En junio de 2013 centenares de miles de personas salieron a la calle en todo Brasil. Las protestas se repitieron al año siguiente, en vísperas del Mundial de fútbol de 2014. Lo que en un principio fueron manifestaciones convocadas exclusivamente contra la subida de las tarifas del transporte público, sirvieron pronto para canalizar el malestar popular y el descontento de amplias capas de la población. A menudo, la policía reprimió violentamente las protestas, efectuando centenares de detenciones e hiriendo de bala a decenas de manifestantes.
El pasado mes de julio se dictó sentencia contra 23 de las personas detenidas entonces. Los compañeros de FOB (Federación de Organizaciones Sindicalistas Revolucionarias de Brasil) nos han hecho llegar el siguiente texto al respecto. Desde CNT entendemos que la mejor manera de demostrar nuestra solidaridad en este caso es ayudar a difundir el comunicado de los propios militantes locales. Y, por supuesto, ponernos a su disposición para todo lo que puedan necesitar en su resistencia contra la represión estatal. Al fin y al cabo, nuestra lucha es una, en La Rioja o en Río de Janeiro.
Reproducimos por tanto, sin más, el comunicado de FOB. El original está disponible (en castellano) en el siguiente enlace: https://lutafob.wordpress.com/2018/08/14/no-a-la-condena-de-los-23-campana-de-solidaridad-internacional
La sentencia de los 23 y el avance del Estado Penal Represor
En 17 de julio último fue publicada la sentencia de los 23 militantes políticos perseguidos por participaren de las manifestaciones populares de 2013 y 2014 en Río de Janeiro. El juez Flávio Itabaiana, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, condenó a la mayoría de ellos a siete años de cárcel. Los crímenes de los que se les acusa son: daño a la propiedad pública y privada, lesión corporal, asociación criminal y corrupción de menores.
Considerándose la conducción autoritaria del juez Itabaiana y el contexto de recrudecimiento del Estado Penal Represor, esta sentencia en primera instancia, infelizmente, ya se esperaba. Por lo tanto, la resistencia al avance del autoritarismo es tarea inmediata.
1. Las manifestaciones populares y la criminalización de las luchas
La criminalización de las formas de lucha y resistencia del pueblo asumieron una nueva etapa en el contexto del Levantamiento Proletario de junio 2013 y en las luchas que le siguieron, como Ocupa Câmara, Ocupa Cabral y Não vai ter Copa [No habrá Mundial]. El Levantamiento Proletario de junio de 2013 contra el reajuste de las tarifas de transportes públicos incorporó otras reivindicaciones, como el derecho a la ciudad; contra la precarización de los servicios públicos, como salud y educación; y contra el desalojo de favelas y ocupaciones populares – llevando a millones de personas a las calles.
Las respuestas del gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, del extinto partido PMDB (hoy MDB), y de la presidenta Dilma/PT fueron la violenta represión y criminalización de las protestas. Cientos de personas fueron presas, incluso quien ni siquiera participaba de las manifestaciones. El número de heridos fue incalculable, y 11 habitantes de la favela de Maré fueron ejecutados por el BOPE [Batallón de operaciones policiales especiales]. Rafael Braga, joven negro habitante de la Vila Cruzeiro, fue preso en el día 20 de junio de 2013, sin haber ni siquiera participado de ninguna manifestación, y sentenciado por “porte de material explosivo”, pero lo que tenía eran productos de limpieza.
Todas estas acciones autoritarias del poder de Estado, como también la prisión y el proceso contra los 23 militantes de Rio de Janeiro en 2014, durante el Mundial de fútbol, se pasaron en el contexto de incremento del aparato jurídico-represivo del Estado en la Era del Partido de los Trabajadores (2003-2016), en la cual hubo la creación de la Fuerza Nacional de Seguridad (2004); la promulgación de la ley Antidrogas (2006); la militarización de las favelas y suburbios, con programas como las UPPs [Unidades de Policía Pacificadora] en Río de Janeiro (2008), las Bases Comunitarias de Seguridad en Bahía (2011) y las Operaciones de Garantía de la Ley y del Orden (GLO), realizadas por las Fuerzas Armadas en las favelas de Río (Alemão en 2011 y Maré en 2014); la promulgación de la ley de Asociación Criminal (2013); y la promulgación de la ley Antiterrorista (2016).
Se puede concluir que los gobiernos del PT han incrementado significativamente el aparato jurídico-represivo estatal, creando todas las condiciones para la aprobación de la ley que transfiere a la Justicia Militar los crímenes cometidos por militares contra civiles durante las acciones de la GLO (2017) y para la intervención militar en Río de Janeiro (2018), ambas medidas tomadas por el actual presidente Temer/MDB.
