La CNT no podía quedarse cruzada de brazos ante el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, por el cual el juez Baltasar Garzón se inhibe en favor de los distintos juzgados de los partidos judiciales del Estado donde haya fosas comunes con enterramientos de represaliados, víctimas de los golpistas.
Recurrir ese auto es la última oportunidad de mantener el procedimiento unido y, de esta forma, conseguir que la unión y coordinación de los acusadores particulares genere la fuerza suficiente para vencer el pánico del gobierno cuando no la oposición férrea de la derecha, de la iglesia católica y, en general, del poder establecido.
La excusa que utiliza el juez Baltasar Garzón para doblegarse a las presiones a buen seguro recibidas (y adelantarse antes de que le consideren incompetente) es la de declarar que se ha extinguido la responsabilidad penal de los autores por la muerte de los mismos, al haberse probado tal muerte una vez recibidos los certificados de defunción de Francisco Franco Bahamonde y sus sicarios.
No parece aventurado creer que, a través del auto de inhibición (que ha dado a conocer en el mundo esta tremenda historia con un documento jurídico –por primera vez en España- de 152 páginas), el juez Baltasar Garzón también está lanzando una desesperada petición de ayuda en forma de oposiciones a su propio auto por vía de recursos como el presentado por la CNT y otros..
El recurso presentado se basa, primero, en una personación que reclama que se amplíe la causa no sólo al delito que consistió en imponer el exilio a los vencidos (supuesto incluido entre los crímenes contra la humanidad por el Código Penal), sino también a las muertes que, resultado de ese exilio forzado, sufrieron los hacinados y hacinadas como perros en paquebotes y campos de concentración de Francia y Argelia, víctimas del hambre, las enfermedades y el trato inhumano a que fueron condenados y condenadas por el terror franquista, así como al hecho extremadamente grave de los secuestros de niños de las presas políticas para ser entregados a familias “de orden” o al Auxilio Social.
La CNT pide también en su personación en la causa que se declare responsable civil subsidiario al actual Estado español, digno (y por ello indigno) heredero del Estado instaurado por los golpistas, a fin de que responda de la indemnizaciones a que haya lugar.
Ya en el recurso contra el auto, la CNT lo sostiene en el hecho anticipado de que no se ha probado indubitadamente la extinción de la responsabilidad penal por muerte de los autores pues, tratándose de hechos que perduraron hasta bien entrada la década de los años 70 del siglo XX, es perfectamente factible que muchos de los coautores estén vivos todavía y a la espera de que la justicia los redima, la CNT no puede permitir que se prive a los culpables del castigo.
No extinta la responsabilidad penal, es competente la Audiencia Nacional por dos razones fundamentales: porque los crímenes se cometieron de forma coordinada en todo el territorio del Estado, alentados e instigados desde el gobierno golpista, y porque el resultado de esos crímenes se produjo, como dijimos, fuera del territorio del estado en campos de concentración extranjeros y a bordo de paquebotes de bandera extranjera en aguas internacionales.
Es muy importante que a los efectos de recurrir en apelación contra una posible desestimación del recurso de reforma presentado, todos los compañeros y compañeras que dispongan de información y documentación concreta de fallecimientos en campos de concentración y embarcaciones extranjeras, así como de secuestro de niños, la pongan en común.
No obstante, sabedores que las leyes siempre favorecen a los poderosos y responden a intereses de clase, cuanto antes llegue este problema a los Tribunales Internacionales antes se podrá ver algo de luz en un túnel que el estado español siempre tendrá oscuro. Justicia internacional que favorece los mismos intereses, pero que en los casos de derechos humanos que aquí conciernen no deben tener los perjuicios, las presiones y las rémoras que existen en nuestro “modélico estado democrático”.
Pero mientras las denuncias y los tribunales siguen su ritmo (que ya es imparable) nosotr@s no podemos estar sentados esperando, las personas mayores que anhelan recuperar los restos de sus allegados antes de morir tampoco pueden esperar. Por ello llamamos a la insumisión, a la acción directa como siempre ha hecho la CNT, a juntarse frente a los tribunales provinciales que hayan sido requeridos con fotos de desaparecidos…y, en unión de profesionales (arqueólog@s y antropólog@s) abrir las fosas sin esperar nada más, devolver los restos de los asesinados a las familias que lo hayan solicitado, y el resto depositarlo frente a los juzgados y administraciones…a ver sin enrojecen de vergüenza.
Miguel Perera González
Secretario de Acción Sindical, Jurídica y Pro-presos del SP del CN
