Si no hay igualdad para todos, no habrá paz para nadie.
Miseria y rebelión, por mucho que traten de evitarlo, tarde o temprano siempre caminan de la mano. En Bariloche, los dólares y el lujo no pueden ocultar la extrema pobreza en la que se encuentra sumida la mayoría de la población. Desocupación, exclusión y marginación son la verdadera cara de la ciudad, la que se muestra invisible a los ojos de los turistas. La olla a presión, que llevaba años esperando ser destapada, estalló hace días poniendo de manifiesto un conflicto social mucho más profundo que una oleada de saqueos incontrolados y que se extendió por otras ciudades, evidenciando un malestar generalizado que no puede maquillarse con el bienestar de una minoría.
Políticos y medios de comunicación han pretendido reducir la situación a una cadena de vandalismo, incitada y alentada por ocultos intereses políticos, despojando así a la protesta de su carácter de reivindicación popular. Rápidamente se difundieron las imágenes de personas corriendo con televisiones de plasma a la salida de los
supermercados, banalizando la rebelión, pero no se escuchó ni una sola palabra explicando que la expropiación de alimentos fue la última salida para miles de familias hartas de promesas políticas. Quienes se llenan la boca hablando de justicia social y planes de integración no admiten alternativas que escapen a su política clientelista, no dudando
en reprimir a quien se atreve a saltarse el guión. Lógicamente, la desmedida actuación policial tampoco encontró repercusión en los medios de comunicación capitalistas, como tampoco las vejaciones y torturas que están sufriendo los compañeros que aún permanecen detenidos, integrantes de cooperativas de trabajo de base y cuyo único
delito ha sido recuperar la fuerza de trabajo, la dignidad y levantarse contra un sistema de muerte, corrupción y desigualdad.
Un delito, que desgraciadamente los poderosos no están dispuestos a tolerar porque cuestiona el orden social establecido. Las detenciones no son arbitrarias, sino que responden a una lógica que pretende criminalizar los movimientos sociales organizados. Acusaciones cruzadas, campaña mediática, represión y armado de causas, todo es válido para frenar la insurrección, ocultando que detrás de los saqueos existe un pueblo concienciado al que no van a poder doblegar.
Desde la F.O.R.A. denunciamos al gobernador provincial, a la presidenta Cristina Fernández y a toda la dirigencia política, únicos instigadores de los saqueos, porque imponen el hambre y la miseria. Alentamos a la creación de organizaciones libres de trabajadores, lejos de las garras clientelistas del estado, como alternativa a la precariedad laboral y la desocupación. Apoyamos las rebeliones populares surgidas desde las bases y exigimos la inmediata puesta en libertad de los detenidos y el cese de la represión.
SIN JUSTICIA, NO HABRÁ PAZ
