El año nuevo, que apenas hemos inaugurado, trae la puesta en práctica de una de las controvertidas reformas que el actual gobierno ha ido aprobando y desarrollando, sobre el sistema de pensiones.
El nuevo impuesto que ha entrado en vigor en enero de este año, es el denominado: Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este nuevo impuesto, viene a sustituir el antiguo Factor de Sostenibilidad aprobado por el gobierno del Sr. Rajoy en la reforma de las pensiones que llevó a cabo en el año 2013 y que jamás llegó a ver la luz. El origen del Factor de Sostenibilidad de Rajoy se sitúa inicialmente en la ley 27/2011 del gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, reforma exigida por la Unión Europea, que sólo llegó a desarrollar una parte de la misma, aquella que respondía, entre otras cosas, al incremento de los años en activo que el trabajador o la trabajadora debía cumplir para jubilarse (de 65 a 67 años). Tanto la reforma del 2011, como la del 2013 fueron justificadas, por el incremento de esperanza de vida de los trabajadores, argumentando que se debía adecuar la pensión a la esperanza de vida.
Como siempre, falsos mitos para ocultar la verdad de sus motivos, que son, ni más ni menos, los que cubren todas las reformas que ha habido en el sistema público de pensiones desde finales de los años noventa, caminar hacia un sistema de tres pilares, cuyo peso económico recaiga más sobre las pensiones privadas y de empresa – reclamadas por el capitalismo financiero y orquestado por la Unión Europea- que sobre las contributivas de carácter público.
El ministro del ramo, del actual gobierno, Sr. Escrivá, en una de sus múltiples maniobras para vender esta medida de la reforma como algo positivo para l@s trabajador@s y frente a la insistencia del movimiento social que venía reclamando en las calles la derogación, en general, de las reformas del 2011 y del Factor de Sostenibilidad, en particular, decidió trasladar al año 2023 la puesta en marcha de esta medida y posteriormente sustituirle por el MEI. Ambas cosas forman parte del mismo plan de llevar a las pensiones públicas a un callejón sin salida y que l@s trabajador@s acepten como algo inevitable la privatización de estas.
El MEI indica que, empezando en la nómina de este primer mes del año 2023 y durante los próximos diez años, los trabajadores y trabajadoras contribuirán al sistema público de pensiones en un 0,6% adicional a lo que ya vienen contribuyendo. Esta cantidad está siendo detraída directamente de la nómina al trabajador en un 0,1% y el otro 0,5% restante lo pagará directamente el empresario.
Con el MEI se quiere constituir un fondo de Reserva cuya pretensión es reforzar las cuentas de la seguridad social en materia de pensiones, debido a que los próximos años, los tecnócratas del estado prevén una avalancha de jubilaciones de los llamados baby boomer que harán aumentar notablemente el volumen de pensiones y sus cuantías.
En definitiva, el MEI es una hucha de las pensiones cuya finalidad es la misma que aquella que en el año 2011 había acumulado cerca de 70.000 millones de euros y que los distintos gobiernos de la democracia burguesa utilizaron para otra cosa distinta que las futuras contingencias de las pensiones Y con ello nos surge una importante duda: ¿Los 2.000 o 3.000 millones que pretenden recaudarse se destinarán a pensiones? o como nos dice la experiencia los emplearán para cualquier golfada que al gobierno de turno se le ocurra, como -por ejemplo- rescatar a la banca. Imaginemos si esto lo hubiera hecho Macron o Feijoo, alguna respuesta social habría.
Bien, concluyendo, el MEI no deja de ser una chapuza más de este gobierno autodenominado progresista, cuya base social son mayoritariamente los trabajadores y las trabajadoras. Un gobierno al que le ha faltado valentía para abordar con seriedad e independencia una reforma del sistema público de pensiones que se caracterice más por atender nuestras necesidades que por la obediencia ciega al capital financiero representado por las instituciones neo-liberales de la Unión Europea.
