Francisco Espinosa Maestre acaso sea el historiador que mejor conoce el periodo republicano, el golpe militar, la guerra civil y la represión franquista en el suroeste de España. Es además coordinador científico del proyecto “Todos los nombres”, a cuya web sube los nombres de las víctimas de la represión fascista. Conversamos con él con motivo de la publicación de su último libro Guerra y represión en el sur de España.
A. Orihuela | Periódico CNT
Pregunta: Abres tu último libro con un texto en el que de nuevo vuelves a incidir, como ya lo hiciste en ese magnífico estudio sobre la reforma agraria y posterior represión en Badajoz que fue La primavera del Frente Popular, sobre la idea de que es la propiedad de la tierra lo que se esconde en el origen de la guerra civil, aunque este tema haya sido escamoteado por la historiografía clásica. ¿Es así?
Respuesta: Por diversos motivos la llamada cuestión agraria quedó relegada a un segundo plano a partir de la integración de España en Europa y de los enormes cambios que esto acarreó en ámbitos como el agrario. La historiografía, con sus excepciones, se olvidó del asunto, de forma que cuando realicé hace unos años la investigación sobre Badajoz todavía seguía siendo un referente la obra de Edward Malefakis de 1971, obra sin duda muy importante y que sigue siendo interesante, pero que hace tiempo que requiere una revisión a fondo. Entre los que formaron el tribunal de mi tesis, presidido por Josep Fontana, había dos grandes especialistas en historia agraria aún hoy en activo: Carlos Barciela y Ricardo Robledo. El director fue Antonio Miguel Bernal, autor de un libro que nos marcó a muchos: “La lucha por la tierra en el Antiguo Régimen”. La idea de que la reforma agraria estuvo en el origen del golpe militar la tuvieron ya personas que vivieron aquellos hechos, caso del jurista Luis Jiménez de Asúa, e historiadores como Manuel Tuñón de Lara. No hay duda de que de haberse llevado a cabo hubiese cambiado el país.
P: ¿Cuáles crees que fueron los errores más graves que cometió la República?
R: La mayor parte de las reformas que acometió iban bien orientadas. La obra legislativa de la República es extensa y compleja. Pero tuvo dos problemas fundamentales: tenía el enemigo dentro y no midió la fuerza de los enemigos a los que se enfrentó. Toda la etapa está sembrada de sucesos violentos causados por lo general por la tradicional militarización del orden público y por la actuación nefasta de militares, guardias civiles o de Asalto que no sentían afinidad alguna por la República y crearon continuamente situaciones de tensión. Por otra parte, la reacción y el comportamiento de las derechas, con la Iglesia en cabeza, cuando se recuperaron del shock del 14 de abril, fueron terribles. Exceptuando el Bienio Negro (1934-1935), la República soportó una campaña permanente de acoso y derribo que alcanzó niveles insoportables a partir del triunfo electoral del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. En pleno ascenso del fascismo en Europa las democracias permitieron que la Alemania nazi y la Italia fascista se implicaran a su antojo apoyando a los grupos que preparaban la sublevación. Hoy sabemos que la primera reunión donde se establecen líneas de actuación para acabar con la República tuvo lugar el mismo 14 de abril de 1931, líneas que fraguarán en el golpe de Sanjurjo de agosto de 1932.
P: La derecha, ¿fue demócrata hasta que la democracia dejó de servir a sus intereses?
R: El mundo político de la República era muy complejo. El punto de ruptura lo marca la división del Partido Republicano Radical en 1934 a consecuencia de sus acuerdos con la CEDA. Del fracaso republicano de las elecciones de noviembre de 1933 y de dicha escisión surgirá Izquierda Republicana, grupo situado en la zona más moderada de la izquierda española. A su derecha, desde el Partido Republicano Radical a Falange, también había matices. De hecho los republicanos de derechas tuvieron que andarse con cuidado a partir de la sublevación y algunos de ellos tuvieron problemas e incluso acabaron en el exilio. A grandes rasgos la derecha pura Estaba formada por la CEDA de Gil Robles, los grupos monárquicos agrupados en Renovación Española y los propietarios del Partido Agrario Español. Esta gente controló parte del poder durante el Bienio Negro, momento que aprovecharon para desmantelar iniciativas anteriores y aplicar sus planes. Contra ellos se hizo en 1934 la revolución de Asturias y surgió el Estat Catalá. El aplastamiento de la primera constituye el primer ensayo de lo que será la sublevación de julio del 36. Un ministro radical, Diego Hidalgo, será el que coloque a Franco al frente del Estado Mayor Central, desde donde mangoneará a su antojo desde entonces hasta febrero del 36.
