Ante la obligación legal de acudir a mediaciones prejudiciales en la mayoría de los conflictos laborales, esta medida adoptada con arbitrariedad significaría, nada más y nada menos, que más indefensión y más trabas para las trabajadoras y trabajadores a la hora de defender sus derechos frente a las empresas que los vulneran.
Recordamos que en el 2022 ha habido alrededor de 4200 casos de personas en dicha situación, que han tenido que recurrir al servicio de mediación.
La medida anunciada por el gobierno autonómico puede traducirse en un mayor colapso de los juzgados de lo social puesto que, de esos 4200 casos, cerca de 1300 se resolvieron con acuerdo entre las partes, por lo que no tuvieron que pasar por la Judicatura.
A los conflictos colectivos les pasa exactamente lo mismo, cerca de 400 procesos colectivos tuvieron lugar el año pasado. La desaparición espontánea del SERLA supondría una incertidumbre añadida a estos conflictos, un aumento de la carga de trabajo en los juzgados y un aumento de los plazos de resolución de los que dependen cientos de hogares. Las empresas pueden esperar todo el tiempo que quieran a la resolución del conflicto, pero las personas y familias trabajadoras no cuentan con ese privilegio. Por no hablar de la situación creada también en los trabajadores y las trabajadoras del mismo SERLA a los que los han situado, de un día para otro, en una situación de incertidumbre respecto a sus puestos de trabajo.
Queremos recordar que el SERLA es una institución privatizada controlada por CCOO-UGT-CECALE. Pese a esto, el insinuar que la Junta de Castilla y León puede hacerse cargo del servicio de manera improvisada y sin ningún plan de adaptación pone de manifiesto los bandazos políticos que está dando la Junta de Castilla y León, siendo arrastrada por VOX a esperpénticas situaciones, declaraciones y contradeclaraciones aberrantes que ponen en ridículo al conjunto de la población de Castilla y León.
La desaparición del SERLA significa un nuevo bandazo en la gestión de esta comunidad autónoma que solo se explica en el marco de una guerra cultural que al final siempre pagamos, cual peones de ajedrez, la misma gente.
No podemos olvidar que fruto de esa guerra cultural fue la falta de medios humanos y materiales durante los incendios del verano pasado, traducidos en cuatro personas muertas, decenas de heridos y una zona como la Sierra de la Culebra completamente destrozada.
Con la misma (i)lógica ponen en riesgo los presupuestos de la sanidad, con decisiones políticas en materia salud o con ecografías innecesarias para infantilizar y poner en tela de juicio las decisiones que toman las mujeres con su cuerpo. Ahora también ponen en riesgo los procedimientos de mediación a los que las organizaciones sindicales estamos legalmente obligados a concurrir para poder defender los intereses de la clase trabajadora. Una traba más contra el sindicalismo, mientras el consejero se llena la boca de querer ampliar el diálogo social. No necesitamos una ampliación del diálogo social a más siglas, lo que necesitamos es un servicio de mediación suficientemente financiado para que resuelva con eficacia y agilidad los trámites a los que la legislación nos obliga a someternos.
Por todo esto exigimos a la Junta de Castilla y León que dote a los servicios correspondientes de medios para poder ofrecer estas mediaciones, preferentemente a través de servicios públicos como era el SMAC, que actualmente está completamente desmantelado, la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco y la expulsión de Vox de la Junta de Castilla y León y de la vida política de nuestra comunidad autónoma.
