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COLUMNISTAS | JOSÉ LUIS VELASCO
La responsabilidad de la deuda estatal
es de quien la ha gestionado y contraído en beneficio propio, no de la
sociedad. La magnitud de la deuda estatal es responsabilidad de los que se han
beneficiado de la misma a partes iguales: clase política, empresarial y
banqueros, a ellos corresponde pagarla y asumirla.
La deuda Estatal en España, desde que
comenzó la crisis actual capitalista del 2007, ha pasado del 35% del PIB unos
384 mil millones de euros, a 1,034 billones de euros en 2014, el 97% del PIB,
68 mil millones de euros más que en 2.013, por habitante la deuda es de casi 23
mil euros. Desde que gobierna el PP en 2011 ha aumentado en cerca de 300 mil
euros.
La carga anual financiera para pagar los intereses a la banca es de 36
mil millones de euros. El rápido aumento de la deuda estatal se
debe a la disminución de los ingresos fiscales por el descenso de la actividad
económica; el gran aumento del paro
forzoso; los gastos improductivos y despilfarros económicos; una gestión
política ineficaz, derrochadora, despilfarradora, inútil, inepta, irracional y
corrupta al servicio de la clase política, empresarial y sindical para
mantenerse en el Poder y robar todo tipo de recursos públicos; unas inversiones estatales en obras civiles,
infraestructuras, construcciones y edificios inútiles y sin finalidad ninguna;
despilfarros en organismos estatales e internacionales al servicio del poder
político, empresarial, religioso y sindical; los costes de una burocracia
estatal de carácter político, empresarial, religiosa y sindical improductiva y
parasitaria; los costes de intereses para financiar los déficit estatales que
se traducen en un robo de recursos públicos por la banca, reciben dinero del Banco
Central Europeo a tipo casi cero y lo prestan a los Estados al 5%; las ayudas y
subvenciones a la banca y a las empresas; los costes del saneamiento y
reestructuración bancaria y de las cajas de ahorros; las estafas bancarias en
preferentes y acciones que son pagadas con dinero estatal, caso Bankia y Cajas
de Ahorro; las reducciones de impuestos
a las empresas, rentas del capital y bancos; la corrupción política,
empresarial y sindical; los gastos y presupuestos militares; la irracionalidad
de todos unos gastos en policías y sistemas de seguridad capitalistas y
estatales propios de sociedades injustas y opresoras; las subvenciones a la
Iglesia Católica y todo tipo de privilegios, incluidas las inmatriculaciones de
miles de edificios a coste cero, lo que constituye un robo en toda regla; los
paraísos fiscales para las grandes empresas multinacionales que no pagan
impuestos en ningún sitio; la amnistía fiscal para los ricos; el consentimiento
del fraude fiscal para las grandes empresas que no pagan impuestos, el 70% del
fraude fiscal se realiza por las grandes empresas; las exenciones fiscales para
la banca y las sociedades que cotizan en bolsa, sobre todo con la compensación
de bases imponibles negativas; el robo salarial de los altos cargos burocráticos
estatales.
A la vez, hay que sumar la inoperancia,
además de la injusticia, de un sistema económico injusto como es el
capitalismo, que basa su éxito económico
en la miseria y ruina social de la población trabajadora, donde la inversión y
crecimiento se traduce en un paro forzoso y pobreza de la población
trabajadora, con una irracionalidad económica de producir por producir para ver
donde y cuando se vende, sin ninguna lógica económica, con unos costes añadidos
en publicidad y transportes, y con un consumo irracional de productos que no
son necesarios para nada, producto de un espejismo publicitario que genera
necesidades innecesarias, a la vez que despilfarra productos que se producen y
no se pueden consumir, o no están al alcance de la mano de la sociedad, ejemplo
evidente son los millones de casas vacías
y los millones de personas sin
casa.
Todo ello constituye la estafa política
del coste del Poder basado en la ruina social de la población trabajadora.
Estafa política de toda la clase política que con engaños y mentiras, sus
programas electorales, se mantiene en el Poder en beneficio propio, utilizando
todos los recursos estatales a su alcance, que gestiona caprichosa, arbitraria,
delirante y desastrosamente con la única finalidad de conseguir esos votos para
seguir en el Poder, enriquecerse personalmente, y alimentar esa banalidad
estúpida del ejercicio del Poder. Esto constituye el coste del Poder que se
convierte para la sociedad en la ruina social.
La responsabilidad de la deuda estatal
es de quien la ha gestionado y contraído en beneficio propio, no de la
sociedad. La magnitud de la deuda estatal es responsabilidad de los que se han
beneficiado de la misma a partes iguales: clase política, empresarial y
banqueros, a ellos corresponde pagarla y asumirla.
La sociedad no ha decidido nada ni se ha
beneficiado de nada, todo lo contrario, es nuestra ruina, que hemos sido
obligados a pagarla y a sufrirla con el paro forzoso y la pobreza, con una
injusta distribución de la renta y una pérdida de los derechos sociales,
laborales, sanitarios, educaciones, culturales y económicos.
El principio de la responsabilidad
personal e intransferible, incluso está reconocido por su propia Constitución
de 1978, que se aplique. Que paguen las deudas quienes las hayan contraído, no
la sociedad. Ya es hora de que la separación estado /- sociedad sea una
realidad, que no se confunda más a la sociedad con el estado, el estado es la
ruina de la sociedad.
Y es cuando estaríamos hablando de la
sociedad sin estado, sobre todo de ese maravilloso libro de Pierre Clastres La
sociedad contra el estado Ed. Virus. 2010.