P: Frente a las tres mil víctimas de Pinochet, las treinta mil de Videla, tú hablas que solo en las provincias del suroeste de España fueron asesinadas más de cuarenta mil personas. ¿Se puede hablar de genocidio y crímenes contra la Humanidad? Y si es así, al no prescribir estos, ¿en qué situación jurídica queda la herencia viva del franquismo y del fascismo español?
R: Fue la investigación de lo ocurrido a partir del golpe militar lo que nos llevó a algunos de hablar de la “guerra civil” a hablar de desaparecidos, de represión, de exterminio, de genocidio y de fascismo. Nos habían hecho creer que se trató de una guerra civil y nos encontramos con un genocidio por causas políticas y sociales. Evidentemente estos crímenes, desapariciones forzadas en su mayor parte, no pueden prescribir mientras la Justicia y el Estado no asuman las responsabilidades que le corresponden. Sin embargo, la Transición blindó la impunidad del franquismo mediante la (auto)amnistía de octubre de 1977 y el pacto de silencio y olvido entre las principales fuerzas políticas. Pasar sin ruptura alguna de un aparato judicial al servicio de la Dictadura a otro teóricamente sometido a una Constitución democrática tuvo un enorme coste. El cambio fue tan lento y superficial que urge preguntarse si un organismo de esas características puede cambiar de la noche a la mañana por un simple cambio de régimen político. Sin ir más lejos, el caso del juez Garzón demostró recientemente algo que muchos consideraban impensable: el magistrado que se mete en temas que los poderes fácticos consideran peligrosos puede ser expulsado del mundo judicial como cuerpo extraño.
P: ¿En qué situación está la documentación de archivo sobre la represión franquista?
R: Un insigne archivero se refirió en cierta ocasión a la “selva archivística” española. Esta sigue siendo la situación pese a los avances habidos en las últimas décadas. Bastará con decir que aún sigue pendiente de desarrollo la Ley de Archivos anunciada con motivo de la aprobación de la Ley de Patrimonio Documental de 1985. Resulta evidente que prefieren la situación actual antes que disponer de una ley de estilo europeo que los obligara a funcionar bien. Ahora mismo todo depende del azar: archivos con o sin la dotación ni personal necesario, responsables partidarios del acceso a la información o partidarios del derecho al honor, archivos de mismo rango con normas totalmente diferentes, fondos documentales militares y eclesiásticos mantenidos por el Estado pero catalogados y gestionados por el Ejército y la Iglesia… Con todo, lo más grave es que los que podríamos llamar los “archivos del terror”, los ficheros de la represión que manejaron Ejército, Guardia Civil y Policía, siguen sin aparecer. Para el usuario lo más insufrible quizás sea cómo con el pretexto de la crisis, con lo que se ha tardado en conseguir ciertos derechos básicos en el acceso, consulta y reproducción de documentos, se producen retrocesos cuando a los responsables les viene en gana.
P: La memoria histórica que no se ha perdido es la franquista. ¿Prevalecerá?
