· El sindicato reclama voluntad política para actuar con urgencia tras décadas de dejación institucional
CNT rechaza el intento de modificación de la Ley de Memoria de Andalucía propuesta por Susana Díaz, para incorporar la figura del Comisionado a beneficio del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, cuando no hay todavía presupuesto y recursos suficientes para la puesta en marcha de la ley.
El sindicato CNT solicitó el pasado 15 de febrero de 2017, incorporarse a la Comisión Municipal de Memoria Histórica, creada por el Ayuntamiento de Córdoba. Dicha Comisión se creó contando exclusivamente con las asociaciones memorialistas vinculadas a los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, y sin contar con sindicatos que, como CNT, sufrieron de forma muy importante la represión durante la guerra y la posguerra y que han venido trabajando por la recuperación de la memoria histórica desde hace décadas, sin ningún tipo de apoyo institucional, cuando las instituciones y los partidos políticos que las gobernaban no querían saber nada de la memoria de las victimas de la represión fascista.
Para la CNT, la decisión municipal de incorporar exclusivamente a una parte del movimiento memorialista es arbitraria y no tiene justificación, ni su creación sin contar con determinadas organizaciones, ni su rechazo a las solicitudes presentadas, por lo que ha trasladado a la Comisión su insistencia en incorporarse a esta Comisión, junto con las asociaciones que lo han solicitado, en igualdad de condiciones que las asociaciones y foros que si forman parte de la misma. En este sentido, CNT no está de acuerdo en limitarse exclusivamente a comparecer ante los grupos de trabajo creados como la Comisión ha propuesto a quienes han visto su incorporación rechazada.
Esta decisión deja fuera de la Comisión a una sensibilidad importante, la libertaria, fuertemente represaliada. Si las víctimas del fascismo en general, han sido durante décadas, en nuestro país, los grandes olvidados y relegados, dentro de ellas, el movimiento libertario y su memoria ha sido el olvidado entre los olvidados, en beneficio de determinadas interpretaciones históricas y relatos que tratan de ocultar el componente libertario y revolucionario de miles de víctimas de la represión, especialmente en zonas de Córdoba y Andalucía, en favor de determinados intentos de asimilación republicana y democrática de la historia. Es un insulto a las víctimas olvidar, tergiversar y no recordar, las ideas por las que lucharon y que les llevaron a la muerte.
CNT, desde dentro o desde fuera de esta Comisión, va a seguir trabajando para que se den, de una vez por todas, avances reales en este tema por parte de las instituciones, más allá de discursos y declaraciones de intenciones, en una cuestión que no puede esperar más.
Para el sindicato CNT en Córdoba, la prioridad ahora es la apertura, con los medios necesarios, presupuesto y recursos, de las fosas aún por exhumar en nuestra ciudad en los cementerios de San Rafael y la Salud, dónde 4.000 personas aguardan justicia y reparación mientras muchos de sus familiares, amigos y compañeros, siguen esperando o van falleciendo sin ver cumplido de deseo de recuperar sus restos. El Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, llevan décadas de retraso en este sentido , bajo gobiernos de todos los colores, habiendo llegado a poner todo tipo de traba a los intentos de recuperación de los restos de víctimas del fascismo como ocurrió en 2009 con la familia de Luis Dorado, bajo el mandato de Rosa Aguilar, actual Consejera de Cultura con las competencias en materia de Memoria Histórica de la Junta.
Para CNT, es también importante la eliminación de las calles de nuestra ciudad de aquellos nombres que recuerdan a miembros de la dictadura franquista y a represores de los derechos humanos, junto con toda la simbología y apología fascista que aún sigue presente en nuestras calles.
Ninguna explicación tiene que no se haya hecho ya, tras décadas de gobierno de quienes, en principio, apoyan esta reivindicación,como no la tiene que se siga incumpliendo las propias leyes del estado en este sentido.
Para la CNT, es fundamental el trabajo de las asociaciones de víctimas, el movimiento memorialista, de las organizaciones y sindicatos que sufrieron la represión y que vieron su patrimonio militante, cultural y sindical, arrasado por el fascismo, de los familiares y compañeros y compañeras de los represaliados, que tienen que seguir siendo el motor de la reivindicación de justicia y reparación para las víctimas del fascismo y de la recuperación de la memoria histórica antifascista.
Ha sido la sociedad, a través de estos movimientos, la que impulsó las primeras exhumaciones, la que movilizó para conseguir cambios legales, mientras las instituciones, han ido siempre a remolque, y han llegado tarde, cuando no obstaculizado, el trabajo de recuperación de la memoria. Es por tanto vital, continuar el trabajo de concienciación, reivindicación y movilización, apostando por la independencia y autonomía del movimiento memorialista respecto a las instituciones y a los partidos políticos que las gobiernan.
Por desgracia, está por ver que la nueva ley de Memoria Democrática de Andalucía a la que ya CNT presentó alegaciones que no fueron tenidas en cuenta, sea un instrumento eficaz que permita actuar con la mínima burocracia, y con la máxima urgencia y rigor en la recuperación y reivindicación de las miles de víctimas que aún yacen en fosas y cunetas.
Hasta el momento, el retraso en su puesta en marcha, la falta de un presupuesto adecuado y de los recursos necesarios, la adscripción a la Consejería de Cultura de las competencia en Memoria Histórica, y los enredos del gobierno de la Junta para intentar crear un puesto de Comisionado, a beneficio del ex-vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, llegando a proponer la modificación de la ley recién aprobada con este fin, no apuntan nada bueno en este sentido, como no lo hace el escaso papel reservado por esta ley al movimiento memorialista.
Esto no viene sino a confirmar la necesidad de que la sociedad continúe movilizándose y no delegue exclusivamente en las instituciones la tarea de reivindicar nuestra memoria y a nuestras victimas.
Es una cuestión de voluntad política, y en Córdoba, como en el resto del estado, está aún por demostrar con hechos, la voluntad institucional de llegar hasta el final y cumplir con los derechos humanos y la legislación internacional en esta materia.
