Este viernes, el Congreso de los Diputados selló una vez más su alejamiento respecto de los intereses de la clase trabajadora y su proximidad a los designios de las grandes empresas transnacionales con la firma del denostado tratado de libre comercio con Canadá (CETA).
Este tratado forma parte de la estrategia del gran capital para la desregulación progresiva de los mercados que permita el libre tráfico de mercancías y servicios, evitando controles de seguridad, eludiendo las normativas estatales más favorables y aplicando criterios mucho más permisivos en materias como agricultura y alimentación, entre otras muchas. Este acuerdo favorecerá la privatización de los servicios públicos y reducirá el margen de maniobra de gobiernos nacionales, autonómicos y hasta locales para decidir sus inversiones y la mejora de las infraestructuras públicas, incluso en los servicios más básicos, como el suministro de agua o la gestión del medio ambiente.
Por otra parte, la entrada de grandes multinacionales de servicios en igualdad de condiciones con las empresas locales, propiciará la reducción salarial y de derechos laborales así como el aumento del desempleo en los sectores que resulten más afectados.
Durante meses se han sucedido las movilizaciones contra este tratado (y su correlativo con
EEUU, el TTIP, ahora paralizado por la negativa de Trump) en muchos países europeos. La falta de información sobre los contenidos concretos de los tratados y el secreto con el que se han gestionado las negociaciones han caracterizado ese período. De hecho, muchas de las consecuencias que tendrá ese tratado en la vida diaria de las personas, es todavía desconocido.
Pero en el Estado español, al igual que la Unión Europea, se han ninguneado -y reprimido- esas movilizaciones, al tiempo que los partidos políticos y las instituciones se ocupaban de airear las supuestas virtudes de esos tratados, haciendo el trabajo encargado -y suponemos que bien pagado- por las grandes transnacionales.
En cualquier caso, la votación llevada a cabo en el Congreso escenifica a la perfección el lugar en el que se encuentran “nuestros” políticos. El PSOE, como partido bien identificado con las políticas de “estado”, ha estado manteniendo una postura favorable a estos tratados en los foros internacionales en los que se ha manifestado. Con la llegada de Pedro Sánchez y el necesario cambio de fachada, hoy se ha abstenido en la votación. Es decir, ha favorecido la aprobación del tratado pero intentando mostrar que “algo” había cambiado.
Finalmente, el acuerdo se ha aprobado con los votos de PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT. Y estando como estamos inmersos en la cuestión sobre la soberanía nacional catalana, sorprende el voto favorable del PDeCAT (sucesor de la extinta Convergencia Democrática de Catalunya) al que no parece haberle importado lo suficiente la pérdida de soberanía que representa un acuerdo de este tipo. Tal vez los intereses de las grandes empresas son más importante que la soberanía, sea cual sea el estado en el que se pretenda estar.
Desde CNT continuaremos la lucha contra este y otros acuerdos que intenten imponernos, porque creemos que en absoluto pueden tener una repercusión positiva para la clase trabajadora, sino que supondrán tan sólo un nuevo paso en la estrategia desreguladora del gran capital contra los derechos y necesidades básicas de los pueblos.
