Desde hace unos años estamos viendo el auge de empresas privadas con capital publico dentro de la administración autonómica de Extremadura. Este fenómeno ya hace años que se está dando en el resto de autonomías.
La administración pública, en complicidad con estas empresas y los sindicatos institucionales amarillos, pactan día a día y a espaldas de la sociedad y en contra de sus intereses, la privatización de los servicios públicos donde pueden meter mano, convirtiéndolos en un negocio y dejando de ser un derecho. La propia administración se pasa por el arco del triunfo los principios de igualdad, capacidad y mérito a los que obliga la Ley de la Función Pública.
¿Cúal es la situación en Extremadura?.
En Extremadura se creó una sociedad de gestión pública (GPEX) que aglutina quince empresas, pero en total la Junta tiene 24 empresas públicas según el Informe Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundaciones de 2006.
¿Qué está pasando?. Por un lado que nos están privatizando servicios enteros, caso de ITV y algunos sectores de agricultura, gestión forestal, medio ambiente, etc, por otro lado con las privatizaciones y las llamadas asistencias técnicas no se está contratando a personas a través de las bolsas de trabajo que aprobaron los exámenes en su día. Estas personas el futuro que tienen es engrosar las filas del paro.
Estas empresas se han convertido en los gestores de la oferta pública de empleo de la Junta, ofertando plazas que se tendrían que ocupar por oposición publica, y no estamos hablando de una o de dos sino de cientos. Con este sistema la convocatoria de empleo público de la Junta se reduce a unas pocas de plazas, cuya convocatoria suele coincidir con periodo de elecciones.
La manera de contratar de las empresas publico-privadas, suele ser por entrevista de trabajo, o sea que los futuros trabajadores entran a criterio de los entrevistadores. Se ha denunciado que de esta manera los que más posibilidades tienen son los amigos,familiares, etc. No existe por tanto un proceso selectivo objetivo y transparente. El fraude es evidente.
Un/a trabajador/a contratado/a por estas empresas no goza de los mismos derechos que uno que esté contratado por la Junta, por lo que se está precarizando y degradando el empleo dentro de la administracion.
La argumentación para privatizar está basada en la farsa de que lo privado funciona mejor que lo público, cuando la realidad de todo proceso privatizador es: pérdida de empleo, precariedad de los nuevos contratos, pérdida de derechos laborales, sociales y económicos, una mayor explotación y el encarecimiento para la ciudadanía del propio servicio.
