Por si fuera poco con aumentar la edad de jubilación a los 67 años sin tener en cuenta a los parados y paradas de más de 45 años, muchos de larga duración, la propuesta de reforma laboral del Gobierno tampoco ofrece ninguna solución para este colectivo.
Dos cuestiones han sido puestas sobre la mesa en la última semana por el Gobierno del Estado español. La primera fue aprobada directamente, la jubilación a los 67 años. Una medida antipopular y escasamente argumentable cuya única justificación son las prisas gubernamentales por hacer algo para disminuir el alcance de las críticas y exigencias en forma de advertencias de los centros de estudios económicos de las grandes corporaciones bancarias y empresariales, organizaciones financieras y preeminentes economistas del neoliberalismo.
La segunda es una propuesta de reforma laboral cuya ambigüedad es tal, que dificilmente podrá tener efectos positivos para la creación de empleo, mucho menos para el mantenimiento o mejora de las condiciones de trabajo, estando destinada únicamente, igual que lo anterior, a la búsqueda de intentar aparecer ante la opinión pública como un gobierno dinámico, con ideas para reconducir la economía y el grave problema del desempleo.
Ambas cuestiones tienen un punto de confluencia: el olvido de la difícil situación en que se mueven los trabajadores y trabajadoras desempleadas mayores de 45 años para conseguir reincorporarse al mundo laboral activo, una vez que se ha visto que la política de bonificaciones a la contratación no da los resultados que se esperaban.
La reforma laboral propuesta define como una de sus prioridades el acceso de los jóvenes a un trabajo a través de contratos de formación, pero deja fuera de esas prioridades a un sector amplio de la sociedad como es el de quienes están en sus últimos 20 años de vida laboral, ahora más larga por la ampliación de la edad de jubilación y que no sólo tiene concecuencias en el día a día de esas personas por la situación en sí, sino que supone, con cada año que pasan en el paro, el incremento de la posibilidad de no encontrar empleo y, con ello, que por el periodo de cotización estimado para el cálculo de su pensión, por ahora de 15 años, de los cuales 2 han de ser dentro de los últimos 15 previos a la jubilación, esa pensión se ve afectada negativamente, es decir, a la baja.
En conclusión, ni el aumento de la edad de jubilación, ni la propuesta de reforma laboral, se pueden considerar instrumentos útiles para mejorar la grave situación de paro, por lo que su influencia se puede definir como nula en ese aspecto, y negativa en lo que respecta a los derechos de protección social de las clases más desfavorecidas, trabajadores y trabajadoras mayores de 45-50 años, viejos para trabajar según las exigencias del empresariado, y jóvenes para jubilarse según los criterios del Gobierno.
