Espías en la asamblea

ANTIRREPRESIÓN | Ilustración de Azagra Revuelta | Extraído del cnt nº 435

Hace unos meses La Directa publicaba en exclusiva cómo desde el 2 de junio de 2020 un agente del Cuerpo Nacional de Policía se infiltró en los movimientos de izquierda independentista catalana y las asambleas contra los desahucios. Lo hizo bajo el nombre de Marc Hernàndez Pon. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después se supo a través del mismo medio catalán que «Marc» no estaba solo en aquella operación de infiltración. Salido de la misma Escuela de Policía de Ávila y en paralelo, otro miembro de la Policía que se hacía llamar Daniel Hernández Pons llegaba desde Mallorca hasta el barrio barcelonés de Sant Andreu.

Según las investigaciones periodísticas publicadas hasta el momento estos dos no son casos aislados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo el mandato del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habrían introducido en los últimos años múltiples agentes encubiertos en los movimientos sociales y libertarios del Estado español, no se sabe con qué finalidad, pero lo cierto es que los ejemplos que conocemos hasta el momento hablan de una red estable de espionaje policial.
Apenas un mes después de conocerse la infiltración en Barcelona, La Directa publicaba ahora el nombre de Ramón Martínez Hernández, venido de la misma escuela policial que los dos anteriores, llegaría a los movimientos sociales del barrio de Beniclamet en Valencia en marzo de 2020 y sus primeros pasos los daría en las asambleas de Cuidem Beniclamet.

Pero la publicación de estos topos no quedaría ahí. El 15 de marzo El Salto sacaba a la luz el nombre de Mavi L.F. ligada a los movimientos de justicia climática de Madrid y que llevaría infiltrada desde el 5 de noviembre de 2022 en torno a las asambleas del CSO La Animosa del barrio de Hortaleza de la capital.
Hay que recordar que, según el marco legal vigente, estos tipos de infiltraciones solo pueden llevarse a cabo con una orden judicial en los supuestos de terrorismo, crimen organizado y tráfico de estupefacientes.

Al menos tres policías infiltrados por el Ministerio del Interior habrían realizado labores de topo en diferentes colectivos sociales en Barcelona, Valencia y Madrid en los últimos años.

Dentro de los movimientos sociales que han sido espiados las reacciones han basculado entre la sorpresa inicial a la indignación generalizada por todas las barreras éticas y legales que traspasa un caso de infiltración como este. Hablamos de implicaciones personales e incluso de relaciones sexuales con militantes de los movimientos. En una entrevista publicada en La Directa a una militante anarquista barcelonesa que tuvo una relación sentimental con el policía Daniel Hernández Pons, relata cómo se conocieron: «Fue a finales de noviembre de 2020 en una asamblea de La Cinètika, para trabajar en una guía para la prevención y actuación frente a las violencias patriarcales». Ella dice sentirse utilizada, como mujer y como activista.

Y ese es uno de los puntos que denuncian desde Valencia, una «vulneración de los derechos civiles y políticos» por un delito de «revelación de secretos y violación de los domicilios de las activistas con las cuales los agentes han estado» relataba la abogada de Alerta Solidària Maria Josep Martínez.

Tras conocerse los casos de los agentes topo en Cataluña y Valencia, en Madrid las compañeras de la infiltrada se dieron cuenta que el comportamiento de su policía conocida como Mavi también cambió: «Su reacción fue no desaparecer al completo, pero casi. Después del segundo artículo de La Directa […] ya no intentaba involucrarse de la misma manera» recoge El Salto.

El Ministerio del Interior aseguró durante el verano de 2022 que las infiltraciones que había denunciado el independentismo catalán en sede judicial, ya «habían cesado». Este fue uno de los motivos por los cuales la Audiencia Nacional no inició ninguna investigación a raíz de la publicación del primer policía infiltrado, pero el caso del segundo, de Daniel Hernández Pons, desmiente que ya no se produjeran este tipo de trabajos ya que este continuaba su labor de espionaje a finales de enero de este año según se podía deducir de su actividad en redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram.

En el Congreso de los Diputados partidos como Compromís, CUP, ERC, Junts per Catalunya, PDeCAT, EH Bildu, BNG o Más País ya han exigido explicaciones al Ministerio del Interior sin que haya habido respuesta.

Que los Gobiernos espíen a sus ciudadanos u organizaciones sociales no es nada nuevo, hay ejemplos documentados de estas prácticas desde hace mucho tiempo, pero en los últimos meses este tipo de ejercicios de Inteligencia han conseguido saltar desde los despachos a la opinión pública. En marzo de este año la Cadena SER publicaba como el exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, durante el último gobierno del Partido Popular, presuntamente conspiró, desde el año 2015, junto al jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, para espiar a al menos dos periodistas y conocer qué fuentes les filtraban información.
Otro caso, incluso con ramificaciones a nivel internacional es el uso del software espía Pegasus. En el verano del 2021 un grupo internacional de periodistas reveló cómo 50.000 teléfonos móviles en todo el mundo, desde grandes líderes internacionales como Macron hasta decenas de opositores y periodistas a lo largo del globo fueron espiados. Los tentáculos del uso de este software creado por tres ex-agentes del ejército de Israel especialistas en ciberarmamento y ataques informáticos, llegaron hasta los Gobiernos de Grecia, México, Marruecos o España en un intento por controlar a políticos de la oposición, periodistas críticos o movimientos sociales.

Estas infiltraciones solo pueden llevarse a cabo con una orden judicial en los supuestos de terrorismo o tráfico de estupefacientes.

Este tipo de violencia policial supone un nuevo capítulo contra la ejercida habitualmente contra asambleas, organizaciones y colectivos vecinales críticos con el sistema, que en este caso añade un matiz nuevo, el de la violencia sexual ejercida por estos agentes hacia las personas con las que mantenían relaciones en un intento por conseguir información de las actividades de los colectivos sociales. En Barcelona, el policía D.H.P mantuvo relaciones con al menos ocho mujeres que militaban en los espacios alternativos de la ciudad condal y a las que utilizó para integrarse en los mismos. En enero, cinco de ellas presentaron una querella, impulsada por el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia y el sindicato CGT, donde milita una de las afectadas. La denuncia tiene como objetivo el agente de policía, su superior jerárquico y el Ministerio de Interior como responsable civil subsidiario por los delitos de abusos sexuales, revelación de secretos, contra la integridad moral e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

Este caso recuerda al sucedido en Londres en 2010 cuando se descubrió que el agente de la Policía Metropolitana de la ciudad británica Mark Kennedy llevaba siete años infiltrado en los movimientos ecologistas de la capital y que mantuvo relaciones sexuales con varias mujeres que integraban las asambleas. Una de las víctimas denunció y consiguió que en 2022 un tribunal condenara al agente a pagar 229.000 libras.

Estas infiltraciones en los movimientos sociales del estado son un ataque directo a la línea de flotación de los mismos, a sus estructuras organizativas y a la confianza mutua que se genera en las diferentes asambleas y métodos de participación que tienen los movimientos sociales y organizaciones. Según testimonios de miembros del colectivo La Animosa recogidos por El Salto: «Están aprovechando esa apertura de los espacios para meter infiltrados en los centros sociales, e intentar también que se cree una paranoia colectiva respecto a esto».

Todas las víctimas de este espionaje destacan la poca formación política de estos agentes infiltrados, con un modus operandi similar: rehuir de los debates y basar su labor de topo a través de las relaciones personales que les permitiesen adentrarse en los movimientos sociales y conocer sus acciones y actividades en unos últimos años de gran efervescencia política dentro de las organizaciones alternativas.