos por dejadez de la administración de los centros. No existe ningún abogado entre el personal administrativo del centro, teniendo el interno que solicitar personalmente la presencia de un letrado para ser asistido, cosa muy complicada cuando no se sabe castellano o se acaba de llegar de un terrible viaje en patera y no se conoce los derechos que supuestamente nos protegen; así, la administración mantiene la farsa de que no se encuentran en la indefensión jurídica, al tiempo que no facilita un abogado que explique claramente cuáles son sus derechos. Esta situación explica el hecho de que, a pesar de que muchos inmigrantes vienen de zonas con conflictos bélicos y/o son perseguidos en sus países por sus ideas políticas, la solicitud de asilo político casi sea inexistente.
En el caso de la atención sanitaria, la misma se remite a primeras curas, sin que el centro facilite mediación a los internos que lleven un tratamiento. Los que tienen familiares o conocidos en el exterior, tendrán suerte pues podrán traerles sus medicinas; los que no, la inmensa mayoría, deberán esperar mucho tiempo antes de recibir sus medicamentos.
Los traductores, personal que debiera ser fundamental en un centro como este en donde cada día conviven personas de muy diversas nacionalidades, son inexistentes pues la administración no los contrata. Así, los internos deben conformarse con lo que otros internados buenamente les puedan contar y ayudar, en muchos casos con el mismo grado de desconocimiento sobre las normas y legislación que los ampara que los recién llegados
El control interno del centro, que recordemos no es una prisión, viene impuesto, no por personal formado para tratar con inmigrantes, como pueden ser trabajadores sociales, educadores, etc… sino por los Cuerpos Policiales del Estado, formados para reprimir y no para gestionar la convivencia de un grupo de personas con estas características. Así, prima la disciplina cuartelera, con continuos insultos y vejaciones a los internos que llega a su máxima expresión en la existencia de celdas de castigo en donde el interno puede pasar dos o tres días en completo aislamiento ante la más mínima muestra de protesta ante el trato recibido, sanción impuesta según el arbitrario criterio del policía de turno quien descarga su frustración ante la realización de un trabajo para el cual no está ni formado ni capacitado personalmente, denigrando a los internos colocados bajo sus botas.
En el caso de que la administración pública decida la repatriación del interno, esta decisión no se le comunica previamente al mismo (con lo cual sus familiares y conocidos, no pueden ni despedirse de él), siendo levantado a altas horas de la noche, reunido con otros internos y, en la mayoría de las ocasiones, conducidos bajo la mentira de ser trasladados a otros centros de internamiento, al aeropuerto para su salida hacia, si hay suerte, el país de origen o, en la mayoría de las ocasiones, a un tercer país que acepte los acuerdos de repatriación, dejando en la más profunda indigencia a esas personas cuyo único delito ha sido intentar vivir como persona en pleno S.XXI. La administración actúa con tal improvisación que, en más de una ocasión se ha dado el caso de inmigrantes de Sierra Leona, han sido enviados a Senegal al aplicarse el criterio tan “legal” de determinar el país por el color de la piel de la persona, lo que demuestra la existencia de un claro racismo promovido por las instituciones públicas, efectivo desde el mismo momento en que, por ser de color o no seguir los cánones que ellos determinan deben tener las personas occidentales, te ves acosado en la calle o en los medios de transporte, en tu vida cotidiana, siendo retenido durante días en estos centros, verdaderos campos de concentración, y expulsado del país. Quien haya podido visitar un CIE podrá confirmar la veracidad de nuestras palabras, pues casi son inexistentes los rubios, de ojos claros y de facciones occidentales entre los retenidos, predominando las personas de piel oscura y/o rasgos andinos.
Toda esta realidad, contada en secreto y temiendo ser perseguidos por hablar, nos ha sido relatada por diversas personas que han sufrido el “encarcelamiento” en estos centros, demostrando que no se trata de una situación anómala producida en el CIE de Hoya Fría, sino una práctica generalizada a lo largo de todo el Estado que, se supone, debe garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de todo habitante de este planeta, como es la no persecusión por la raza, ideas políticas, creencias, etc., o el promover políticas tendentes a acabar con el hambre y la miseria, por sólo citar algunos epígrafes de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, firmada hace ya muchos años por este país.
Para acabar con el silencio cómplice que permite la continua conculcación de la legislación vigente y un trato completamente inhumano y vejatorio, es por lo que la CNT de Canarias ha salido de nuevo a la calle para exigir el cierre inmediato de los mal llamados Centros de Internamiento de Extranjeros, verdaderos campos de concentración, en donde se aplica una política xenófoba, cuando no simple y llanamente racista hacia los más desfavorecidos de esta sociedad, creando un submundo que sobrevive en la sombra y que es acosado hasta provocar el hundimiento físico y psicológico de las personas. Lanzamos un grito de rabia e indignación a las políticas migratorias y exigimos el cese de esta represión. Por el derecho de todas las personas a tener plenos derechos. Por un mundo libre para personas libres, el cierre inmediato de todos los CIE y el fin de las políticas de represión y persecución de los inmigrantes.
