Tras varios intentos de solucionar el conflicto manera dialogada desde inicios del 2022, CNT concurre a juicio contra la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La situación surge a raíz de una práctica ilegal en la gestión de condiciones “Ayudas para la recualificación del sistema universitario español”, que se refieren a emplear parte del sueldo bruto del trabajador para pagar la cuota patronal, (los impuestos que corresponden pagar a cualquier empresa por el hecho de tener un trabajador contratado prestando servicios para ella). Ello se venía advirtiendo desde 2022, cuando una asamblea de investigadorxs Margarita Salas se reunió con la Vicerrectora de Investigación y el Vicerrector de Personal Docente para hacer esa reclamación, siendo desoída y lavándose las manos argumentando que venía de una ayuda estatal. En este momento la UNED se encuentra bajo el escrutinio por una inspección de trabajo independiente y se enfrentará judicialmente a las demandas colectivas presentadas por CNT a través de sus servicios jurídicos. La fecha de nuestro primer juicio está fijada para el 5 de junio de 2024 a las 9:00 para los contratos del programa Margarita Salas.
La UNED no es la única universidad señalada por este comportamiento. Esta problemática afecta a más de mil investigadorxs, repartidos entre las diferentes universidades públicas del país, los cuales se encontraron con reducciones de aproximadamente un 30% del sueldo bruto que deberían percibir. Esto supone pérdidas adquisitivas que en algunos casos pueden alcanzar los 1.000 euros. La precarización es especialmente dolosa para los investigadores que realizan parte de su proyecto en instituciones fuera del país donde el coste de vida es superior, o en las algunas ciudades como Madrid o Barcelona. Si bien sobre el papel estas ayudas estaban dirigidas a para hacer exactamente lo contrario, el resultado es que lxs investigadorxs están percibiendo un sueldo inferior a lo establecido en el convenio laboral del personal docente e investigador.
Sin embargo, la reducción de los salarios para cubrir las cuotas patronales ha sido de facto condenada y declarada ilegal en varios tribunales superiores autonómicos a lo largo de este año. Destacamos, no obstante, la buena gestión de otras instituciones, como la Universidad de Córdoba, que han asumido los costes legales correspondientes, lógicos y legales, en sus contratos de investigación. El resto de las instituciones educativas han optado por esquivar las reclamaciones, las denuncias individuales y han terminado generando diversas denuncias colectivas, como las que han sido gestionadas desde nuestro sindicato.
Desde CNT instamos a todas las instituciones académicas a cumplir con las normativas vigentes y mantener la integridad en sus contratos. A apoyar de facto la ciencia y la investigación proporcionando las condiciones de trabajo favorables que pueden y deben cumplir. A erradicar la falta de transparencia y dialogo que inevitablemente desemboca en el perjuicio de aquellos excluidos de la gestión.
No obstante, seguiremos exigiendo y presionando para producir una respuesta adecuada y la corrección de las prácticas ilegales que perjudican a los investigadores y precarizan aún más las condiciones en las que desarrollan su trabajo. La fecha del juicio es no obstante un hito importante, y continuaremos informando sobre el desarrollo de este caso en defensa de los derechos de las compañeras que trabajan en las instituciones académicas.