R: Volvemos a lo anterior. Cuarenta años de memoria histórica franquista no pasan en vano. Además, con la Transición no solo no se hace nada por crear conexiones con la memoria democrática anterior, que era la republicana, sino que se toma por referencia la propia Transición y se deja que la memoria franquista siga campando a su aire. Nadie se molestó en explicar qué fue la República y qué fue el franquismo. El pasado no existía. Para saber si prevalecerá, solo basta observar la respuesta de las comunidades controladas por el PP ante las tímidas medidas aprobadas por la Ley de Memoria para eliminar del callejero las referencias y vestigios franquistas. Simplemente siguieron la vieja máxima de la derecha española: “Acato pero no cumplo”. El problema de fondo es que el PP no solo no ha roto con el franquismo sino que han sido varios de sus propios líderes los que han justificado y ensalzado aquel régimen. Desde este punto de vista a la memoria histórica franquista cabe augurarle larga vida. Además, en este sentido, el papel jugado por la FAES es clave. Se empieza llamando a los años finales del franquismo “los años predemocráticos” y se acaba diciendo, como se ha dicho por alguno de los Moas, que el franquismo ya llevaba en sí el germen de la democracia.
P: El franquismo funcionó como una maquinaria perfecta, afirmas. ¿Cómo fue posible que durara cuarenta años, sin fisuras, sin colapsar?
R: El franquismo fue una maquinaria perfecta que se extendió a lo largo de cuatro décadas a causa del férreo mandato de los militares, a la represión y a su capacidad para ir adaptándose a las necesidades de cada momento. Detrás de todo ello estaban los sectores que promovieron y se vieron favorecidos por el golpe militar, los cuales vivieron su época dorada en los años cuarenta, cincuenta y sesenta. Ahí también entra la clase media surgida a consecuencia del Plan de Estabilización y de los años del desarrollismo, cuando el proceso que en otros países llevó décadas aquí se hizo en quince años. La dictadura pasó sin parpadear de la brutalidad de la terrible autarquía fascista a la brutalidad de la tecnocracia del Opus Dei. Resulta admirable que en tales circunstancias siempre existiera resistencia, cuya historia aún está por hacer. La dictadura bien pudo acabar diez o quince años antes pero no lo hizo porque los sectores que propiciaron el golpe y llevaron a Franco al poder no se fiaban de lo que pudiera pasar. Sin duda una de las razones de su larga duración fue la de proteger al personal que le dio vida y ocultar la matanza fundacional. No hay que olvidar que las tareas represivas requirieron la participación de muchos miles de personas que sabían que su único muro protector era la dictadura. Se era tan consciente de este problema que más de un año antes de que se aprobara la Constitución se aprobó la Autoamnistía por lo que pudiera pasar. Sin embargo lo que se destacó de la amnistía es que era para terroristas.
P: La universidad española sigue siendo el principal cómplice de la ausencia de investigación sobre la represión franquista o esto ha empezado a cambiar.
R: La Universidad, salvo excepción, se incorpora en general a la investigación de la represión en los años noventa. Los que conocimos la Universidad de los años setenta podemos entender perfectamente que así fuera, sobre todo en zonas que quedaron bajo la férula del CSIC y del Opus Dei. La Universidad, como casi siempre, tenía claro que estaba al servicio del poder y la investigación de lo que todavía para muchos era el “Alzamiento Nacional” quedaba fuera de programa. Para colmo ciertas universidades como la andaluza –reconociendo que la zona oriental ha seguido desde siempre en este terreno otra dinámica que la occidental– han querido tapar sus vergüenzas y carencias sumándose a última hora a la investigación de la represión franquista, o mejor dicho de alguna cuestión secundaria de la represión fácil de investigar, cuando ya había subvenciones y becarios. Y todo sin moverse del despacho.
P: ¿Por qué la transición democrática, desde amplios sectores de la sociedad, se ve hoy como un completo fracaso cuando durante años recibió todo tipo de elogios? ¿Se ha roto también aquí con un pacto de silencio? ¿Entre quienes?
