La demandante exige a la Administración extremeña que evite atropellos laborales de empresas subvencionadas y alerta de la precariedad laboral derivada de la “carguitis”.
Europa Press Delegaciones S.A. reconoce el despido improcedente de una trabajadora, con cinco años de antigüedad, afiliada al Sindicato de Oficios Varios de la CNT de Mérida, que demandó a la agencia de noticias al ser despedida durante sus vacaciones y haber sido reemplazada en su puesto por diferentes becarias.
La baja fue cursada el 1 julio de 2011, hecho que fue comunicado a la afectada por un SMS de la Tesorería de la Seguridad Social el día 7 del mismo mes, sin que los responsables de la agencia informasen directamente a la periodista, entonces redactora y responsable de EPTV en Extremadura.
Ante este atropello laboral, tras la incomparecencia de la empresa al acto previo de conciliación, el 23 de agosto María José Rodríguez interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Social Número 2 de Badajoz por considerar improcedente la causa del despido, aduciendo fraude de ley.
El pasado 8 de noviembre, sin llegar a celebrarse el juicio previsto para ese día, se llegó a un acuerdo extrajudicial tras reconocerse la improcedencia, indemnizando a la periodista y transmitiendo disculpas a la misma por lo “mal” que se había gestionado su despido, que responde “a razones económicas, exclusivamente”, tal y como reconoce el director financiero de la empresa.
‘CARGUITIS’ Y PRECARIEDAD LABORAL
Pese a que la redactora tenía un contrato de interinidad hasta fin de excedencia del ex Director General de Relaciones Informativas, Institucionales y Publicidad de la Junta, Europa Press ha dado por finalizadas las relaciones laborales con los dos trabajadores al no incorporarse a su puesto de reserva el ex alto cargo que había solicitado la excedencia en 2004.
La empresa prescinde así de la trabajadora, pero no del puesto de redactor que se ha cubierto con becarias – sustitutas a las que se paga la irrisoria cantidad de 360 euros por estar activas más horas y desempeñar las mismas tareas que la despedida realizaba por 1.300 euros, salario recogido en convenio laboral vigente.
La demandante ha querido hacer público su caso para llamar la atención sobre la precariedad laboral que lleva aparejada la ‘carguitis política’ para los profesionales que son contratados en sustitución de hombres de confianza de los políticos de turno que les reclaman cuando suben al poder.
Mientras asesores y altos cargos cuentan con reserva de plaza por excedencia, disfrutan de sueldos abultados o pueden permitirse el lujo de negociar con la empresa para cobrar el paro en vez de trabajar. Por el contrario, quienes cubren estas vacantes, aunque sea por periodos mucho más prolongados que quienes gozan de la reserva, son contratados en condiciones muy precarias.
Ante estas injusticias, la demandante insta a la Administración autonómica a que deje de consentir estas prácticas abusivas a empresas a las que mantiene en la comunidad gracias a la rúbrica de generosos convenios económicos, firmados con las direcciones de estas entidades empresariales, la mayor de las veces, domiciliadas en Madrid.
Del mismo modo, la demandante–tras recordar que al menos una de las becarias rondaba los 30 años y había cursado masters de especialización– lamenta la falta de solidaridad entre trabajadores del mundo de la comunicación que aceptando estas condiciones están provocando la merma de derechos de los profesionales de un sector ya de por sí bastante denostado, acentuando más si cabe su precariedad.
La redactora pide a las asociaciones de la prensa y sindicatos de la comunidad que, en vez de silenciar estas actuaciones, las denuncien para contribuir así a preservar los derechos laborales y a concienciar a los trabajadores para que luchen por su dignidad.
Coordinadora de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos de CNT