Estas medidas tienen los siguientes objetivos:
1) ampliar la represión, encarcelamiento y el genocidio de aquellas fracciones proletarias consideradas potencialmente más peligrosas: el pueblo negro y la juventud de las periferias y favelas
2) criminalizar y condenar a todas las formas de lucha y resistencia del pueblo
3) anticipar y reprimir, como medida de contrainsurgencia, nuevos levantes del proletariado marginal.
2. La sentencia de los 23 y la defensa del Estado Penal Represor
El juez Itabaiana explicitó su papel de defensor del Estado Penal Represor burgués. En su sentencia, condenó lo que ha considerado “irrespeto a los Poderes constituidos”. Irrespeto al Poder Judiciario, porque los militantes no habrían cumplido una decisión judicial que los prohibía participar de las manifestaciones. Irrespeto al Poder Ejecutivo, porque habrían enfrentado las fuerzas policiales durante las manifestaciones y porque habrían participado del Ocupa Cabral, movimiento de protesta contra el gobernador criminal de aquel momento, Sérgio Cabral. Por fin, irrespeto al Poder Legislativo porque habrían participado del Ocupa Câmara, movimiento de protesta contra la Câmara de Vereadores (cámara municipal).
Además de condenar a los movimientos de ocupación mencionados, la sentencia también condena a las prácticas de “acción directa” y la táctica del “black bloc”. Si el juez defiende ideológicamente a los “Poderes constituidos”, condena a las formas de protesta, manifestación y resistencia del pueblo.
Las ocupaciones son medios de lucha, de resistencia y de supervivencia consagrados desde hace siglos por el proletariado del campo y de la ciudad en el mundo entero. Pero para la justicia burguesa son amenazas al orden y a los poderes constituidos.
La acción directa es la lucha directa de la clase trabajadora, sin intermediarios, sin representantes, en la cual solamente la clase se hace representar, protagonizando su propia lucha. Pero para el orden y para los poderes constituidos, la acción directa es una gran amenaza, porque es una de las expresiones más legítimas de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, hecha por nosotros mismos.
La táctica del bloque negro, o “black bloc”, es una forma específica de autodefensa de las manifestaciones. El pueblo ya ha comprendido que tan solo con ir a la calle y protestar, la represión policíaca llega rápidamente y con mucha violencia. Por eso ha inventado varias formas de autodefenderse, y la táctica del bloque negro es una de ellas. Pero para el orden y para los poderes constituidos, un pueblo que se defiende es un pueblo que no baja la cabeza, y, luego, amenaza al Estado y a la burguesía.
Como se ve, no se trata solamente de una sentencia de 23 individuos, sino de una condena contra el conjunto de medios y formas de lucha históricos del pueblo. Es la condena de las ocupaciones, de las acciones directas, de la autodefensa del bloque negro, del cuestionamiento de los poderes constituidos, en fin, de la rebeldía popular. ¡Para las clases dominantes, luchar es un crimen!
3. Recuperar el legado de junio de 2013 y resistir al Estado Penal y Represor
El levantamiento proletario de junio de 2013 y los movimientos de protesta y huelgas que le siguieron fueron verdaderas amenazas al orden y a los poderes constituidos. El movimiento de masas fue a las calles en todo el país. Protestó en frente a los órganos de poder del Estado burgués. Prefecturas, Cámaras municipales, Palacios de gobierno, Asambleas legislativas, Congreso Nacional fueron cercados por el pueblo. Las manifestaciones de masa, las ocupaciones, las acciones directas, la autodefensa del pueblo negro al lado de las barricadas, son parte de las luchas insurgentes del proletariado. Todo eso estuvo presente en junio de 2013 y, desde entonces, está asombrando a las clases dominantes.
En 2014 los poderosos imaginaron que con la represión y con la Copa del Mundo el pueblo se callaría, pero el grito de revuelta “Não vai ter Copa!” [No va a haber Mundial] tomó las calles. Y al contrario de la expectativa de la clase dominante, el pueblo no se sometió al autoritarismo, recusó el Mundial y todos los mega-eventos.
Por eso, el Estado Penal y Represor recrudeció. Por eso los 23 son hoy condenados. La ampliación del aparato jurídico-represor es una respuesta de contrainsurgencia. La burguesía y sus aliados temen una nueva rebelión popular.
Pero el legado de junio 2013 no fue, ni puede ser apagado. Pues a cada experiencia de revuelta, el pueblo reanima sus luchas, recupera su capacidad de resistencia, renueva sus fuerzas. Si junio de 2013 significó el “irrespeto a los poderes constituidos”, el reavivar de las ocupaciones, la generalización de las acciones directas, la reinvención de la autodefensa, estas y otras formas de rebeldía deben ser revitalizadas para el enfrentamiento al actual Estado Penal y Represor.
¡Viva la lucha y la insurrección popular!
¡Por la absolución de los 23 militantes!
¡Por la libertad y absolución!
¡Osar luchar, osar vencer!
