Los planes de privatización que vienen desarrollándose en la C.A.M en estos últimos años, han llegado a su punto de consolidación, tras las últimas medidas adoptadas y anunciadas por la Consejería de Sanidad y que han puesto en pie de lucha a toda la comunidad sanitaria y a los/as usuarios/as del servicio público de salud.
El Gobierno Regional de la C.A.M, pretende ahora asentar definitivamente el expolio y la venta de parte del servicio público a grandes corporaciones del sector privado sanitario; anunciando la externalicación-privatización de seis hospitales, 27 centros de salud y 26 categorías de personal no sanitario entre otras medidas, que sumadas a los recortes de estos últimos años, la cesión y construcción de los seis últimos hospitales de la C.A.M a empresas privadas, siendo el más agresivo plan de deterioro, desmantelamiento y expolio de la sanidad pública en todo el estado español.
Las jornadas de huelga convocadas para esta semana y que se suman a las de la anterior, son apoyadas y secundadas por la CNT; así como las múltiples y multitudinarias movilizaciones y encierros que en estas últimas semanas se vienen produciendo y que ponen de manifiesto, que ni el sector sanitario ni los/as usuarios/as estamos dispuestos a que estas medidas se lleven a cabo; oponiéndonos frontalmente y extendiendo el conflicto hasta donde sea necesario, con el objetivo de salvaguardar de las garras del neoliberalismo, un modelo sanitario que aún con muchas fracturas en su gestión, calidad del servicio y condiciones laborales, “garantiza” la asistencia sanitaria para todos/as los/as trabajadores/as y ciudadanos/as, siendo excluidos/as los inmigrantes en condición irregular, aunque sigan siendo atendidos/as por muchos/as profesionales que se han declarado también objetores a esta inhumana política de lucro.
Pero no podemos pasar por alto el papel que están jugando los sindicatos de la Mesa Sectorial (convocantes de una de estas huelgas), que tras años de indiferencia y complicidades con las políticas sanitarias de la C.A.M y que apoyaron (CCOO y UGT nunca manifestó lo contrario) la aprobación de la Ley 15/97 del PSOE-PP, piedra angular del proceso privatizador y que ahora en pleno conflicto siguen obviando, incluso intentando catalizar y monopolizar las asambleas de trabajadores/as que han surgido en muchos centros y que están jugando un papel fundamental en la autoorganización, extensión y radicalización del conflicto.
CNT Federación Comarcal Sur – Villaverde
La privatización de la sanidad solo es posible gracias a la ley 15/97
Las medidas de desmantelamiento y privatización anunciadas por el gobierno regional del PP solo son posibles gracias a la Ley 15/97 (aprobada por PP, PSOE, CiU, PNV y CC), que permite que cualquier centro sanitario o socio-sanitario pueda ser gestionado y traspasado a empresas privadas, tal como confirmó el T.S.J. de Valencia (“el soporte legal a la concesión administrativa de Alzira vendría dado por la Ley 15/1997”)
Hasta ahora, Comunidades Autónomas de diferente signo político han venido “aprovechando” las posibilidades que ofrece esta Ley para privatizar bajo el paraguas del eufemismo “colaboración público-privada”. Así el PP ha utilizado este sistema de forma masiva en la Comunidad Valenciana y Madrid, además de Murcia, Galicia y Castilla León, mientras que el PSOE lo ha aplicado, con apoyo de sus socios de “izquierdas” en Cataluña y Baleares.
Además, durante las anteriores dos legislaturas -casi 8 años de mayoría- el PSOE, aun viendo lo que el PP hacía en Madrid y Valencia, mantuvo la ley en vigor e hizo oídos sordos a numerosas y multitudinarias movilizaciones; ni siquiera ninguno de sus tres ministros de sanidad durante ese periodo, se molestó en recibir a las organizaciones que presentamos 500.000 firmas en el
Congreso pidiendo la derogación de la 15/97.
Por otra parte, el Estatuto Marco del personal al servicio del SNS, Ley 55/2003, (en cuya elaboración participaron, entre otros, sindicatos subvencionados del sector sanitario), introdujo la figura de los Planes de Reordenación de Recursos Humanos, que permiten, entre otras cosas, traslados forzosos masivos de personal de los centros públicos para vaciarlos de empleados
públicos y cedérselos a las empresas privadas (Pontones y Quintana son el ejemplo).
Ante el anuncio de miles de despidos; privatización de la gestión sanitaria de los hospitales modelo PFI1 (no se privatizan ahora, ya estaban privatizados antes de su inauguración), modelo que en un principio solo afectó al personal no sanitario y a Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Parla, Arganda, Aranjuez parte del sanitario (laboratorios, diagnóstico por la imagen); externalizaciones de servicios no sanitarios; fusiones de servicios clínicos; privatización de centros de atención primaria; introducción del euro por receta; desmantelamiento de La Princesa y el
Carlos III, etc., corremos el riesgo de perseguir la zanahoria que nos enseñan y olvidar el verdadero fondo del asunto: las causas que permiten la privatización, la Ley que la posibilita, sus responsables por acción u omisión y el negocio que persigue.
Todas estas medidas son un paso más en el plan, perfectamente planificado y en marcha desde hace años (1991, Informe Abril Martorell), para desmantelar el sistema sanitario, privatizar las partes rentables, empujar a los sectores de población que puedan pagárselo hacia los seguros privados, e ir conformando con los restos un sistema de baja calidad, similar a los antiguos de beneficencia para el resto de población: trabajadores, parados y excluidos, al tiempo que se inicia la exclusión de los
más desfavorecidos, los inmigrantes sin papeles.
En este momento están surgiendo propuestas de lucha genéricas en “defensa de la sanidad pública”, solo contra los recortes, e incluso reclamando que los hospitales de modelo PFI se mantengan como hasta ahora (olvidando las repercusiones que este modelo privado tiene en usuarios y trabajadores); reclamando una “falsa unidad” que pasa por un pacto de silencio que oculte a la población y los trabajadores las causas y los responsables de la privatización y su connivencia con el capital privado; así como quienes han votado, mantenido y/o callado, su herramienta fundamental: la Ley 15/97.
No debemos entrar en este juego, la unidad es deseable, pero en base a actuar sobre las causas de la privatización, no solo sobre los síntomas. Hacemos un llamamiento a organizarse en cada barrio y pueblo en defensa del sistema público de salud. Solo si se articula una alianza entre trabajadores del sistema sanitario y población para poner en marcha un proceso continuado de movilizaciones, podremos frenarlo. Este plan debe incluir la reivindicación de la puesta en marcha de mecanismos
de gestión democrática por parte de los propios usuarios y los trabajadores de los centros: nunca más los centros en manos de políticos y empresas.
CAS-Madrid – Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid
(CNT integra junto a otras organizaciones sindicales CAS Madrid)
