En la pasada huelga en
el sector de la educación, estudiantes y trabajadores salieron a la
calle para luchar contra la inminente privatización de la educación,
para parar la LOMCE y pedir mejoras y reclamar derechos en las
condiciones laborales.
La respuesta del Estado a través de la
Subdelegación del Gobierno y sus instrumentos de represión (Policía
Nacional) ha sido la de sancionar económicamente a través de una
veintena de multas a aquellas personas que participaron en la
convocatoria con el afán de defender los derechos de la clase
trabajadora y el acceso y permanencia al sistema educativo en igualdad
de oportunidades.
Cinco de esas multas fueron a parar a
militantes de este sindicato que decidieron secundar la convocatoria.
Lo paradójico de esta historia es que tanto a estas cinco multas como
al resto se les acusa de acciones y hechos que no acontecieron y además
fueron impuestas sin identificación previa ni levantamiento de acta de
denuncia delante de los acusados.
Empieza a oler a podrido…
La
historia más llamativa es la de un joven estudiante que pertenece a
otro colectivo y que participa activamente en los movimientos sociales
de la capital. Éste también recibió la multa a pesar de que se
encontraba a miles de kilómetros disfrutando de la conocida beca
Erasmus.
¿Hablamos del uso de listas negras por parte de la Brigada de Información de la Policía Nacional?
Toma democracia!… come libertad!
Lo que está claro es que parte de esas multas han ido a parar a
personas que participan activamente en los movimientos sociales o
militan en algún colectivo u organización política de índole contraria a
la que sustenta el poder. Estas medidas impuestas tienen un claro
sentido amedrantador ya que lo que busca el Estado con las mismas es
perseguir, intimidar, atemorizar y apaciguar a personas dispuestas a
salir a la calle a luchar por lo que les pertenece y a todo aquél que de
un paso adelante y peleen por sus derechos y los derechos de los que
vienen detrás.
Pero el Estado se olvida de una herramienta
potente con la que cuenta la clase trabajadora: la solidaridad. Estas
multas no van a frenar nuestra acción sindical y política. Seguiremos
luchando en los centros de estudio, trabajo y en la calle contra el
sistema capitalista y contra el Estado que nos oprime.
Esta
campaña se hace con el objetivo de visibilizar los tejemanejes que la
democracia usa para tenernos “atados y bien atados” y denunciar
públicamente el acoso al que se ven sometidos los movimientos sociales
en esta capital y el resto del estado español.
DEFENDER LA EDUCACIÓN NO ES UN DELITO
CONTRA LA REPRESIÓN: ACCIÓN DIRECTA, SOLIDARIDAD Y LUCHA POPULAR
CNT-AIT SECCIÓN ENSEÑANZA ALMERÍA
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