R: Hay que aclarar que recibió elogios de la gente interesada en vender este modelo de transición. La razón está clara. El esquema era el siguiente: se rompe brutalmente con el proceso democrático y se somete al país a un régimen de terror, y cuarenta años después, cuando a los mismos sectores que llevaron al poder al dictador les interesa adoptar otras dinámicas favorables a sus intereses, se organiza una transición controlada que nos lleva de nuevo al sistema de partidos y a las elecciones. Como si no hubiera pasado nada y sin coste alguno para los que perpetraron el crimen. Este proceso estaba marcado por la propia dictadura, que programa la sucesión. A esto hay que añadir la manera peculiar en que se llega a la Constitución. Nada que ver con un proceso constituyente en el que se debata su contenido abiertamente punto por punto, sino que se trató de un acuerdo a puerta cerrada entre siete señores, cinco de los cuales eran de derechas. Solo ha hecho falta una crisis como la actual para que el sistema haga aguas por todas partes. Se dice que buen trabajo se haría cuando el país vive en paz desde 1978. Este argumento es capcioso. Con la Iglesia también se vive en paz desde 1978 y sin embargo es cosa sabida que el Concordato ratificado en 1979 es preconstitucional (aunque lleve fecha posterior) y mantiene plenamente el espíritu del concordato franquista de 1953. Con cierta gente se vive en paz siempre que se haga lo que ellos quieren y se mantenga uno en silencio.
P: ¿En qué se equivocó el juez Garzón cuando planteó su causa contra el franquismo?
R: Ignoro las posibilidades de éxito que Garzón previó cuando anunció la apertura de una causa sobre los crímenes del franquismo. Desde luego conociendo la Justicia española debieron ser pocas, máxime cuando se percató de que el PSOE no le prestaría apoyo alguno (no le perdonaron que con su Auto dinamitara la Ley de Memoria). Fue entonces, a partir de un comentario en petit comité de la vicepresidenta De la Vega cuando sus enemigos supieron que podían ir contra él. Sea como sea hay que reconocer su arrojo, aunque pienso que ni él ni nadie podía intuir que acabaría expulsado de la magistratura. Por otro lado creo que el Auto, aunque bien intencionado, era manifiestamente mejorable. No obstante, esto da igual, ya que sus colegas no estaban dispuestos a que tuviera mucho recurrido. El proceso tuvo momentos inolvidables, entre los que hay que destacar las declaraciones de los familiares de asesinados que prestaron declaración en el siempre inquietante escenario del Tribunal Supremo. Es improbable que volvamos a presenciar escenas como esas. Desgraciadamente la televisión solo reprodujo fragmentos. Después de todo este largo proceso, desde 2008 a 2012, mi sensación es agridulce. Fue bueno en muchos sentidos pero, aparte de un nuevo triunfo de la impunidad, resultó muy conflictivo para el movimiento pro memoria y para las asociaciones que se comprometieron en aquella historia.
P: ¿Veremos algún día en España funcionar una Comisión de la Verdad?
R: El futuro es incierto; es preferible predecir el pasado, e incluso en esto existen división de pareceres. Desde luego tal como han ido las cosas desde la Transición hasta hoy no parece muy probable. Digamos que el sistema repele esa opción. Otros países del mundo han podido crear estas comisiones porque existían acuerdos básicos entre las diferentes opciones políticas. Aquí tal cosa no existe precisamente gracias al modelo de transición. Resulta impensable que el PP apoyara la creación de una Comisión de Verdad. Y del PSOE, ¿qué vamos a decir? Si lo máximo a lo que llegó fue a la Ley de Memoria (¡cualquiera se acuerda de cómo la bautizaron realmente!), ¿cómo va a apoyar una comisión de este tipo? Y si estos dos no están por la tarea, ¿qué cabe esperar? Digo más, tal como sabemos que son y de lo que son capaces de hacer, casi mejor que no hagan nada.
Por otra parte Europa está controlada por la derecha y poco o nada cabe esperar de ella, como se ha visto en los recursos presentados. Aunque digo yo que, ya que tanto se canta la relación con Latino América, debería ser posible acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí sí saldría otra cosa. Basta ver la reciente sentencia sobre la masacre de El Mozote (El Salvador). Lo primero que se ha decidido es declarar nula la amnistía de 1993 que protegió a los asesinos. Por supuesto la noticia no ha sido considerada de interés por la prensa española.
