ANTE EL PREACUERDO ALCANZADO POR UGT Y CCOO SOBRE LA REORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANDALUZA, QUEREMOS MANIFESTAR LO SIGUIENTE:
1. Creemos que es vergonzoso que la Junta de Andalucía hable de “reorganización” cuando lleva más de dos décadas desorganizando la administración; privatizando y externalizando funciones y servicios, utilizando contratas, autónomos y creando cientos de empresas públicas que han absorbido una gran parte del trabajo que realizaban los empleados públicos.
2. No entendemos que la administración pública pueda gestionarse a través de empresas (agencias) con criterios empresariales y de acuerdo al derecho privado, ya que esto choca frontalmente con los principios del servicio público, tanto para los usuarios como para los trabajadores. Es falso que las creación de las Agencias suponga ahorro de dinero público o una mejora en la gestión; al contrario, supone la pérdida de la imparcialidad de los trabajadores públicos y por tanto, un perjuicio objetivo para los usuarios.
3. Creemos que la organización que introduce el Decreto 5/2010 conduce de manera cierta a una privatización aún mayor de las funciones y servicios que presta la administración pública andaluza y a la larga no pueden suponer más que la desaparición del servicio y el empleo públicos. Por tanto, el maquillaje de los “flecos” o cualquier “arreglo” que pudiera hacérsele al Decreto, no evita la pérdida de derechos, tanto para los ciudadanos como para los trabajadores de la administración, ya sea de inmediato o en un futuro no muy lejano.
4. No entendemos que los sindicatos firmantes del Preacuerdo se arroguen la potestad de ser los únicos interlocutores con la administración, teniendo en cuenta además, que una gran cantidad de trabajadores estamos manifestando de forma clara nuestra oposición al Decreto, despreciando así la opinión y movilización de todos estos compañeros.
5. Nos parece, que este “Preacuerdo” se publica no para alejar las dudas que siguen existiendo sobre la legalidad y posterior aplicación del Decreto, sino para desautorizar y desanimar las movilizaciones que diariamente se están realizando contra el mismo.
6. El Preacuerdo no nos aclara en absoluto cuál será el posterior desarrollo del Decreto, ni ofrece ninguna confianza acerca del alcance de la privatización en el futuro. Ni siquiera se dan pistas de cómo será el llamado “protocolo único de integración” o el “mapa de puestos de trabajo susceptibles de ser integrados” en las Agencias.
7. Seguimos por tanto sin saber como quieren integrar al personal funcionario en las Agencias, ya que, si Servicios enteros o Direcciones Generales van pasar a éstas en bloque, no entendemos como la integración puede ser “voluntaria”. ¿Qué pasará con el funcionario que no quiera hacerlo “voluntariamente”? Ni siquiera sabemos como será la integración de funcionarios en agencias administrativas o especiales, ya que el preacuerdo solo habla específicamente de las empresariales.
8. El VII Convenio Colectivo que anuncia el Preacuerdo, también es un nuevo interrogante. Si la Junta pretende integrar 20.000 nuevos trabajadores a ese Convenio, ¿alguien puede pensar que van a mantenerse las mismas –o similares- condiciones que en el convenio actual? ¿se mantendrá el mismo salario? ¿los mismos derechos? ¿o por aquí vendrá el gran recorte? ¿acaso puede alguien garantizar que, pasado ese prometido VII Convenio, cada Agencia no vaya a tener su convenio propio?
9. Lamentamos que la única forma que haya encontrado la Junta para intentar regularizar (en algo) la situación de sus trabajadores en precario, sea a costa de reducir los derechos de su personal fijo; es decir, convirtiendo en precarios a todos los empleados públicos. La mención que aparece en los puntos decimoquinto y decimosexto del preacuerdo acerca de la integración del personal de fundaciones, contratas, etc., no ofrece tampoco garantía alguna de mejora en las condiciones de estos trabajadores.
10. Por tanto, la CNT sigue proponiendo a los trabajadores que continúen participando en todas las movilizaciones que se convoquen a favor de la derogación del Decreto 5/2010, ya que consideramos que sólo la retirada del mismo puede garantizar en el futuro el mantenimiento de un servicio público digno tanto para los ciudadanos como para sus trabajadores.
DEROGACIÓN DEL DECRETO LEY DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
