DOSIER: Acción social y solidaridad | Pineda de Mar (Barcelona) | Ilustación de Karma | Extraído del cnt nº 428
> Somos de los estados de Europa donde más parte de nuestros ingresos se dedican al pago del alquiler y de la hipoteca
> De los años 2008 al 2020 se han ejecutado 1.002.000 alzamientos, un desahucio cada 12 minutos y el 70% ya son de alquiler
Comenzamos este artículo, mencionando el artículo 47 de la Constitución Española donde se habla del derecho a una vivienda digna:
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
Crisis inmobiliaria en España 2008-2013
El marco de la crisis en España 2008-2013, fue desencadenada por la burbuja inmobiliaria y provocó la subida de las hipotecas en más de 500 € en muchos casos.
Es destacable el trabajo de colectivos de defensa de la vivienda y organizaciones como la PAH, que agrupan a personas con dificultades para pagar la hipoteca o se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria, que por motivos como el paro o la subida de las cuotas no pueden hacer frente a las letras».
También, tienen cabida personas afectadas por la subida de los alquileres, siempre que el propietario sea un gran tenedor, naturalmente, asimismo tienen cabida personas y familias que se vean obligadas a ocupar un piso de un gran tenedor, por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, incluso que puedan ser desahuciadas sin una alternativa habitacional.
Como se puede comprobar, estamos inmersos en una nueva crisis de vivienda. Somos de los estados de Europa donde más parte de nuestros ingresos se dedican al pago del alquiler y de la hipoteca, lo que ya estaba ahogando económicamente a muchas familias, ahora, con el Coronavirus, esta crisis se hace mucho más grave e insostenible.
En estos años del 2008 al 2020 ha habido 1.002.000 alzamientos, un desahucio cada 12 minutos y el 70% ya son de alquiler y el descenso respecto al año anterior viene motivado por la actividad de los movimientos en lucha por la vivienda, ni de lejos es porque se haya producido algún avance estructural ni legislativo.
La subida de los desahucios de alquiler, va acompañada de la falsa noticia de la bajada de las ejecuciones hipotecarias. Tras la vergonzosa sentencia del Supremo, interpretando la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se están reactivando cientos de miles de procedimientos hipotecarios suspendidos en su tramitación desde la primavera de 2017, lo que provocará un importante repunte de los desahucios derivados de los mismos. Tampoco han sido suspendidos aquellos desahucios por impago de alquiler que, por el contrario, proliferan: «Hacen falta políticas sociales y dinamización eco-nómica para reducir el desempleo, es decir, tiene que haber una mejora de la economía y a donde la mejora no llegue, tienen que llegar las políticas sociales». (Texto extraído de la web de la PAH.)
Barcelona (1931), huelga de inquilinos
Llegados a este punto, me gustaría ofrecer una reseña del libro de la Huelga de Inquilinos en Barcelona (1931). Manel Aisa Pàmpols publica «La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica», una historia de la movilización de los obreros migrantes en los primeros años de la Barcelona republicana.
«Tenemos aquí un apasionado libro escrito por Manel Aisa, veterano activista de los movimientos sociales, antiguo militante del Sindicato de la Construcción barcelonés y secretario de la Federación Local de la CNT durante la Transición. Aisa, convertido en historiador de las luchas sociales de sus antepasados, ha realizado un estudio importante sobre la memoria histórica de los desposeídos que es, a la vez, un libro muy actual, un libro de historia para nuestros tiempos de pobreza e injusticia crecientes (pisos vacíos, desahucios, malnutrición); un libro especialmente bienvenido porque nos muestra las tácticas de lucha desarrolladas por el efímero Comité (a veces llamado Comisión) de Defensa Económica (CDE), que promovió la célebre huelga de alquileres de 1931 en la zona barcelonesa. El libro comienza con un análisis de la crisis de la vivienda en la Barcelona de la época: pisos divididos debido a la creciente demanda, casas insalubres con varias familias compartiendo un solo baño, barracas, etcétera. Los más afectados fueron los obreros inmigrantes que habían llegado para convertirse en las fuerzas de choque de la revolución industrial catalana.»
(Chris Ealham; leer más en el enlace: https://fal2.cnt.es/blog/es/node/36090)
El Tribunal Constitucional anuló la ampliación de las medidas antidesahucios de la Ley 24/2015 de Cataluña, conseguida con el Decreto ley 17/2019.
- A) Medidas que siguen vigentes:
- Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en ejecuciones hipotecarias.
- Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en impagos de alquiler.
- Interrupción de los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria y de impago de alquiler hasta que se produzca la oferta de alquiler social.
- Cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes tenedores.
- B) Medidas que se anulan:
- Renovaciones obligatorias una vez los alquileres sociales llegan a su fin.
- Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en extinciones de contratos de alquiler.
- Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en algunos casos de ocupación.
- Duración de los contratos de alquiler social (5/7 años). En este caso, habría que acudir a la LAU, en la cual se establece el mismo plazo.
Así mismo quiero reseñar los comentarios de Dionisio Moreno:
«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha indicado, desde 2013, que el derecho a una vivienda digna es un derecho básico, vinculado a la dignidad de las personas y el derecho al domicilio, por lo tanto los jueces españoles deben ampararnos en la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea para exigir una mayor protección a los ciudadanos y reclamar un modelo de acceso a la vivienda digna y la modificación de la Constitución para contemplar la vivienda como derecho fundamental».
Suspensión del pago de alquileres e hipotecas mientras dure la crisis
Lo tenemos claro: o se exime a estas familias sin o con pocos ingresos del pago del alquiler, de la hipoteca y de los suministros básicos del hogar (luz, agua y gas) durante el tiempo que dure la crisis o en pocos meses nos estaremos enfrentando a una crisis de vivienda peor que la de 2008, que ante la carencia absoluta de política de vivienda real a nivel estatal, durante los próximos meses se podría traducir en procesos masivos de desahucios.
Asímismo, también consideramos que esta medida debe ir acompañada de una política que durante la situación de emergencia no permita ningún despido y garantice la cobertura del 100% del salario.
- Suspensión temporal de los desahucios hasta que las Administraciones Públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada.
- Cumplimiento de Tratados Internacionales de Naciones Unidas y su prevalencia sobre la legislación nacional para que no haya un desahucio más sin alternativa habitacional.
- Anulación total de los desahucios con fecha abierta. Es necesaria una revisión de la LEC que evite la reinterpretación de algunos jueces, aumentando la angustia y evitando la defensa de la vivienda.
- Ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en agosto del 2021, con mejora de sus protocolos y casuísticas de acceso para que no afecte solo a las ejecuciones hipotecarias.
- Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue estando en situación de vulnerabilidad.
- Regulación y limitación de los precios del alquiler, como medida para frenar ese 70% de los desahucios actuales.
(Extraído de la web de la PAH)
Como anarcosindicalistas, hemos de participar en los movimientos sociales y de defensa del derecho a la vivienda. En la crisis del 2008 se rescataron los bancos, en la actualidad es imprescindible organizarse y luchar para que esta crisis no la paguemos nuevamente los y las trabajadoras.
