Primero vimos cómo cayó el Convenio de Intervención Social de la Comunidad de Madrid, impugnado por un sector de la patronal. Recientemente hemos visto cómo ha sucedido lo mismo con el Convenio Estatal.
Ambas situaciones dejan sin convenio a miles de trabajadores/as del sector “de lo social”, lo que supone un escenario de precariedad e indefensión de los derechos laborales.
El sector de la patronal denunciante, donde se encuentran auténticas empresas gigantes de la Intervención Social (Mapfre Quaevitae SA, Grupo 5 Acción y Gestión Social SC y Quaevitae Biti Kalitate), impugnó ambos convenios alegando que “había falta de representatividad por parte de la patronal” en la firma del mismo. Los tribunales, como tantas veces, le dan la razón a la patronal, dejando así a tantos/as trabajadores/as sin convenio. Cabe destacar que CCOO también formó parte de la impugnación del convenio estatal, imaginamos que por luchas de poder internas, contribuyendo así a que estemos sin convenio.
La realidad es que el sector había estado sin convenio durante décadas. En la Comunidad de Madrid se firmó el I Convenio de Intervención Social que, a pesar de las deficiencias que contenía, constituía un avance respecto a la situación precedente y podría ser un primer paso, tanto en la mejora de las condiciones laborales, como en la organización de los/as trabajadores/as.
El sector se ha caracterizado siempre por la falta de regulación. Lo habitual es que los/as trabajadores/as tengan convenios ultra-precarios del tipo “Oficinas y despachos”, donde se aplican las categorías profesionales más bajas, sin tener en cuenta ni los estudios, ni las funciones realizadas. Entre otras cosas esto es posible porque ningún convenio refleja los puestos de trabajo que se realizan en este sector. Esta situación sirve de justificación a la patronal para hacer lo que quiera con los trabajadores pues “no había convenio”. Los salarios, en este contexto, eran considerablemente más bajos. Por eso, ante la aprobación del convenio de Intervención Social de la Comunidad de Madrid, las empresas más grandes del sector, corrieron para constituirse como “asociación patronal” (Asociación Empresarial Estatal de Servicios de Emergencia Sociales e Intervención Social), para impugnar el convenio que abría un panorama laboral menos rentable para ellas. Poco le importa a la patronal “la representatividad”. Lo que quieren es mantener el sector sin convenio, o con uno todavía peor. Lo primero ya lo han conseguido con ayuda de los jueces, que deberían quedarse en las mismas condiciones que nosotros/as, con la posibilidad de aplicarles solamente el estatuto de los trabajadores, y el salario mínimo interprofesional, para probar su propia medicina.
Vergonzoso que un sector donde las empresas viven, en buena medida, de dinero público, esté así. No podemos dejar de señalar a la administración local, autonómica y central como responsable de este “desastre” laboral, porque lleva consintiéndolo, muchos años y fomentando la contratación de empresas que cometen todo tipo de abusos con sus trabajadores/as.
Desde CNT-AIT reivindicamos que el proceso de negociación que se abre de un nuevo convenio tenga como eje la participación de los trabajadores a través de las asambleas. Nosotros/as como sindicato apostamos por la autogestión de nuestros problemas, la acción directa y la movilización en el sector para arrancar mejoras a la patronal.
Nuestras REIVINDICACIONES:
POR UN CONVENIO QUE MEJORE LAS CONDICIONES LABORALES EN EL SECTOR DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
El sector de lo social aglutina a un buen número de empresas, ONGs, fundaciones y administraciones públicas que ofrecen servicios de carácter social. La mayor parte de las empresas del sector tienen un interés meramente lucrativo en participar en el sector. Lo peor de todo es que se aprovechan de los trabajadores del sector y merman la calidad de los servicios. A su vez, muchos de estos servicios ofrecidos por las empresas vienen a funcionar como ariete para forzar la privatización de los servicios públicos.
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Nosotros defendemos que no se privaticen los servicios públicos, porque hasta ahora las privatizaciones no han supuesto más que una excusa para beneficiar económicamente a empresas que tienen poco o ningún interés en solucionar las necesidades de las personas.
POR UNOS SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD Y POR LA TRANSPARENCIA EN SU GESTIÓN
Consideramos que los problemas que se han venido dando en los servicios sociales de carácter público se pueden solucionar mediante el compromiso y la participación de trabajadores y usuarios, evitando que se transformen en meras empresas en busca de beneficios o en armas del clientelismo político.
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Estabilidad en el empleo: hay muchos contratos en fraude de ley. Exigimos que la contratación indefinida sea la norma y no la excepción.
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Respeto a la libertad sindical en su más amplio significado. Es habitual en el sector, que cuando reivindicas cualquier derecho laboral seas obviado, despedido o “no renovado”.
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Cese del chantaje emocional, con que los empresarios pretender eludir aplicar las mejoras laborales necesarias en el sector, aduciendo que si las llevan a cabo repercutirían en una merma del servicio. Solo buscan su propio beneficio y no la dignificación de un trabajo necesario.
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Aplicación de un convenio para el sector. La ausencia de convenio ha supuesto que se nos aplique a los trabajadores del sector convenios alejados de nuestra realidad y que se caracterizan por su precariedad y bajos salarios (oficinas y despachos, hostelería, etc.).
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Categoría profesional adecuada: en el contrato laboral. En muchas ocasiones la categoría laboral que aplican es irreal, menor a la que desempeñamos y con un salario también inferior.
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Realidad de las horas de trabajo: en este sector los contratos parciales abundan. En muchos casos no incluyen las horas reales que trabajamos sino tan sólo las de las actividades concretas con los usuarios, sin incluir, por ejemplo, las reuniones de programación, la preparación de las actividades o la compra del material necesario.
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Libertad de conciencia: no somos predicadores/as, sino que queremos transmitir herramientas que supongan el desarrollo integral del sujeto, fomentando una actitud crítica, la autonomía y la responsabilidad.
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Transparencia y claridad en las cuentas y en la gestión: la mayoría de las empresas se nutren económicamente de subvenciones estatales y privadas. Es fundamental que tengamos acceso a las cuentas, que sepamos a qué se destina el dinero.
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Aumento salarial y visibilidad social: exigimos que se revalorice el trabajo que desempeñamos tanto a nivel salarial como que se publicite su función social. Los usuarios y la gente en general debe ser consciente de su importancia y necesidad.
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No disgregación del sector: la disgregación implica la aplicación de multiplicidad de convenios y normativas, dividiendo a trabajadores/as y mermando su capacidad de lucha.
Desde la CNT queremos manifestar que como organización anarco-sindicalista luchamos por la transformación social, el fin de la explotación y de la sociedad de clases. Como parte de nuestra estrategia de lucha buscamos conseguir mejoras concretas a corto y medio plazo. No son para acomodarnos en el sistema, sino para crecer en capacidad organizativa y fuerza. Nuestro objetivo es hacer posible una sociedad libertaria, donde las cuestiones sociales puedan plantearse en otros términos que no sean los beneficios económicos o las relaciones de poder.
ORGANIZATE Y LUCHA